El órgano asesor de la comunidad cuestiona el proyecto de ley de aguas

El Gobierno canario aprobó, en su último consejo, el proyecto de ley de aguas para el archipiélago. El texto, que recibió luz verde tras uno de los mayores debates vividos en las islas, es cuestionado en parte por el Consejo Consultivo, órgano asesor de la comunidad autónoma, ante la eventual inconstitucionalidad de alguno de sus principios.

El Gobierno, que admite haber retocado el anteproyecto de ley en un 60% para adaptarlo a las sugerencias del consejo, no admitió las discrepancias de éste sobre la planificación hidrológica y el derecho transitorio para el pase de la propiedad privada a titularidad pública. En el primer caso, el consejo consultivo niega al Parlamento regional competencias y remite a los planes que establezca la Administración central. La misma dependencia de la ley estatal es defendida en su dictamen frente a la aparición de un derecho transitorio propio en Canarias para el registro de las aguas.

Los socialistas, que gobiernan con apoyo del PCE, Partido de la Revolución Canaria (PRC) y Asamblea Majorera (AM), se han comprometido a aprobar la ley en esta legislatura. Las asociaciones y comunidades de agua se quejan de que perjudica a miles de pequeños accionistas y encarecerá el agua.

El estatuto de autonomía confiere competencia exclusiva a la comunidad sobre aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, pero, según el consejero de la Presidencia, Manuel Alvarez de la Rosa, el Gobierno y el Consejo Consultivo están de acuerdo en que la consideración de las aguas como bien público corresponde a las Cortes.