Reagan aprobó el canje de armas por rehenes

Ronald Reagan, a pesar de sus reiterados desmentidos, autorizó, en el verano de 1985, un intercambio de armas por rehenes con Irán, pero no se ha logrado demostrar que conociera o aprobara el desvío de fondos procedentes de esta operación a la contra nicaragüense. Ésta es la principal conclusión del informe preliminar elaborado por el comité de información del Senado, filtrado a la Prensa y revelado por la cadena de televisión NBC. Su impacto puede que sea pequeño, ya que no aporta nuevas pruebas para apoyar la tesis de una conspiración o encubrimiento dirigidos por el presidente.

Un nuevo documento del Consejo de Seguridad Nacional, también filtrado ayer, refuerza la idea de que Washington realizó simplemente un canje de armas por rehenes. El informe del Senado, que la Casa Blanca estaba deseando que se publicara, a lo que se negaron los demócratas, por considerarlo "incompleto", y por temer que pudiera lavar antes de tiempo la actuación presidencial, "muestra a un presidente culpable de juicio erróneo", afirmó el senador Daver Durenberger, que presidió el comité. Aparece un Reagan mal informado, incapaz de dominar la dirección de la política exterior, lo que para la Casa Blanca a estas alturas del escándalo supone sólo un mal menor.Pero las preguntas fundamentales del Irangate -¿cuánto dinero fue desviado a los rebeldes antisandinistas?, ¿lo recibieron estos realmente, o se quedó en el camino?, ¿cuándo supo el presidente que se estaba enviando ilegalmente dinero a la contra?, ¿se hizo con su autorización?- no son respondidas por este informe ;

Esta labor debera ser completada por los dos comités especiales del nuevo Congreso y el fiscal especial.

Un memorándum de Oliver North, del 4 de abril de 1986, establece un plan para desviar dinero procedente de Irán a los antisandinistas.

El informe del Senado revela también que cuando los secretarios de Estado, George Shultz, y de Defensa, Caspar Weinberger, se opusieron a que esta labor siguiera, North dijo: "Si la bloqueamos, los rehenes morirán".

Pero el informe inicial, que fue censurado por la Casa Blanca y la CIA, deja claro que funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia sabían, al menos desde marzo de 1986, tras ser advertidos por el intermediario iraní, Manucher Ghorbanifar, que se estaban desviando fondos a la contra procedentes de la venta de armamento a Jomeini.

El informe ofrece abundante evidencia para afirmar que William Casey, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que ha sido puesto fuera de la escena por un cáncer en el cerebro, no dijo la verdad y no advirtió al presidente cuando se enteró de la conexión nicaragüense. El 6 de octubre del pasado año, el número dos de la CIA, Robert Gates, que hoy está actuando como director en funciones, lo puso en conocimiento de Casey.

Casey se limitó a decirle al consejero de Seguridad Nacional, John Poindexter, en octubre del pasado año, que le pidiera al asesor legal de la Casa Blanca que investigara el desvío. Pero Poindexter dijo que no podía confiar en que éste mantuviera el secreto, lo que expone un papel mayor del almirante Poindexter, que perdió su puesto por el escándalo de la operación. Poindexter le comentó al jefe del gabinete presidencial, Donald Regan, que había autorizado el desvío de fondos para los sandinistas, supuestamente ilegal, porque, dijo, le "daban pena" los contra.

Engaño a los superiores

El informe revela que el teniente coronel Oliver North y su jefe Poindexter engañaron a sus superiores sobre el Irangate, pero no pueden obtenerse del mismo conclusiones definitivas del papel desempeñado por el presidente en el escándalo.Por su parte, el diario The Washington Post publicó ayer un memorándum del Consejo de Seguridad Nacional preparado para informar al presidente, en enero de 1986, recomendándole que el suministro de armas al régimen islámico de Teherán "puede ser la única posibilidad" de conseguir la liberación de los rehenes norteamericanos en Beirut.

También se afirmaba en el documento, que fue leído al presidente por Poindexter, en presencia del vicepresidente, Goerge Bush, y de Donald Regan, que se detendría la entrega de armas si todos los rehenes no eran liberados después del primer suministro de 1.000 misiles tow (anticarrro).

Todos los prisioneros no fueron puestos en libertad, pero Washington continuó enviando armas.

La Casa Blanca hizo públicos ayer la orden secreta del 17 de enero y el documento explicativo previo, obra de North. Fuentes gubernamentales aseguran que los dos documentos defienden la posición oficial de que también había un objetivo geoestratégico detrás de la venta de armas a Teherán.