Serie negra en Palencia

EL JUEZ que instruye el sumario sobre el secuestro del concejal palentino Rafael Becerril ha declarado secretas las diligencias relativas al caso. Los datos que van conociéndose, incluyendo las declaraciones de varios de los presuntamente implicados, dibujan, sin embargo, un cuadro lo suficientemente tenebrista como para recordar ciertas estampas de embrollo político, económico,y hampón popularizadas por el cine italiano. Pero con un cariz chusco que exigiría quizá la presencia de actores como Sordi.En febrero de 1984, dos concejales del Ayuntamiento de Palencia pertenecientes al Grupo Popular, entonces mayoritario, unieron sus votos a los de la oposición en su negativa a otorgar la licencia municipal a unas obras promovidas por el constructor local y presidente de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, Jesús Pascual, ya fallecido. Dicho empresario había apoyado económicamente la candidatura a la alcaldía de Francisco Jambrina, independiente incluido en las listas de Coalición Popular y militante hoy de AP. Los dos ediles, David Rodríguez Enciso y Rafael Becerril, acabarían dándose de baja de su grupo, manteniéndose en la corporación como independientes. Ello hizo variar la relación de fuerzas en el Ayuntamiento, y la oposición, con 13 concejales, pudo bloquear las iniciativas del alcalde y su grupo, que pasó a disponer de 12 votos, e incluso logró hacer aprobar una moción de censura contra Jambrina.

A partir de la crisis, los dos disidentes, pero en particular Rafael Becerril, fueron víctimas de diversas acciones amedrentadoras (pintadas insultantes, amenazas telefónicas, rotura de cristales en la farmacia propiedad del segundo), que culminarían con el secuestro de Becerril, en noviembre de 1985. Fuentes policiales han informado que Miguel Sánchez, empresario hostelero de Venta de Baños y ex presidente del comité local de Alianza Popular, y Julio Calvo, hijo de un ex alcalde de AP de la localidad de Vertavillo, fueron los inductores de las primeras acciones de ese tipo mediante el pago de 5.000 pesetas a los autores, conocidos por su ideología ultraderechista. En cuanto al presunto secuestro, la declaración de la víctima precisa que los dos encapuchados que le retuvieron a punta de pistola durante horas, le amenazaron con matarle si en un plazo de 24 horas no dimitía como concejal.

Las investigaciones policiales desembocaron en la detención de Enrique Alonso, teniente de alcalde y presidente de la Comisión de Hacienda, y de Gonzalo Castro, también militante aliancista, como presuntos inductores de la detención ilegal. El juez ha decretado prisión incondicional para Castro, que ha reconocido su participación y ha implicado a Alonso y también indirectamente al alcalde, y libertad bajo fianza, por falta de pruebas, para el otro. La crisis surgida en febrero de 1984 ha marcado los avatares de la vida municipal durante los dos últimos años, incluyendo la imposibilidad de aprobar los presupuestos para 1984 y 1985. Palencia es, por otra parte, una ciudad de 65.000 habitantes, por lo que es de suponer que las pintadas y demás agresiones y amenazas de que fueron víctimas los concejales disidentes no pasarían inadvertidas. Pese a ello, no consta que la dirección de AP, en cualquiera de sus niveles, iniciara una investigación sobre lo que estaba ocurriendo, ni siquiera tras la denuncia del presunto secuestro: los ex compañeros de Becerril extendieron la idea de que se trataba de un invento del propio concejal.

Todavía la semana pasada, cuando ya eran públicas las informaciones sobre los resultados de la investigación policial y el reconocimiento por parte de uno de los detenidos de su participación en el secuestro, los concejales aliancistas se limitaron a difundir un comunicado en el que se acusaba a la gobernadora de buscar "rentabilidad política a un secuestro que nunca ha pasado del rumor, el chiste y el comentario". Sólo el pasado fin de semana, la ejecutiva provincial de Nuevas Generaciones, a cuya directiva pertenecían Alonso y Castro (sus edades son de 26 y 22 años, respectivamente), se decidió a proponer la suspensión provisional de militancia de ambos. La primera intervención de la dirección nacional de AP no se produjo hasta el lunes 16, cuando el vicepresidente Alberto Ruiz Gallardón ofreció la colaboración del partido.

Cualquiera que sea en su día el veredicto de los tribunales, el episodio ha puesto ya de relieve las conexiones de miembros de AP con sectores de la ultraderecha local más o menos relacionados a su vez con el mundo de la delincuencia. También algunos de los hilos que comunican las iniciativas de determinados cargos públicos con intereses particulares. Por ello, la nueva dirección de AP está obligada a intervenir si quiere ilustrar con algo más que con palabras la voluntad de renovación proclamada, no sea que las caras risueñas en la capital sean compatibles con el mantenimiento en provincias de comportamientos caciquiles apoyados en la acción de las bandas de la porra.