'Go home'

LAS DECLARACIONES del secretario de Estado, George Shultz, en Bruselas en el sentido de que Estados Unidos podría optar por una retirada de todos sus efectivos de España deben ser recibidas sin ningún dramatismo. Son la contestación a una posición concreta del Gobierno español, que ha comunicado al norteamericano la necesidad de que abandone las bases de Torrejón y Zaragoza si se quiere llegar a un nuevo convenio bilateral. Pero mientras Felipe González no tiene otro remedio que cumplir su promesa hecha con ocasión del referéndum sobre la OTAN llevando a cabo una reducción sustancial de tropas norteamericanas en nuestro país, la dureza de Shultz parece más bien sólo verbal.Desde 1953, España tiene en su suelo, con diversas fórmulas jurídicas, bases norteamericanas para la aviación y la marina y un número determinado de militares de EE UU. Independientemente del papel que desempeñaron, durante un período no corto, para el fortalecimiento de la dictadura del general Franco, esas bases han constituido el nexo mediante el cual España se ha asociado al sistema occidental de seguridad. Con la entrada de España en la OTAN se produce un cambio radical. Este cambio es el punto decisivo y la justificación esencial de la actual posición española, y en la raíz de la actitud de EE UU está la negativa a reconocer ese cambio. Cuando Shultz dice que "la relación con esas bases viene de lejos" olvida que las bases pueden ser materialmente más o menos las mismas, pero ahora la relación es otra.

Una vez miembro de la OTAN, España podría haber dicho que ya las bases no eran necesarias, e iniciado el procedimiento de denuncia del convenio bilateral con EE UU, al menos en ese punto. No lo ha hecho así. La propuesta que el Gobierno de González ha sometido a los electores, dentro del mismo referéndum sobre la OTAN, era que "se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de Estados Unidos en España". Esta cláusula ha sido aprobada por el pueblo español. Es un condicionante que ningún Gobierno democrático puede alterar.

Desde el inicio de las negociaciones, EE UU ha adoptado una actitud intransigente. Esta intransigencia ha crecido de tono con las recientes declaraciones del secretario de Defensa, Weinberger, que han tenido que ser rectificadas por el secretario general de la OTAN. Washington sólo acepta reducciones si España, caso por caso, asume las misiones cumplidas hasta ahora por las fuerzas norteamericanas. La cuestión es que España puede y debe asumir misiones necesarias para los objetivos de seguridad de la OTAN, pero no las que realizan las fuerzas de EE UU, hoy las más numerosas, para otros fines de la estrategia norteamericana en el Mediterráneo o en Oriente Próximo. Por eso la demanda española se centra en la supresión de las bases de Torrejón y Zaragoza, que han sido utilizadas como escala en misiones sobre Libia y otros países del área.

Como bien ha recordado el ministro de Exteriores español, si no hay un acuerdo antes de noviembre de 1987, España tendrá que denunciar el convenio bilateral, pues de otro modo éste quedaría prorrogado automáticamente, en contra de lo votado por el pueblo español en el referéndum sobre la Alianza. Para no denunciar el convenio, el Gobierno español necesita tener antes de esa fecha un acuerdo concreto sobre la reducción de la presencia militar norteamericana. En realidad, lo que se plantea, pues, no es tanto una prolongación del actual convenio como la redacción de un acuerdo nuevo sobre las nuevas realidades de la política exterior española. Este acuerdo queda condicionado, como es obvio, a la reducción de tropas.

Los países de la OTAN son, sin embargo, muy sensibles en estos momentos a cualquier tendencia de EE UU a retirarse o a tomar distancias con la defensa europea. Después de la reunión de Reikiavik, los aliados temen que una eventual eliminación -o reducción- del paraguas nuclear deje a las fuerzas convencionales europeas desguarnecidas frente a las del Este. Al hablar de la retirada de España de los efectivos de EE UU, Shultz quiere provocar una presión de los Gobiernos europeos sobre España para que se muestre más dócil en las negociaciones con Washington. Esta presión ya la hizo Kohl en su visita a Madrid, y se ha hecho sentir desde Italia. La coyuntura europea facilita la maniobra de Shultz, cuya base argumental es muy endeble. Las bases en España son un problema bilateral, y como tal debe ser resuelto.

Sería precipitado creer que las posibilidades de llegar a un acuerdo están agotadas. El plazo para alcanzar tal objetivo es aún largo, unos 11 meses, y existen posibilidades de llegar a una solución que tenga en cuenta los intereses de las dos partes. Desde un punto de vista militar y no político o de prestigio, Rota es la base verdaderamente crucial para EE UU, y España no pone en cuestión su permanencia. El único dramatismo que inspira la eventualidad de la denuncia del convenio, que por ahora no parece la más probable, sería una penetración progresiva norteamericana en Marruecos y un posible aumento de la tensión en Ceuta y Melilla, alentado desde el Pentágono como pago a Hassan por los servicios prestados. El otro punto conexo, Gibraltar, puede archivarse por el momento: los estadounidenses no van a abandonar su apoyo a los británicos y a la base de la Roca en un momento en que surgen problemas con España. La visita del general Rogers al Peñón, que suscitó la consiguiente protesta del Gobierno español, es bien significativa de quién dicta las reglas del juego.