Los magistrados serán juzgados durante este año judicial

Los magistrados Carlos Lorenzo-Penalva de Vega y Joaquín García Lavernia y otros seis profesionales del derecho serán juzgados ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo antes de que finalice el año judicial en el mes de julio, según se asegura en medios jurídicos. La investigación contra estos magistrados finalizó el pasado mes de octubre y la causa se encuentra ahora en poder del ministerio fiscal para que cumplimente el trámite de calificación provisional.El procedimiento contra estos dos jueces se inició en julio de 1982, cuando la Guardia Civil recibió una denuncia anónima asegurando que se venían cometiendo supuestos cohechos en los juzgados 2 y 6 de Primera Instancia de Barcelona.

La investigación la inició el capitán de la Guardia Civil Asterio Gil Gil, que en aquella época era jefe de análisis de los Grupos Operativos de la Guardia Civil.

Querella de Barón

En el mes de mayo de 1983, el fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón Barba, interpuso una querella criminal por los presuntos delitos de cohecho y prevaricación. La querella mencionaba que los magistrados se habían puesto de acuerdo con los otros acusados para nombrarlos interventores, comisarlos o depositarios de los procedimientos. de quiebras o suspensiones de pagos que se siguieran en sus respectivos juzgados, recibiendo a cambio un porcentaje de las ganancias.

El Supremo decidió en julio de 1984 procesar a los dos magistrados y al abogado Luis Lorenzo-Penalva de Vega, hermano de uno de los jueces, por supuesto cohecho. Era la primera vez en lo que iba de siglo que el Supremo procesaba a dos magistrados. Posteriormente, el alto tribunal procesó a los magistrados Ricardo Varón Cobos y Jaime Rodríguez Hermida por su supuesta implicación en el caso Bardellino.

En el mes de diciembre de 1985 la misma Sala Segunda amplió el auto de procesamiento contra Joaquín Vidal Ríos, Juan Magrí Barrera, Gloria Viñals Gabanach, Fernando Sánchez Sánchez y Pedro Norberto Truyas, a quienes fijó una fianza de dos millones de pesetas para hacer frente a las responsabilidades civiles.

Actualmente, los dos magistrados se encuentran suspendidos de sus funciones y apartados provisionalmente de sus juzgados.