El Gobierno prepara nuevas normas para tipificar como figura delictiva la de "traficante ilegal de armas"

El Gobierno quiere que en un futuro próximo quede tipificada en la legislación española la figura delictiva de traficante ilegal de armas, inexistente en la actualidad, según fuentes gubernamentales. Actualmente, las presuntas transgresiones de las normas sobre tráfico de armas son consideradas, en el peor de los casos, como faltas administrativas, castigadas sólo con la no concesión de nuevas licencias de exportación a las empresas correspondientes. De hecho, ninguna persona ha sido juzgada o encarcelada en los últimos años por algún delito de esas características.

Técnicos del Ministerio de Defensa estudian estos días diversas legislaciones extranjera para realizar un análisis comparativo y elegir la fórmula más adecuada para el caso español. Según personas que conocen los estudios, las normas de cada país son muy diferentes entre sí. La República Federal de Alemania, por ejemplo, tiene una legislación muy restrictiva y, en muchos casos, las empresas utilizan países intermedios -como fue el caso de España para vender helicópteros de combate a Irak- para saltarse las restricciones del Gobierno federal.Los especialistas españoles han indicado que uno de lo problemas planteados a la hora de tipificar el citado delito consiste en que esa iniciativa debe materializarse a través de una ley y, si el delito incluyera la posibilidad de privar de libertad a los culpables, sería necesaria una ley orgánica.

En la actualidad, la única le gislación en ese terreno es un real decreto de 1978 por el que se creó la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior. En el decreto se indica que lajunta aplicará criterios políticos -no especifica cuáles- a la hora de conceder o no licencias de exportación, y añade que podrá exigirse certificados de último destino a los exportadores y de entrada de los productos en el país comprador.

Sin embargo, en medios gubernamentales se ha reconocido en varias ocasiones que esos certificados de último destino han sido falseados en distintos casos con conocimiento del exportador español. Así, se han producido ventas que teóricamente tenían como último destino Libia, Jordania o Arabia Saudí y, sin embargo, las armas correspondientes han sido usadas en Irán o Irak. Ello ha sido posible debido a que autoridades de los países que actuaron como intermediarios firmaron los certificados de último destino, en algunos casos a cambio de percibir un porcentaje -alrededor del 5%, según personas conocedoras del problema del coste de la operación comercial.

Cumplir la ley

Cuando las autoridades españolas han tenido conocimiento de alguno de estos casos, se han limitado a no conceder más licencias a las empresas españolas que presumiblemente han obrado malintencionadamente. Sin embargo, los propietarios de esas empresas han creado nuevas sociedades y han continuado realizando operaciones similares. En casos de sanciones como la citada, la Administración ha actuado por la vía de hecho, ya que tampoco puede comunicar oficialmente a las empresas infractoras que nunca más se les concederán licencias de exportación, ya que esta medida sería hoy inconstitucional.Por el momento, los técnicos, de la Administración entienden que el primer paso en la refórma de la legislación sobre tráfico de armas debe consistir en el cumplimiento puntual y estricto del decreto de 1978. El Ministerio de Asuntos Exteriores, como recientemente señaló su titular, Francisco Fernández Ordóñez, defiende que cual quier reforma debe respetar la competencia de ese departamento para vetar por motivos políticos cualquier posible exportación de armamento.

Por su parte, en medios oficiales del Ministerio de Defensa se indica que algunos aspectos políticos -como la venta a países en guerra o que no respetan los derechos humanos- debían estar recogidos en la legislación futura, mientras en Exteriores se estima que el actual decreto deja abiertas todas las posibilidades para aplicar los criterios que estime el Gobierno.

Entre los exportadores españoles de armas, según las fuentes informantes, existe en estos días un claro nerviosismo por conocer cuáles será la futura legislación. Algunos de ellos han llegado a comentar que, si se introduce la prohibición de vender armas a países que no respeten los derechos humanos y a otros situados en zonas calientes, España,no podrá exportar ni un cartucho, ya que el 90% de sus actuales clientes están en uno de esos dos grupos.

El Ejecutivo mantiene oficialmente que no se venden armas a países en guerra o que mantienen claras trasgesiones de derechos humanos. En medios oficiosos, sin embargo, insisten en que continuamente se hacen ambas cosas, pero que se realizan sin la autorización de la mencionada junta.

Con las normas hoy vigentes y con los sistemas de aplicación de las mismas, Exteriores ha mantenido numerosas fricciones con departamentos como Industria y Comercio, más proclives a conceder licencias para operaciones que beneficien a la industria española de armamento, por encima de reservas políticas.

No obstante, algunos criterios mantenidos por Exteriores en los últimos años serán materializados en breve ya que, por ejemplo, varios exportadores de armas ya han recibido la comunicación oficial del Gobierno de que, en breve, será prohibida la venta de armas a Paraguay y Suráfrica. En este segundo caso, España ha vendido en los últimos años al Gobierno racista armas cortas -la mayoría fabricadas por empresas vascas- y escopetas.

En la actualidad, los únicos vetos o embargos acordados por el Gobierno se refieren a la venta de armas pesadas a Suráfrica y la exportación de material bélico a países en guerra.