Las cámaras agrarias quieren arrendar sus bienes para conservarlos
El presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Agrarias (Conca), José María Giralt, ha enviado una carta a los titulares de las Cámaras españolas proponiéndoles que antes del 17 de diciembre constituyan en cada localidad una asociación que arriende los servicios y patrimonios de las Cámaras. Se pretende así impedir que el patrimonio de las Cámaras locales pueda quedar en poder del Estado una vez aprobada la nueva ley de Cámaras Agrarias. El Ministerio de Agricultura considera que este traspaso de propiedades es ilegal, ya que para realizar el arriendo, y según especifica el decreto actualmente en vigor las Cámaras, necesitan el permiso de la Administración.
El próximo día 15 se discute en el Pleno del Senado la ley de Cámaras, que puede quedar ya definitivamente aprobada. Según esta ley, el patrimonio de las cámaras, en las localidades donde las comunidades autónomas o la Administración central decida su desaparición, será destinado "a servicios de interés general agrario". La Conca ha convocado un congreso de agricultores para oponerse a la ley, que se celebrará durante el día de hoy en el recinto de la Ciudad Deportiva del Real Madrid.La Confederación ya afirmó a principios de esta semana que las cámaras agrarias continuarían existiendo, aunque fuera como entidades privadas y al margen de la nueva ley. Para conseguir este objetivo, el presidente de la Conca, actuando en nombre del Comité Interasociativo Agrario -cuya constitución fue aprobada por la propia confederación-, ha enviado una carta a los representantes locales de las cámaras sugiriendo el arriendo de sus bienes antes de la aprobación de la ley.
Crear asociaciones
Giralt ruega a los responsables agrarios que "cumplan con su responsabilidad difundiendo al máximo la alternativa de crear en cada localidad una asociación denominada Asociación de Miembros Agrarios de la Cámara de... (AMACA)". Estas sociedades, indica la carta, podrán "arrendar los servicios y patrimonios de las Cámaras Agrarias que así lo acuerden".
La propuesta es que el Comité Interasociativo Agrario, que también preside Giralt, y la Cámara Agraria local, previo acuerdo del pleno, realicen un contrato de arrendamiento, con opción de compra, de los patrimonios y servicios existentes. Giralt, como presidente del comité, delega sus poderes en el agricultor designado por cada pleno local para que éste realice el arriendo. La carta señala también que, simultaneamente, se legalizará la AMACA de cada localidad, "en quien revertirán todos los derechos de los contratos efectuados entre la cámara y el comité, por expresa renuncia de éste".
Por el momento y, según fuentes bien informadas, se han realizado los trámites de arrendamiento de los bienes de unas 500 cámaras locales, de las 8.000 existentes. Para el director general del Instituto de Relaciones Agrarias (IRA), Jesus López Sánchez Cantalejo, estas trasmisiones de patrimonio son ilegales y no válidas, "en tanto que el actual decreto que regula a las cámaras indica que cualquier arrendamiento o venta de bienes debe ser aprobado por el Ministerio de Agricultura, y en ningún caso la Administración está dispuesta a hacerlo".
Junto con la carta, se adjuntan todos los documentos necesarios para realizar el traspaso de poderes y los arrendamientos con lo que los representantes de las cámaras sólo deben rellenar los espacios en blanco.
Contrato tipo
Incluso se adjunta la copia de un contrato de arrendamiento tipo, con el aviso de que uno igual debe comprarse en el estanco, y se incluyen los estatuos de la nueva sociedad.
En el contrato adjuntado se indica que la cámara ha decidido arrendar "con opción de compra" su inmueble y todos los enseres en él existentes "por un plazo de 90 años". El arrendatario será en todos los casos el Comité Interasociativo Agrario.
Otro de los documentos enviados por el presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Agrarias es una manifestación privada en la que José María Giralt, haciendo uso de sus poderes como presidente del Comité Interasociativo, se declara "dispuesto a asumir la titularidad de bienes y derechos pertenecientes a asociaciones, corporaciones o sindicatos".
La asunción de esta titularidad no se realiza, dice, "en beneficio del comité, sino de las asociaciones u organizaciones integradas o que en el futuro se integren en el mismo".
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