El Gobierno firmará el tratado que prohíbe fijar armas nucleares en el fondo del mar

El Gobierno ha solicitado el consentimiento de las Cortes para que España apruebe el tratado sobre prohibición de emplazar armas nucleares y otras armas de destrucción en masa en los fond os marinos y oceánicos. Este tratado, no obstante, no prohíbe la navegación por dichos fondos o el reposo sobre los mismos de submarinos de propulsión nuclear o que puedan llevar armamento de ese tipo.

Este tratado fue aprobado por el Ejecutivo socialista el pasado 16 de diciembre y no entrará en vigor hasta que el Parlamento lo autorice, según indicación efectuada el pasado 16 de octubre por el Consejo de Estado.

El tratado, junto a diversos informes del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Consejo de Estado, fue remitido al Congreso el pasado 12 de enero para que se someta a aprobación del Pleno una vez que comience el nuevo período de sesiones.

La mayoría de los países cercanos "geográfica y culturalmente" a España ha firmado este tratado, suscrito en 1971, a excepción de Francia. La prohibición de emplazar armas nucleares en los fondos marinos tiene algunas matizaciones, según los informes emanados de Exteriores.

"El presente tratado es subsumible entre los logros convencionales en materia de desarme, con una proyección especial en cuanto desmilitarizan y desnuclearizan ciertas zonas que no están bajo la soberanía y jurisdicción de ningún Estado", señala el informe de la asesoría jurídica internacional de Asuntos Exteriores.

La zona de prohibición es la que comienza más allá de las 12 millas contadas a partir de la costa, y la prohibición se limita a armas e instalaciones fijas. En cambio, no alcanza a los submarinos de propulsión nuclear o dotados de armas nucleares, que pueden no sólo navegar libremente, sino también reposar en los fondos marinos y oceánicos.

Derecho de observación

El informe señala lo siguiente respecto a España: "La eventual firma del tratado por -España dejaría a salvo nuestra soberanía sobre las 12 millas de mar territorial, pero abriría la puerta -al menos teóricamente- para que terceros Estados ejercitasen un derecho de observación sobre actividades que llevásemos a cabo en alta mar o en nuestra zona económica exclusiva". Tras estas aclaraciones, la dirección general se muestra favorable a la firma de este tratado.Este departamento de Exteriores, en sus conclusiones, resalta que la soberanía territorial está garantizada, al ser inaplicables las previsiones del acuerdo en la franja de 12 millas. "No sucede así con la zona económica exclusiva, ya que la potestad del Estado sobre la misma se reduce a meras actividades de explotación, gestión y control".

"La facultad de observación" concluye el dictamen, "conferida a los restantes Estados parte no compromete tampoco los intereses nacionales, máxime cuándo España no posee armas de destrucción masiva".