Los jueces de Madrid piden al Gobierno y al Poder Judicial soluciones a las irregularidades en los juzgados
La Junta de Jueces Penales, Civiles y de Vigilancia Penitenciaria e Madrid recordó ayer al Ministerio de Justicia que es el "responsable único del apoyo material y personal de la jurisdicción", pidió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que inspeccione las irregularidades de los juzgados y recabó para los jueces las interpretación respecto al trabajo a desarrollar por el personal al servicio de la Administración de justicia. El acuerdo se produce tras la huelga de celo iniciada por el sector funcionarial más conservador a raíz de las medidas de los procuradores contra la corrupción en los juzgados.
Tras las recientes jornadas sobre la corrupción en la justicia, los colegios de procuradores acordaron medidas contra la corrupción en los juzgados, en concreto la de no entregar cantidad ilegal alguna a los funcionarios de los mismos. Inmediatamente después, después de que se hicieran públicos estos acuerdos, el Sindicato Profesional e Independiente de Funcionarios de la Administración de Justicia dio instrucciones a los oficiales, auxiliares y agentes para que no realizaran ninguna labor ajena a la legalmente encomendada. El sindicato anunció medidas si se obligaba a los funcionarios a realizar funciones que no les corresponden.
Amenaza de colapso
En los juzgados cuyos titulares o los secretarios judiciales acostumbraban a delegar en sus subordinados sus propias funciones jurisdiccionales la medida sindical amenazaba con producir un colapso en la tramitación de los asuntos, que ya comenzaba a apreciarse esta semana en la sede madrileña de los juzgados de primera instancia e instrucción. Ante esta situación, cerca de 30 jueces y magistrados de la Audiencia Territorial de Madrid -incluído su presidente, Clemente Auger-, todos ellos pertenecientes al colectivo judicial progresista Jueces para la Democracia, se reunieron y expresaron su satisfacción por el acuerdo del Colecio de Procuradores en el sentido de no abonar presta ción pecuniaria alguna en los juzgados y tribunales que no sean las legalmente previstas y debidamente acreditadas por los secretarios judiciales".Asimismo, Jueces para la Democracia expresó su rechazo a la interpretación que el mencionado sindicato hace tanto de la ley orgánica del Poder Judicial como del reglamento del funcionariado asistencial, en orden a las funciones de los cuerpos auxiliares, las cuales no pueden reducirse "a la simple labor de copistas, sino que llevan explícitas, legal y reglamentariamente, funciones de despacho de asuntos encomendados a su juzgado o tribunal".
Por su parte, la Junta de Jueces de Madrid estudió ayer la situación de los juzgados y acordó recordar al Ministerio de Justicia la responsabilidad que a este departamento incumbe en orden a subsanar las deficiencias y necesidades estructurales y funcionales. La junta resaltó las condiciones económicas y de trabajo en que desarrolla su labor el personal de los juzgados y constituyó una comisión que en el plazo de 15 días realizará un estudio detallado sobre la materia.
En respuesta a una resolución reciente del Ministerio de Justicia por la que este departamento se atribuía competencia respecto a las tareas a desarrollar por los funcionarios judiciales, la junta de jueces señaló que la interpretación de la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y los reglamentos que la desarrollan corresponde a los titulares de los órganos judiciales.
Los jueces oirán quejas
La junta de jueces solicitó del CGPJ que su servicio de inspección realice un seguimiento de la labor jurisdiccional para "atender de forma inmediata a las irregularidades de que pueda tener noticia". En relación con estas irregularidades y las corruptelas en general, la junta de jueces reforzó su compromiso con el principio de inmediación en todas sus actividades y recordó a los profesionales del Derecho y a los particulares "la disposición de los jueces a oir cualquier queja que aquellos tengan, y que en todo caso podrán canalizar a través del decanato" [esta última puntualización se hizo ante el riesgo de que algunos funcionarios obstruyan el acceso al juez respectivo].
