29 familias de Lérida, desalojadas de unas tierras cultivadas por sus antepasados desde hace 300 años

Veintinueve familias de Montagut, en el término municipal de Alcarrás (Lérida), colonos de unas tierras cuyos antepasados ya las trabajaban hace 300 años, serán desalojadas en los próximos días en cumplimiento de una sentencia que otorgó en 1981 la propiedad de 230 hectáreas a Agrolérida, SA, empresa controlada por Josep Maria Vall Companys, un industrial conocido como el Ruiz-Mateos leridano.

La comisión judicial encargada de ejecutar el desalojo de los colonos no pudo acceder ayer a las fincas al encontrarse todos los accesos bloqueados por tractores y otros vehículos agrícolas. La comisión, que estaba encabezada por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lérida, Manuel de la Hera Oca, tuvo que efectuar las diligencias de dar posesión de las fincas a Agrolérida, SA, desde la carretera, sin que pudiera proceder al desalojo de las viviendas que, en principio, empezará hoy.Más de 300 personas, movilizadas por las fuerzas políticas y sindicales, acudieron a Montagut para evitar el desahucio de los colonos. Desde primeras horas de la tarde, unos cien guardias civiles, buena parte de ellos con equipo antidisturbios, estaban destacados en las proximidades de las Fincas.

A las 17 horas, antes de que llegara la, autoridad judicial, los colonos levantaron una línea de fuego, con paja, troncos y neumáticos para impedir que las fuerzas antidisturbios se acercan a las fincas que debían ser desalojadas.

Los momentos de mayor tensión se produjeron cuando un grupo de guardias civiles avanzó nacía la línea de fuego hasta situarse a unos 50 metros de la barrera. En esos momentos, un capitán de la guardia civil, que se mostró en todo momento muy nervioso, golpeó a un camarógrafo de Televisión Española, por considerar que se había acercado demasiado a él.

Una larga historia

La propiedad de las tierras en conflicto tiene una larga historia. Durante el siglo XVI se hizo con ellas el cabildo catedralicio de Lérida al recibirlas de un noble, agradecido por la participación de un clérigo en el rescate de su hija, secuestrada por unos bandoleros. En 1969, la finca fue expropiada por el Instituto Nacional de Colonización (INC) -más tarde Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (Iryda)-, que impuso a los colonos el abono de la sexta parte de la cosecha anual.

El 30 de junio de 1970 se formalizó una permuta de tierras entre el INC y la empresa Agrolérida, SA. En esta permuta está la clave del conflicto, pues fuentes jurídicas han señalado que, al no tratarse de una operación de compraventa, los colonos no podían ejercer su derecho a adquirir las tierras.

Los agricultores no fueron informados de la operación hasta que, al cabo de ocho años, Agrolérida les conminó a abandonar la finca. Durante este tiempo, los colonos continuaron pagando al Iryda la sexta parte de la cosecha, a pesar de que la tierra ya no era suya, sino de Agrolérida.

Josep Maia Vall Company, accionista mayoritario de Agrolérida, forjador de un imperio económico durante la posguerra, tiene alrededor de 50.000 hectáreas de tierras -14.000 de ellas en Lérida-; industrias agroalimentarlas, mataderos, fábricas de pieles y de productos alimentarios y más de un millón de cabezas de ganado porcino.