Pujol pide al Gobierno que rectifique su política autonómica

El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, anunció ayer, en la apertura del debate parlamentario sobre la situación de la autonomía catalana, que visitará al presidente del Gobierno, Felipe González, para negociar una aplicación del estatuto de autonomía que se corresponda con el espíritu con que se negoció en 1979. También pedirá audiencia al rey Juan Carlos para, "sin intermediario, explicarle lo que piensa sobre este tema. Dentro de un discurso con tono moderado, que la oposición calificó en sus primeras reacciones de "españolista" Pujol dijo que si el Gobierno central no rectifica su lectura restrictiva del estatuto de autonomía, la Generalitat pedirá la revisión de su texto.

El discurso del presidente de la Generalitat, con el que se abrió el debate del Parlamento catalán sobre el grado de aplicación del Estatut, careció de radicalidad en la forma y en el fondo. Tendió una mano al Gobierno socialista para que rectifique su política autonómica, aportando razones y argumentos, y ofreció una imagen de cuidadosa moderación. En este sentido, dijo encarnar la tradición de un amplio sector del catalanismo político que no se ha desentendido históricamente de España y de sus problemas, aun a sabiendas de que ello le supusiera incomprensiones e incluso renuncias.Pujol, que parecía pensar más en la opinión pública española que en su clientela política y social, tuvo mucho interés en dejar de manifiesto el alcance concreto de sus reivindicaciones: "Queremos el estatuto de 1979, aplicado e interpretado desde la misma voluntad de pacto que lo hizo posible, leído de la misma forma que todos -catalanes y no catalanes- lo hacíamos entonces y que nos movió a aceptarlo pese a las diferencias [a la baja] que tenía respecto al proyecto inicial de Sau". "Queremos aquel estatuto, y no otro", añadió.

La tesis de Pujol, compartida por un amplío abanico político catalán, es que la letra del estatuto de 1979 resultaba y resulta insuficiente, pero se aceptó en virtud de un pacto de Estado en el sentido de que iba a ser interpretado genero samente. Esa interpretación, añade el presidente catalán, se frustró tras los sucesos del 23 de febrero de 1981, momento en que empezó una verdadera involución autonómica. El Gobierno central, precisó, no es que actúe de forma inconstitucional, sino que a menudo podría actuar de forma más autonomista sin salirse tampoco del marco de la Constitución. Pujol destacó que los catalanes sacrificaron, en el período 1975-1980, una parte de sus reivindicaciones en beneficio de la gobernabilidad de España y de su consolidación democrática, y este sacrificio, según su análisis, no se ha visto correspondido.

El presidente de la Generalitat señaló que en el caso de que en el futuro solicite una reforma, lo que buscaría sería simplemente redactar el estatuto de forma que no permita más, lectura que la que todas las fuerzas políticas españolas pactaron en el año 1979.