España inicia la segunda etapa de adaptación a la CE

El segundo año de pertenencia a la Comunidad, 1987, representa para España una segunda etapa en el período de adpatación a la CE. El 1 de enero entre en vigor una nueva reducción arancelaria del 12,5%, que supondrá una nueva vuelta en el ajuste de competitividad de las empresas españolas frente a las europeas. Los precios agrícolas sufrirán otro tirón hacia arriba para absorber un sexto de la diferencia que aún mantienen con los comunitarios, lo que volverá a provocar alguna tensión inflacionaria. El resto no es sino la gradual adecuación a las políticas comunitarias prevista en el tratado de adhesión.

El 1 de enero entra en vigor la segunda reducción de aranceles para rebajar nuestra protección en frontera y acercar las condiciones de competencia de nuestras empresas a las europeas. El real decreto aprobado por el Gobierno el pasado 19 de diciembre fija los nuevos derechos aduaneros, en los que se recogen algunos de los cambios adoptados por la CE en su política comercial. Esta vez, el recorte arancelario es del 12,5%, que se viene a sumar al 10% que entró en vigor el 1 de marzo de 1986. A comienzos de 1988 y 1989 se aplicarán disminuciones del 15%.Estas reducciones son especialmente sensibles en los productos con arancel más alto, como los artículos de confección y géneros de punto, juguetes, alfombras y encajes, automóviles, algodón, muebles y material eléctrico. En el caso de los automóviles, España está obligada a importar un contingente de coches a un arancel mucho más bajo que el vigente. En 1986, el cupo fue de 32.000, en 1987 es de 36.000 y crecerá hasta 40.000 el próximo año.

El objetivo de esta adecuación progresiva es dejar reducida a cero en 1992 nuestra protección en frontera con respecto al resto de la CE. Esta defensa de nuestros productos, ya que el arancel encarece los artículos importados, tendrá un mayor peso relativo en los primeros años, y a comienzos, de 1989, la disminución habrá alcanzado el 52 5% del total. Al final del proceso, las arcas del Estado dejarán de recaudar los derechos arancelarios.

Los recargos en frontera, que se mantendrán para las importaciones provenientes de países terceros, son uno de los recursos que engrosan el presupuesto de la Comunidad. De momento, la parte comunitaria es pequeña y la diferencia es ventajosamente favorable a España. Las previsiones de la Dirección General de Aduanas dan una recaudación de aranceles en 1986 de 250.000 millones de pesetas, de los que 22.000 millones corresponden ya a la Comunidad.

Aunque los restantes países de la CE harán lo mismo con respecto a España, la reducción arancelaria supone para las empresas españolas un mayor esfuerzo en afinar precios. Antes del ingreso, la protección en frontera era del 15,17%, que era el porcentaje medio con que los productos importados veían incrementado su precio. Los países de la CE imponían un recargo medio a las ventas españolas de sólo el 3,47%.

Desarme general

A pesar de que en 1987 el desarme arancelario es porcentualmente mayor al de 1986, las previsiones son que las consecuencias no serán tan duras para nuestra balanza comercial. En 1986, las empresas españolas tuvieron que soportar además el fin de la desgravación fiscal a la exportación, que significaba una subvención global a las exportaciones españolas de más de 350.000 millones de pesetas anuales. En la siderurgia, esa ayuda a las ventas al exterior significaba hasta el 14% del valor de lo exportado, con lo que su supresión ha representado un golpe de muerte para el futuro del sector.

Al margen del desarme arancelario frente a la CE, España tiene que disminuir su proteccionismo frente a países terceros, dado que la política comercial comunitaria es mucho más liberalizadora en materia industrial.

Relaciones con Latinoamérica

España tendrá que desarmarse en siete años ante los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), área con la que la CE tiene establecida una zona de libre cambio industrial. Aparte, el Mercado Común concede preferencias generalizadas a unos 120 países. La integración supone también el fin para España de las preferencias generalizadas en acuerdos con algunos países y su trato privilegiado con América Latina.

En las negociaciones de adhesión sólo se pudieron mantener dos contingentes de 40.000 toneladas anuales para importar libre de arancel café verde y cacao, principalmente de Colombia, Brasil y Nicaragua.

Con los países terceros España mantiene aranceles más altos que con la CE y la reducción irá hasta igualarse con la tarifa exterior común. La principal preocupación de Aduanas estos primeros años es evitar que productos importados a un tercero puedan burlar, pasando a través de un país comunitario, esa diferencia arancelalia, lo cual perjudicaría los ingresos.

Los estudios de seguimiento apuntan a mantener una atención especial sobre la procedencia de ciertos componentes químicos, utilizados como materias primas o productos intermedios por la industria, para evitar que logren burlar una parte de los derechos aduaneros.

Otro de los aspectos negativos para nuestro comercio exterior lo marca el fin de los contingentes. Hasta ahora, España defendía su mercado interno, además de con los aranceles, fijando límites a la importación de ciertos productos. De estas restricciones cuantitativas, que en 1985 afectaban a 143 productos agrarios y 243 industriales, en 1992 sólo quedarán 86.

Las adaptaciones del período transitorio -cuya duración es de siete años, salvo para aceite y frutas y hortalizas, que se alarga a10- afectan también al resto de las políticas comunitarias. La intervención de productos agrarios será mayor en 1987, al afectar plenamente a las cosechas.

Los precios españoles, más bajos, sufrirán un tirón hacia arriba, como mínimo, de la sexta parte de la diferencia que existe con los comunitarios.

Esta aproximación ya dejó sentir sus efectos inflacionistas durante el año 1986, agudizada porque las condiciones de demanda interna y las cosechas tardías de hortalizas permitieron subidas mayores en algunos casos a las previstas.