El presidente de Ecuador, tras su liberación, tiene que rendir cuentas al país y al Parlamento

El presidente de Ecuador, León Febres Cordero, pasado el amargo rato de sus casi 12 horas de secuestro en una base aérea próxima a Guayaquil, debe rendir cuentas ahora al país y al Parlamento de por qué cedió ante las amenazas de los amotinados. Con ello ha conseguido, eso sí, que en estos momentos reine una calma absoluta en todo el país, sin más amenaza aparente de crisis que la que se avecina cuando el próximo martes el presidente tenga que explicar los hechos ante el Parlamento.

El Congreso, en el que la coalición derechista que encabeza Febres está en minoría, ha sido citado de forma extraordinaria para ese día mediante una comunicación en la que se anuncia que, si se llegase al convencimiento de que es necesario enjuiciar al presidente por haber cedido ante sus secuestradores, "así se hará". Una encuesta pública transmitida ayer por un canal de televisión evidenciaba que la población quiere que se adopten sanciones para quienes han propiciado la más seria amenaza contra la democracia ecuatoriana recuperada en 1979. El malestar popular era especialmente difícil de contener ayer cuando la televisión ofrecía imágenes de la capilla ardiente de los dos militares de la escolta presidencial que perdieron la vida durante el secuestro.En su primera conferencia de prensa desde que fue liberado en la noche del viernes, Febres Cordero declaró que se vio obligado a negociar con los sublevados "en homenaje a la paz del pueblo ecuatoriano y a la vigencia del sistema democrático". El jefe del Estado, que aseguró que va a terminar su mandato constitucional, se negó a hacer cualquier tipo de declaraciones políticas y se limitó a relatar detalles del secuestro y las negociaciones.

Para obtener su libertad y la de quienes le acompañaban en la base de Taura el pasado viernes, el presidente firmó dos documentos en los que "garantiza", en el primero, que "no tomará ninguna medida disciplinaria contra el elemento armado que tomó parte en esta acción y ordena, en el segundo, la libertad del general Frank Vargas Pazzos, a quien también promete no iniciar acciones legales contra él.

Aun después de firmar estos dos documentos, en los que justifica su decisión "para evitar un derramamiento de sangre entre ecuatorianos", el presidente sólo fue autorizado a dejar la base una vez que Vargas había llegado a Taura después de abandonar su apresamiento en un cuartel próximo a Quito.

Pocos minutos antes de salir de las instalaciones militares, el presidente tuvo que aceptar como última condición el compromiso de que la amnistía del general Vargas Pazzos será publicada en el registro oficial, lo que también hizo por escrito.

Fuentes cercanas a los militares interpretan que la fuerza aérea, de la que Vargas había sido comandante en jefe, se decidió por esta medida de fuerza al tener noticias de una inminente sentencia del tribunal militar que juzga al general, según la cual éste iba a ser condenado a 12 años de cárcel por el delito de rebelión. Vargas, que hizo cursos de Estado Mayor en España, había sido encarcelado tras dos intentos sucesivos de levantamiento el pasado mes de marzo y aparece ahora como el autor intelectual de este nuevo ataque al sistema constitucional ecuatoriano. La base de Taura, a 30 kilómetros de Guayaquil, no presentaba ayer ningún síntoma que revelase los sucesos de los que había sido escenario 24 horas antes. Este enviado especial no encontró ni un solo vehículo militar en el camino entre la ciudad y las instalaciones del Ejército del Aire. En la puerta, un soldado se encarga de la vigilancia.

Un oficial que actúa como portavoz de la base confirmó que el general Vargas se encuentra en su interior a título de "invitado", por lo que, por ahora, no quiere hacer declaraciones. El mismo oficial dijo que Vargas tiene intención de permanecer en ese centro militar "uno o dos días más", después de lo cual piensa quedarse a vivir en Guayaquil, en la casa de uno de sus hermanos, "como cualquier otro civil".

En otro edificio militar de Guayaquil, el de la Gobernación, permanece desde la noche del viernes el presidente Febres, de quien anoche se esperaba una comparecencia ante el país a través de la televisión.

La normalidad era ayer absoluta en Guayaquil, el mayor centro comercial y la principal concentración popular de Ecuador, así como en el aeropuerto. Sólo en la noche del lunes se concentraban algunos cientos de personas para saludar la liberación de su paisano el presidente. Ayer no se produjeron nuevas manifestaciones ni la policía puso en marcha dispositivos especiales. En contra de las noticias que circulaban el viernes, no ha sido implantado el toque de queda.

Por el momento, todos los partidos políticos y otras instituciones, como la Iglesia Católica, han condenado este atentado contra el presidente, pero la oposición socialdemócrata ha advertido que el suceso tendrá "honda repercusión en la vida nacional".

Algunos rneses atrás, el Congreso había propuesto una amnistía reconciliadora para el general Vargas, que no fue aceptada entonces por la Presidencia.