El Gobierno ultima un paquete liberalizador de la política económica para el primer trimestre de 1987

El Gobierno proseguirá en el próximo ejercicio el esfuerzo liberalizador de la política económica, tanto en sus aspectos financieros como laborales. Para ello tiene ultimada una serie de medidas y otras en estudio, que quiere ir sacando poco a poco sin dar la sensación de paquete globalizador, "para no irritar a nadie", según fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda. Las primeras medidas serán la liberalización de los tipos de interés, del pasivo de bancos y cajas de ahorro, la reducción de los coeficientes obligatorios y los fondos de pensiones.

Nada ha cambiado. Oír a los más altos responsables de la política económica de este país es escuchar la urgencia de la desrregulación y el liberalismo. La eficacia económica y la obtención de tasas de desarrollo sostenido son fines en sí mismos; cualquier acercamiento a ellos es positivo. En este sentido ha sido positivo para ellos el año que ahora termina. Despejadas las incógnitas del referéndum sobre la OTAN, las elecciones generales y vascas, y ahora las elecciones sindicales, el área económica del Gobierno se dispone a impulsar una política económica liberalizadora. Sus responsables afirman que no habrá "paquete de medidas" como tal, sino que se irán tomando las decisiones una a una, ya que "sus efectos son los mismos pero no irritan a nadie".

Los cambios

Para conseguirlo ha sido preciso hacer los cambios en el Ministerio de Economía y Hacienda. Según el más alto funcionario del mismo, se palpaba la necesidad de una mayor dinámica en el sector del comercio; en los últimos tiempos, este sector no conectaba bien con la política económica general, por lo que hubo que cambiar al secretario de Estado (Luis Velasco). Por otra parte ha habido que resolver la unidad presupuestaria, distribuida hasta ahora entre las áreas de Economía y Hacienda; por último, disminuir los problemas personales entre un staff cansado de una dinámica excesivamente ajetreada.

Agitado el departamento, se dispone a dar un impulso a las medidas liberalizadoras previstas y a otras nuevas. Aunque no hay un calendario concreto, el Ejecutivo aprobará en el primer trimestre del año la libertad de los tipos de interés del pasivo y la disminución de los coeficientes obligatorios de los bancos y cajas, así como la tramitación definitiva de los fondos de pensiones, que es una forma de ahorrar gastos a la Seguridad Social y de liberalizarla. También en este periodo se dará vía libre al mercado continuo de las bolsas de valores.

A las bolsas también le afectarán otro tipo de cambios, permanentemente retrasados y que formaron parte de un anteproyecto de ley elaborado en la segunda mitad del año 1985 por la Dirección General del Tesoro. Este anteproyecto no llegó a ser ni siquiera aprobado en el Consejo de Ministros. Contenía la creación de una comisión nacional de valores, la entrada en los consejos rectores de las bolsas oficiales de representantes de las empresas emisoras y de las comunidades autónomas, así como la extinción de la función de fedatarios públicos para los agentes de cambio en operaciones no ligadas a bolsa. El Ministerio de Economía y Hacienda tiene previsto mandar a las Cortes en 1987 un proyecto de ley, para que entre en vigor en el ejercicio, que instituya de una vez las nuevas formas de intermediación bursátil. Los responsables de este departamento entienden que va a seguir subiendo el mercado de valores, entre otros aspectos por el incremento de la demanda exterior, el optimismo generalizado del ahorrador y la llegada de dinero negro expulsado de otros circuitos como, por ejemplo, los seguros de prima única.

Otras, modificaciones podría llegar de la mano de la futura concertación social. Se conoce la actitud favorable de Carlos Solchaga para cambiar determinados aspectos del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley Básica de Empleo en el sentido de una mayor flexibilización del mercado laboral, pero nadie apuesta sobre seguro sobre si se llevarán a cabo. Lo que sí es seguro es que no pasa por los planes del Ejecutivo aumentar la libertad de despido en España.

Por el contrario, y a pesar de lo declarado en más de una ocasión por el ministro de Trabajo, el departamento de Economía estaría dispuesto a que el Gobierno entre en las próximas negociaciones sobre un pacto social siempre que tuviese la seguridad de que los agentes sociales (patronal y sindicatos, y especial UGT) lo quieren y están dispuestos a cesiones para conseguirlo. Ello implicaría conversaciones sobre aspectos tan controvertidos de flexibilidad como tratamientos en la movilidad geográfica, vinculación creciente de productividad y salarios, salarios de entrada, etcétera. Se teme que las últimas derrotas sindicales de la UGT lleve a una radicalización de las posturas de este sindicato.

Cuotas de la Seguridad Social

En relación con el contenido de la próxima concertación social y con la marcha del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) el primer año de su implantación, los responsables de la política económica están estudiando una de las más clásicas demandas de la patronal: la sustitución de imposición indirecta por imposición del factor trabajo. Es decir, la posibilidad de incrementar el tipo medio del IVA -12%- disminuyendo en una proporción equivalente las cuotas empresariales a la Seguridad Social. Para ello sería preciso posiblemente una ley sustantiva, que sería presentada después de la negociación consiguiente con las partes.

Por último, Economía ha presentado ya al Parlamento las respuestas a las más de 250 preguntas del Grupo Popular sobre Rumasa. Se trata de un trabajo del que se desprende, a grosso modo, que la reprivatización del holding de la abeja ha costado alrededor de medio billón de pesetas.