Toda la oposición, salvo Izquierda Unida, apoya la política del Gobierno sobre Riaño

El ministro de Obras Públicas y Urbanismo, Javier Sáenz Cosculluela, afirmó ayer en el Congreso que el Gobierno continuará adelante con el proyecto de terminar con urgencia la presa de Riaño, "porque así lo requieren los intereses de España". Sáenz Cosculluela advirtió que no se iba a prestar atención a posiciones irresponsables y demagógicas. A excepción de Izquierda Unida, todos los grupos de oposición se mostraron conformes, aunque con algunos matices, con la posición del Gobierno.

El titular del MOPU aseguró que la presencia de la Guardia Civil en la zona se hizo con el fin de que el desalojo de los afectados "se hiciera sin violencia". Javier Sáenz Cosculluela compareció a petición propia en la comisión correspondiente del Congreso para explicar las obras de Riaño, que consideró irreversibles. El ministro aseguró que se ha intentado que el desalojo de los vecinos afectados se hiciera de forma pacífica: "A eso se debió la presencia de la Guardia Civil".El embalse de Riaño tiene como finalidad básica la regulación de la cabecera del río Esla al objeto de permitir la transformación en regadío de 83.000 hectáreas del sureste de la provincia de León y zonas septentrionales de las provincias de Valladolid y Zamora, según definición del ministro. Con ello se garantizará, según el Gobierno, la situación de los regadíos existentes, al tiempo que habrá una instalación de una potencia hidroeléctrica de 188.000 kilovatios.

Cosculluela afirmó que la decisión del Gobierno es inapelable "por los intereses de España" y descalificó las alternativas existentes por demagógicas y poco rigurosas.

El diputado de Izquierda Unida Ramón Tamames, después de calificar la obra de "auténtico fósil del franquismo", acusó al Gobierno de connivencia con la empresa Iberduero: "No parece casualidad que Iberduero contribuya a los gastos de restauración del museo de Ciencias Naturales de Madrid, que dirige la antigua directora general del Medio Ambiente, Concepción Sáenz Laín". Según Tamames, estos pagos podrían conectarse con la pretensión de "silenciar determinadas circunstancias, como sería obligación de los responsables de política medioambiental".

Tamames afirmó que el Ejecutivo pretende convertir Ríaño en una especie de demostración de fuerza "para seguir en una política colosalista y productivista, que no cejaría ante ninguna pretensión de carácter ecologísta".

Los portavoces de AP, PDP y CDS se mostraron de acuerdo con el Gobierno en la necesidad de esta obra, aunque acusaron al mismo de "Falta de sensibilidad social".