El Defensor del Pueblo censura la sanción aplicada a un bombero de Fuenlabrada

El Defensor del Pueblo ha enviado un escrito al Ayuntamiento de Fuenlabrada, de mayoría socialista, en el que se afirma que la corporación ha cometido diversas irregularidades administrativas y mantenido actitudes anticonstitucionales al aplicar el régimen disciplinario al bombero Francisco Jiménez Pérez, de 29 años, que fue sancionado con un año de suspensión de empleo y sueldo por insultos y amenazas a un cabo. Por otra parte, el Ayuntamiento no ha decidido todavía qué hará al respecto.

Los bomberos de Fuenlabrada mantuvieron una huelga de hambre y protagonizaron diversos incidentes, como la ocupación del Ayuntamiento, en julio de 1985. Los bomberos protestaban por el nombramiento de un cabo de la Policía Municipal para dirigir el cuerpo. Pedían también una mayor profesionalización y la rebaja de siete sanciones disciplinarias impuestas que oscilaban entre los tres días y un año de suspensión de empleo y sueldo.El bombero Francisco Jiménez era uno de los afectados por estas sanciones. El Defensor del Pueblo aprecia varias irregularidades en su caso. La primera de ellas es que el instructor del expediente no aceptara la prueba testifical propuesta en el pliego de descargos que presentó en su día Francisco Jiménez, lo que en su opinión le coloca en situación de indefensión.

Otra de las irregularidades según el escrito, es la desproporción de la sanción. Y se compara con las impuestas a un policía municipal. El agente había mantenido un altercado con unos clientes en un bar "debido a su estado de embriaguez, e intimidó con un arma a los presentes". Se le impuso una sanción de 45 días de empleo y sueldo. Por el contrario, al bombero, por insultos y amenazas a un cabo -"que el instructor da como probadas sin haber practicado la prueba testifical", dice el escrito-, se le suspendió de empleo y sueldo durante un año.

El Defensor del Pueblo estima que Francisco Jiménez tiene motivos justificados para sentirse discriminado respecto a los demás funcionarios, y advierte al Ayuntamiento que los criterios valorativos que utiliza deben ser los mismos, cualquiera que sea el funcionario inculpado.

"Acuerdo nulo"

En el escrito se relata que el concejal de Seguridad Ciudadana y el comité de trabajadores firmaron un acuerdo mediante el cual se reducía la sanción a seis meses, con la condición de que Francisco Jiménez no recurriera contra ella. El Defensor del Pueblo destaca que "este acuerdo es nulo de pleno derecho", porque se tomó por un órgano no competente y porque condicionar la reducción a que no se recurra "supone privar ilegalmente al interesado de un derecho que la ley le concede".El Defensor del Pueblo destaca que privar de este derecho al trabajador es "una conducta claramente contraria al ordenamiento constitucional y un atentado flagrante contra el derecho a la tutela judicial consagrado por el artículo 24.1 de nuestra Constitución". El Defensor sugiere al Ayuntamiento de Fuenlabrada que se anule la sanción, se realicen las pruebas oportunas y, una vez cumplidos los trámites reglamentarios, se imponga la sanción acorde con la gravedad de la falta, y sugiere también que se anule el acuerdo firmado con el comité de los trabajadores en aquellos puntos que son claramente ilegales.

Fuentes de los trabajadores señalaron que no era éste el primer caso en el que se se ponía en evidencia "la peculiar visión que tiene el Ayuntamiento de Fuenlabrada de la justicia". El 17 de diciembre negó la utilización de horas sindicales a los representantes de CC OO, a pesar de que este sindicato no había agotado el cupo de horas. El concejal de Seguridad Ciudadana y Régimen Interior contesta en un oficio a Luis Gómez Cano, representante sindical y miembro de la Policía Municipal, que "quedan suprimidas las horas sindicales de todo tipo hasta nueva orden". En el Ayuntamiento de Fuenlabrada el comité está formado por 13 representantes, cuatro de CC OO, seis de UGT, y el resto, independientes.

Por otra parte, el socialista Fernando Fernández, alcalde en funciones de Fuenlabrada, aseguró que el Ayuntamiento todavía no ha decidido qué va a hacer. "No queremos perjudicar al trabajador", aseguró el alcalde en funciones, "y el Defensor del Pueblo nos sugiere que volvamos a estudiar el caso y apliquemos una sanción acorde con la gravedad que requiere el tema, lo que supondría de hecho elevar la sanción. Penalizarlo más iría en contra de los intereses del empleado y el Ayuntamiento tendrá que valorar antes de hacerlo si merece la pena".