Cataluña debate la validez del Estatut

Siete años de aplicación del Estatuto de Autonomía de Cataluña van a ser analizados y juzgados en este mes de febrero por el parlamento de esta comunidad. Para los nacionalistas, el estatuto "no sirve para nada" cuando el Gobierno central hace una lectura restrictiva en su aplicación. Para los socialistas catalanes, el balance no resulta tan negativo y, en cualquier caso, gran parte de las carencias es responsabilidad del actual Gobierno de la Generalitat. En cualquier caso, Jordi Pujol no parece ser partidario, al menos por ahora, de iniciar lo que sería una compleja y delicada operación de reforma del estatuto. Lo que se propone es obtener un respaldo pluripartidista en Cataluña para hacer un llamamiento a la Administración central con el objetivo de que terminen las lecturas a la baja.

A las once de la noche del 13 de agosto de 1979 finalizó sus trabajos la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados que aprobó el proyecto de Estatuto para Cataluña. Los parlamentarios se trasladaron a continuación a la Moncloa, invitados por el presidente Adolfo Suárez, para celebrar el acontecimiento con una copa de cava. Un ritual que se había iniciado, semanas antes, con la aprobación del Estatuto vasco.Todas las fuerzas políticas catalanas, excepto Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que se abstuvo, respaldaron el texto resultante, a pesar de que en la negociación con el Gobierno centrista se recortó el anteproyecto que habían elaborado los catalanes en el parador de Sau. En esos forcejeos se introdujeron en el texto, además, grandes dosis de ambigüedad, según reconoce ahora un alto cargo del Gobierno de aquella época. Sin embargo, todos proclamaron que era un estatuto mejor -o, al menos, no inferior- al que había tenido Cataluña en 1932. Sólo Heribert Barrera negó ambas afirmaciones y criticó el texto aprobado, por lo que fue acusado de testimonialismo.

Siete años después, en Cataluña existe la impresión de que el espíritu de descentralización administrativa y de autonomía política con que se aprobó el Estatut no se ha mantenido, y que la Administración central lo intenta aplicar a la baja, de la forma más restrictiva posible, y pretende incluso recuperar competencias que fueron transferidas a la Generalitat en los primeros años de la transición. Esto es un clamor entre los pujolistas y una queja, más matizada, entre otros sectores, incluidos los socialistas.

El convergente Miquel Roca, que fue ponente tanto de la Constitución como del Estatut, se niega, siete años después, a criticar el texto, aunque reconoce que es perfeccionable. "El Estatut, como la Constitución, es un documento solemne, pero luego viene la práctica: traspasos, financiación, sentencias del Tribunal Constitucional, y el conjunto de la política del Gobierno. La Constitución permite diversas lecturas, y el problema es que en los últimos tiempos en el campo autonómico siempre se aplica la más restrictiva".

La 'moda' de la autonomía

Para Roca, la autonomía no se respeta ni en las pequeñas decisiones administrativas, y éstas, sumadas, conforman un estilo y una forma de gobernar. "Desde la perspectiva del Gobierno central, la autonomía ha pasado de moda. Ahora el PSOE ya puede ser no autonomista sin que esto sea mal visto. Y nadie se queja, excepto nosotros, a quienes nos llaman los quejicas catalanes'. Parece que a los demás les importa un bledo la autonomía; a nosotros no", dice. Rodolfo Martín Villa, que en los momentos de auge de UCD influyó mucho en la configuración de la política autonómica, admite que el Estatuto vasco es superior al catalán -"con el Estatuto vasco se hizo el máximo esfuerzo", afirma- y considera lógico que el Estatut no satisfaga "ni a un mesetario ni a un catalán, y precisamente por eso está durando". Martín Villa niega que, pese a la letra de los estatutos, pueda hablarse de competencias exclusivas. "Seamos honestos: no hay casi competencias exclusivas. Se reducen a la organización de las instituciones propias y a poco más. Diga lo que diga la letra de los estatutos, está la Constitución y el sentido común", afirma.Martín Villa cree que Roca tiene razón al considerar que la actitud ante las autonomías ha cambiado en eso que se viene a denominar Madrid: "En los años setenta el emparejamiento entre libertad, amnistía y estatuto de autonomía funcionaba al 100%, pero esa identificación era excesiva. Hoy se puede ser demócrata y discrepar de los nacionalistas".

Para Jordi Solé Tura, que como diputado comunista fue también ponente de la Constitución y del Estatut, el balance de éste es, en líneas generales, positivo, "sobre todo si consideramos que estamos al final del siglo XX'. Según Solé Tura, los nacionalistas plantean el tema nacional como hace 50 años, y ahora ni España ni Cataluña son lo mismo. En estos momentos, dice, ni el Gobierno central ni nadie tiene competencias exclusivas: "Desde el momento en que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite cuestiones que afectaban a competencias que figuraban como exclusivas en los estatutos, se acabó esa exclusividad", asevera.

Faltan ideas

El ex ministro Ernest Lluch, que también participó en la elaboración del Estatut, cree que "hay algo más importante que los competencias que establecen los textos legales, y es el tener ideas y saber utilizar el signo de poder que te atribuyen las leyes, como hizo Tarradellas". En su opinión, eso es lo que le falta a Pujol y a su Gobierno.