Industria recomendará a cada eléctrica su política de dividendos y ampliaciones
Antes de que las eléctricas reúnan este año a sus juntas de accionistas, el Ministerio de Industria y Energía recomendará a cada empresa la política de dividendos y ampliaciones de capital. En algún caso, como podría ser el de FECSA, exigirá la solidaridad del sector, de los accionistas y de los acreedores, para que refinancien la deuda de la compañía. Sin descartar un nuevo intercambio de activos, la nueva política de saneamiento del sector se basará así en individualizar más la suerte de cada empresa ante los futuros sistemas de tarifas y compensaciones. Será el punto de partida para que el Gobierno se pronuncie dentro de un año sobre la moratoria nuclear y redefina el parque eléctrico disponible hasta el año 2000.
La anunciada subida media del 4% -más para los particulares y menos para la industria-, contiene ya un anticipo de la nueva política, al suprimir el recargo del 3% que pagaban los consumidores para sanear al sector. La patronal pedía un incremento del 11% al 17%. Pero incluso la propuesta de Industria para aplicarla en la primera o segunda semana de febrero, un mes antes que el pasado año, será juzgada excesiva y precipitada por miembros del pleno de este organismo consultivo, entre ellos los sindicatos UGT y CC OO, según fuentes de ambos. Opinan éstos que la caída del dólar y del fuel han disminuido las cargas financieras y los consumos de las compañías, de forma que permiten un mayor recorte en las pretensiones del sector.El Ministerio de Industria y Energía, por su parte, confía en que prospere íntegramente su propuesta ante el Gobierno. Para ello, sus nuevos responsables energéticos -el secretario general de Energía, Fernando Maravall, y el director general, Víctor Pérez Pita- se han esforzado estos días en vestirla con tres cambios que la hagan más aceptable: fijar las tarifas futuras en función de los costes y no del índice de precios al consumo previsto, excluir de la misma el citado recargo (subsistirán otro 3,9% para la moratoria nuclear, el 1,2% para financiación de las existencias de uranio y el 0,3% para investigación), y buscar vías distintas a la tarifa para que la salud de las eléctricas posibilite las futuras decisiones gubernamentales sobre la moratoria nuclear que vence en 1988 y la redefinición del parque eléctrico hasta el año 2.000.
Bajo el denominador común de que las tarifas deberán tender a ajustarse a los precios de un mercado eficiente, Maravall y Pérez Pita han recibido entre sus competencias "un sector que paulatinamente ha mejorado, si bien alguna empresa requerirá tratamiento específico". En este sentido, quieren que la bolsa, donde ya Viesgo cotiza al 460% y FECSA al 70%, "aprenda a discriminar".
Trato más individualizado
El trato administrativo que pretenden otorgar a cada empresa será más individualizado que el de los últimos años, cuando el saneamiento a cuenta de recargos e intercambios de activos ha convivido con el viejo sistema de fijación de precios administrativos, basado en aplicar con menor o mayor generosidad la pasada estructura de costes del sector al IPC.Las decisiones de Industria se basarán en las proyecciones financieras realizadas por cada empresa hasta 1992 a partir de una serie de hipótesis pactadas entre la Administración y la patronal Unesa (por ejemplo, la evolución de los tipos de cambio y de las principales macromagnitudes), todas auditadas.
Entre tanto, las tarifas de 1987 tendrán como punto de referencia los costes medios del sector, lo cual implica reconocer a todas las empresas, por ejemplo, unos gastos financieros superiores a los registrados por las compañías más eficientes o saneadas. Pero el objetivo para 1988 será el llegar a basarlas en los costes estándar, es decir, en los precios que fijaría el mercado.
Esto significa evitar que los consumidores industriales o los domésticos paguen dichas ineficiencias. Días pasados, la siderurgia pidió bajar sus tarifas a los niveles de Francia o congelarlas, para poder competir mejor con empresas europeas a las que la electricidad les cuesta menos. No va a conseguirlo en 1987, pero Industria estima que sí se podrá llegar a esto en varios años. El haber tomado para 1987 los costes medios y no los estándares es considerado por Maravall como una medida de saneamiento que permite suprimir el recargo del 3%.
Para que en 1988 puedan acometerse los objetivos de Industria, las futuras tarifas se basarán en proyecciones, no sobre datos de los últimos años y el saneamiento eléctrico será instrumentado a través de la vigilancia de cada compañía, de la modificación de las normas contables del sector y de ajustes en los sistemas de compensación entre las empresas, sin descartar otro intercambio de activos ni la exigencia de "solidaridad por parte del sector, de los accionistas y de los acreedores" de alguna empresa.
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