'Rumasagate'

Todo ha sido excepcional en la Rumasa de todos, todo menos su fiscalización, la transparencia del gasto y su gestión pública.Esta realidad, a la que se suma la evidencia de que nuestras graves denuncias sobre irregularidades cometidas por el Gobierno socialista en la Rumasa expropiada no han sido contestadas por el Ejecutivo, que a través del Ministerio de Economía y Hacienda se ha limitado tan sólo, desde el nerviosismo y la prepotencia socialista habitual, a descalificar y a amenazar a la oposición, nos llevó a solicitar del Pleno del Congreso de los Diputados su asentimiento para constituir una comisión que investiga a la Rumasa pública, a la socialista, y que como consecuencia de su trabajo elabore unas conclusiones sobre este asunto público de capital importancia, no sólo por sus consecuencias económicas, sino también por lo que es quizá más importante, por su influencia para la credibilidad del sistema político español. Queríamos en definitiva traer la luz a donde hoy sólo existen tinieblas.

Nuestra petición venía avalada por la existencia de un estado de opinión en todos los medios de comunicación social, en la clase política y sobre todo en el pueblo, de que en la Rumasa pública hay tinieblas, como se afirmaba en un editorial de EL PAÍS del pasado mes de noviembre. En definitiva, nadie piensa que deban ocultarse al pueblo las entretelas de una operación que al final será pagada sólo por él y con su esfuerzo y sacrificio.

Pero, a pesar de todo lo dicho, a lo que se suma la acusación hecha por la oposición sobre la presunta corrupción del Gobierno, el PSOE ha decidido que no se investigue, tomando con ello una decisión incoherente, triste y no ética, sin importarle que el pueblo, al que se le exige cada día más y se le da menos, se sienta frustrado y empiece a pasar no sólo de determinados demócratas, sino también de la democracia misma.

Transparencia empañada

Que nuestros gobernantes socialistas han empañado la transparencia del sistema democrático es algo que a estas alturas no ofrece duda alguna. Es obvio que quien nada oculta, nada teme. Con su actitud, los socialistas han conseguido que la sombra de la sospecha planee y ponga en duda la credibilidad no sólo de las instituciones del Estado, sino del propio sistema.

Frente a la diligencia del Ejecutivo y del Grupo Socialista para crear una comisión que investigara la Rumasa de Ruiz-Mateos, después de expropiada, contrasta la extraña negativa a investigar la Rumasa gubernamental. ¿Por qué? Ésta es la pregunta que hacen algunos, porque otros, desgraciadamente, ya poseemos la respuesta.

En el asunto Rumasa, el Gobierno de don Felipe González ha perdido toda la credibilidad y ha vuelto a recurrir, por tercera vez, a la fuerza de los escaños, ignorando y despreciando la fuerza de la razón. Y decimos que ha renunciado a la fuerza de los escaños porque la de los votos se ha desplazado de la prepotencia hacia el camino que reclama luz, claridad y transparencia.

No se puede desconocer que nuestra petición de crear una comisión de investigación que quite el velo negro y opaco que oculta la gestión pública de Rumasa tuvo más votos populares a favor que en contra. Ha sido pues el señor D'Hont y no el pueblo español quien ha impedido que los representantes de la soberanía popular investiguemos las causas de las pérdidas multimillonarias de la Rumasa pública y el paradero de hasta la última peseta de ese billón que por cuenta del sufrido e impotente contribuyente español lleva malgastado el Gobierno socialista.

Que un inspector de Hacienda, cumpliendo con su deber, pueda investigar a cualquier ciudadano español y que las cuentas bancarias de éstos puedan ser miradas hasta el último rincón, mientras, en cambio, el Gobierno del PSOE no pueda ser investigado por las Cortes, es algo que constituye un serio atentado al más elemental sentido común, a la vez que un olímpico desprecio al Estado democrático y de derecho.

Silencio de Economía

El que calla otorga. El bochornoso silencio del titular de Economía, agazapado en el banco azul mientras que la oposición lanzaba en el Congreso, desde la tribuna de la soberanía popular, durísimas acusaciones contra el Gobierno es todo un espectáculo impropio en un país que, como España, pertenece a la Europa libre. Este espectáculo, que sólo debería ser digno de una república bananera, es una triste y reiterada realidad en la España gobernada por el socialismo.

El eco producido por lo ocurrido en el hemiciclo de la carrera de San Jerónimo ha resonado con tanta fuerza que, a lo largo y ancho de la geografía española y fuera de nuestras fronteras, es difícil encontrar un solo medio de comunicación serio que no haya reclamado en el asunto Rumasa la transparencia que todos deseamos. Llevar sobre las espaldas acusaciones de corrupción y en la boca el eslogan de los 100 años de honradez es algo que forzosamente dará como resultado que el aire del cambio venga acompañado por los vientos del escándalo, que harán, a no dudarlo, que la rosa se marchite.

Qué contraste con la democracia centenaria de EE UU, en donde un juez, el Congreso o la Prensa pueden hacer caer un presidente. En España ni siquiera podemos formar una comisión para aclarar las responsabilidades del Gobierno y de su presidente; eso sí, en la España que ocurren estas cosas pudimos oír, asombrados, cómo el señor Solana, portavoz del Gobierno, anunció en su día que iba a enviar una Constitución española al señor Reagan para que aprendiera democracia.

Hoy más que nunca recordamos aquella afirmación electoral del fallecido profesor Tierno Galván: "Manos limpias, bolsillos transparentes". Y la recordamos porque sus compañeros de partido la han llevado al vertedero de los verbalismos inútiles. A los socialistas de hoy, desgraciadamente al parecer, sólo les interesa el poder por el poder, pues la ética en el manejo y control de los fondos públicos es cosa de tiempo pasado y útil sólo para llegar al poder, no para ejercerlo.