Francia cambiará el procedimiento judicial para los actos de terrorismo

El Gobierno francés aprobó ayer, en Consejo de Ministros, un proyecto de ley sobre procedimiento judicial para actos de terrorismo y atentados contra la seguridad del Estado, concebido expresamente para juzgar a tres militantes de Acción Directa y a Georges Ibrahim Abdala, el dirigente de las Fracciones Armadas Revolucionarias de Líbano, acusado de complicidad en dos asesinatos. El proyecto de ley pasará esta semana por las dos cámaras parlamentarias y la semana próxima podría ponerse en marcha de nuevo el proceso contra los terroristas de Acción Directa (AD), paralizado por la falta de jurados.

Regis Schleicher y los hermanos Nicolás y Claude Halfen están acusados del asesinato de dos policías, perpetrado en París el 31 de mayo de 1983. El juicio se inició el 3 de diciembre ante un tribunal criminal compuesto por tres magistrados profesionales y nueve jurados populares.Las amenazas proferidas por los acusados, principalmente por Schleicher, que forma parte del núcleo de AD, fue mermando la resistencia de los jurados y de sus suplentes, hasta llegar la pasada semana a la paralización del juicio por ausencia de jurados.

El Gobierno de Jacques Chirac, en previsión de este tipo de presiones y amenazas, redactó una nueva ley antiterrorista, que fue aprobada el 9 de septiembre. En ella, se prevé la extensión a los casos de terrorismo y atentados contra la seguridad del Estado de la jurisdicción especial que se aplicaba hasta ahora a los delitos de traición y de espionaje.

Este tribunal especial está formado por siete magistrados profesionales y fue creado por el Gobierno socialista en 1982, en sustitución del Tribunal de Seguridad del Estado. La ley antiterrorista del Gobierno de Chirac no preveía, sin embargo, la retroactividad, por lo que los acusados por delitos de terrorismo anteriores al 9 de septiembre de 1986 debían ser juzgados todavía por un tribunal conjurado popular. La ley ahora aprobada en Consejo de Ministros afecta únicamente a una cuestión procesal, pues se limita a eliminar el artículo 10 de la ley antiterrorista en el que se contemplaba precisamente la no retroactividad.

Dudas jurídicas

El Consejo Constitucional dictó en su día la plena constitucionalidad de la ley y, por tanto, del Tribunal Especial Antiterrorista. Algunos juristas dudan, sin embargo, de que ahora se ajuste a derecho la promulgación de una ley procesal de aplicación inmediata para la creación de una jurisdicción especial a un proceso en curso, como es el de Acción Directa, e incluso al de Georges Ibrahim Abdala, aún en instrucción."Esta forma de actuar en función de las circunstancias es bastante peligrosa para las libertades y es preciso que se respeten todas las garantías dictadas por el Consejo Constitucional en lo que se refiere al aspecto contradictorio y público del proceso y a los derechos de la defensa", declaraba ayer al diario Le Matin la profesora de Derecho Penal de la universidad de París Mireille Delmas-Marty. Yves Lemoine, juez del Tribunal Correccional de París, estima que la nueva ley "abre una brecha", pero reconoce que "la reciente retirada de los jurados populares constituye también un retroceso considerable, un problema de democracia que hay que plantear en términos de civismo".

El Gobierno de Jacques Chirac, con su ley de 9 de septiembre sobre terrorismo y con este nuevo proyecto, se aleja cada vez más del modelo de represión basado en la participación ciudadana y en la inexistencia de jurisdicciones especiales, como es el caso de Italia, y se acerca, en cambio, al modelo español de una jurisdicción especial con magistrados únicamente profesionales.

En Francia no existen ni se han previsto los estímulos al arrepentimiento de antiguos terroristas. El caso Schleicher, precisamente, ha servido para plantear dos de los problemas más importantes de la lucha antiterrorista: el de los jurados, saldado con un decantamiento hacia las jurisdicciones especiales, y el de los arrepentidos.