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Editorial:

Gorbachov y los derechos humanos

AL ABRIRSE en Viena en noviembre pasado la nueva sesión de la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea, el ministro soviético Shevardnadze hizo una propuesta que causó estupor: celebrar en Moscú una conferencia especial dedicada a los derechos humanos. Algunos dijeron que se trataba de una broma de mal gusto. Incluso los sectores más propensos a simpatizar con la Unión Soviética no pueden negar que en dicho país se violan, de forma institucionalizada, derechos absolutamente elementales: se encarcela por causas exclusivamente políticas; se lleva a cabo una férrea censura de prensa; se niega sistemáticamente el permiso para salir al extranjero, o incluso para desplazarse dentro del país; no hay libertad de asociación ni de manifestación, la justicia no es independiente y el derecho al sufragio se ejerce en condiciones de auténtica burla. La muerte, el 4 de diciembre, en la cárcel de Chistopol, de Anatoli Marchenko, que -acusado de propaganda antisoviética- ha pasado 20 años en la cárcel de los 48 que ha vivido, demuestra la gravedad de un problema que conmueve a la opinión democrática. Marchenko era, además, uno de los fundadores del comité creado en 1976 para el respeto de los Acuerdos de Helsinski.Al conculcar los derechos humanos, la URSS no solamente contradice los ideales socialistas que proclama y atenta contra principios universales, sino que viola compromisos concretos firmados por ella, lo cual debilita su posición en la arena internacional. Gorbachov y sus colaboradores han tomado conciencia de que en el tema de los derechos humanos la URSS se halla, por eso, siempre a la defensiva, acosada por denuncias numerosas y fehacientes, y que ello perjudica considerablemente una imagen que tratan de mejorar con iniciativas en otros terrenos, como eldel desarme. Pese a los mínimos cambios o a la dulcificación de la herencia estalinista que Gorbachov ha provocado, no estamos ante una evolución en la concepción básica del sistema soviético, de menosprecio radical a los derechos del individuo. Sigue vigente la idea de que los derechos o libertades individuales tienen que someterse siempre al "interés del socialisrno", otra manera de designar la razón de Estado. Incluso si Gorbachov liberaliza zonas de la vida cultural, amplía los márgenes de la crítica permitida y flexibiliza el funcionamiento del sistema económico y estatal, no cabe pensar que se altere, al menos por ahora, esa concepción fundamental, decisiva para asegurar el monopolio del poder del partido comunista.

El problema que hoy está planteado es si, en el marco de esa concepción dictatorial del Estado, cabrían cambios que permitieran una mejora objetiva del respeto a los derechos humanos, y de la que se verían beneficiados muchos ciudadanos soviéticos sometidos a las cárceles, la represión y el silencio. La respuesta debería ser positiva, existiendo hoy en el Kremlin una comprensión diferente de la realidad internacional. Sin embargo, los pasos que hasta ahora se han dado han sido ínfimos: algunos permisos para salir al extranjero, como a Yuri Orlov, Anatoli Charanski, Irina Ratuchinskaia; reformas legales que pueden aligerar los trámites de emigración, pero que no han dado respuesta a las demandas de aquellos de entre la población judía que desean marchar a Israel. Nada realmente nuevo. Siguen sin solución casos como el del premio Nobel Anatoli Sajarov y otros muchos, que no constituyen fenómeno aislado, sino símbolo de una realidad mucho más general.

En estas condiciones, ¿puede la URS S adoptar una actitud ofensiva en este problema, tal como indica su propuesta de una conferencia en Moscú? Del discurso de Shevardnadze en Viena se deduce que su propósito es llevar el debate sobre todo hacia derechos sociales: el derecho al trabajo, a la vivienda, etcétera, que sufren un deterioro grave en EEUU y en las sociedades occidentales en general. En la etapa de auge del Estado de bienestar, la URSS tenía escasas posibilidades de utilizar este argumento; hoy las tiene mayores, dada la crisis económica. Aun así, es dudoso que de un debate de ese género salieran triunfantes los soviéticos si se permitiera -en lícito reconocimiento de los derechos humanos- acceso libre y directo a los informadores, que pudieran ofrecer datos y cifras reales sobre las condiciones reales de vida en los países del área, y si las fuentes que dieran esa información no fueran sistemáticamente reprimidas.

Con su iniciativa, la UR SS trata de lograr ecos sobre todo en el Tercer Mundo, y sin duda en este terreno puede conseguir objetivos políticos nada baladíes. Pero Moscú cometería un error garrafal si cree que con ello puede eludir la exigencia de la opinión pública internacional de que respete en la práctica unos derechos humanos elementales que dependen directamente de la construcción del Estado, de la voluntad política de los Gobiernos, y del reconocimiento de los derechos civiles a los ciudadanos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 19 de diciembre de 1986