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Tribuna:LA MINERIA PÚBLICA

Hunosa como paradigma

La crisis de la empresa pública minera Hunosa es utilizada por los liberales como paradigma del fiasco del sector público español. Se trata de recortar la presencia del Estado en la economía y de deteriorar la imagen de los mineros, que son presentados también como responsables. La crisis de Hunosa, empresa cuyo futuro depende del programa de viabilidad a largo plazo que se está elaborando, se debe a las hipotecas de su creación y a las improvisaciones de la Administración.

Hunosa, cuyo capital pertenece al INI, es una empresa fundamental en la estructura económica de Asturias. Su incidencia directa e inducida sobre la economía regional representa cerca del 20% del empleo, el 15% del VAB y el 8% del valor de la producción. Las rentas generadas por la actividad de Hunosa se complementan con el efecto multiplicador que ejercen sobre el conjunto de la economía asturiana, haciendo de Hunosa -junto con Ensidesa- la empresa vertebradora de la economía del Principado.Esta decisiva influencia económica se refuerza al considerar el factor de concentración de los efectos de renta y empleo en la comarca central (Nalón, Caudal y Aller), zona que depende prácticamente en exclusiva de Hunosa y su entramado industrial. Un ejemplo lo confirma: en el municipio de Aller, los salarios abonados por Hunosa suponen el 80% del total de los salarios percibidos por los trabajadores.

La producción de Hunosa, 3.750.000 toneladas métricas vendidas en 1985, la convierten en la primera empresa hullera de España, siendo, en consecuencia, el instrumento esencial para cualquier política energética que tenga como objetivos lograr un alto nivel de autoabastecimiento de materias primas energéticas y reducir la dependencia exterior del suministro de las mismas, disminuyendo la vulnerabilidad de nuestra economía.

El deterioro de Hunosa

Junto a los datos que hacen de Hunosa una realidad necesaria por intereses regionales y nacionales, existen otros que avalan la necesidad de un cambio en su trayectoria. El constante incumplimiento de los planes elabora dos (que sólo se han cubierto en un año desde su creación), la conflictividad laboral permanente (que alcanza índices excepcionalmente elevados) y las pérdidas crecientes (que, sin contar las subvenciones, supusieron en el último ejercicio 8.400 millones de pesetas) han creado un clima de deterioro empresarial que pone recurrentemente en cuestión su continuidad.

Sin embargo, esta situación es deudora primeramente del proceso de constitución de Hunosa en 1967, que se forma con la integración de las minas más deterioradas técnicamente, después de que los empresarios privados utilizaran la llamada Acción Concertada para desviar recursos a otros sectores, colocando a la minería de la hulla en una profunda crisis. En realidad, esta crisis tuvo su principio en el Plan de Estabilización, cuando al liberalizar el comercio exterior se abre el mercado español al carbón importado y se potencia la utilización masiva de los derivados del petróleo. Después, la sobrevaloración de los activos de las empresas que conformaron Hunosa, la indefinición en los años siguientes de objetivos empresariales en el sector hullero y la posterior incorporación de sociedades descapitalizadas condicionaron muy negativamente la evolución de Hunosa. En definitiva, la empresa pública minera se creaba para enterrarla, mientras a los empresarios privados se les apartaba para beneficiarlos, con la supervaloración de activos y la cesión a la Administración de los pasivos: Hunosa fue el resultado de la más procaz nacionalización de pérdidas del tardofranquismo.

El antiguo régimen tenía, además, otro objetivo manifiesto con la constitución de Hunosa (paralela al cierre de las siderurgias históricas de Langreo y Mieres y el traslado de Uninsa-Ensidesa a la costa), que consistía en reducir drásticamente el colectivo minero industrial de las cuencas debido a su permanente lucha contra el régimen.

Tradición combativa

Como es sabido, la dificultad del trabajo en las minas, las deficiencias de equipamientos sociales del hábitat minero y la tradición combativa de los mineros asturianos situaron a este colectivo en la vanguardia de la lucha antifranquista. Con la operación Hunosa-Uninsa-Ensidesa se trataba no sólo de reprimir económicamente la zona roja asturiana, sino además romper socialmente el movimiento obrero entonces más organizado y consciente del país.

Así, los objetivos que se fijaron para Hunosa con el llamado Plan de Reestructuración 1969-1979 fueron elaborados desde la perspectiva política de reducir paulatinamente la actividad minera para disminuir la oposición al régimen franquista.

Cierto que el proceso de deterioro de la empresa minera continuó en los años de la transición. Durante ese período, los sucesivos Gobiernos siguieron una política de abandono que tenía como propósito anunciado la compra de paz laboral y social mediante concesiones presupuestarias renovables cada año en los planes y convenios.

Además, desde la creación de la empresa se sucedieron en la gestión diferentes directivos que han fracasado en su tarea ejecutiva, dando origen a una creciente burocracia que, lejos de impulsar Hunosa hacia una mejora de resultados, provoca la desmotivación de la oficinía y de los trabajadores.

La excepción que confirma la regla de este cuadro general se deterioró en 1981, cuando se acuerda el Plan de Reconversión, que suponía un giro notable en la trayectoria de Hunosa, al firmarse por primera vez un programa entre la empresa, las organizaciones sindicales y la Administración que se cumpliera. En efecto, durante los dos primeros años del plan se cubrieron los objetivos de producción, se redujo el absentismo y por primera vez en la historia de la empresa bajó el coste por tonelada. Sin embargo, la positiva tendencia tras la política de concertación de 1981 se quebró en 1983, llevando a Hunosa a la crisis actual.

Esta larga marcha de Hunosa de la nada a la miseria, según el criterio economicista, se explica también porque las distintas Administraciones se han inhibido en la ejecución de una política hullera de modernización que en la minería europea se realizó hace más de una década. Se explica porque unas Administraciones autoritarias o democráticas que han aportado suficientes recursos para la continuidad de Hunosa no han sido capaces, en una empresa de su propiedad, de establecer los objetivos necesarios y determinar las estrategias convenientes; se explica porque una sucesión de equipos directivos donde se repiten los mismos nombres son insolventes para imprimir a su función ejecutiva el necesario grado de exigencia y responsabilidad, y porque, como consecuencia, la plantilla de trabajadores está desmotivada dada la dejadez de quienes tienen la obligación pública de fijar líneas de actuación e implementar el cumplimiento de los planes.

Hunosa se ha convertido así en una empresa que, por su grado de ineficiencia, es utilizada por los llamados neoliberales como ejemplo de la perversidad de la empresa pública y lo nefasto de la intervención estatal en la economía.

Los smithianos liberales remozados vocean por todas partes su fórmula redentora: la privatización del sector público, nuevo episodio desamortizador que hará productivos los bienes hoy en manos muertas. Ocultan, sin embargo, que, a pesar de la destreza de la mano invisible que guía al sector privado, la gran crisis bancaria fue resuelta con fondos públicos o que la del holding Rumasa fue saneada también con cargo a los presupuestos generales del Estado. Además, estos liberales renuncian púdicamente a denunciar que el dinero público y la intervención administrativa siguen favoreciendo a las empresas privadas para que acumulen dividendos.

En el caso de Hunosa, estos propagandistas del antiguo dogma olvidan interesadamente el lastre que los empresarios privados de la hulla dejaron como herencia a la empresa pública, que condicionó de manera decisiva la evolución negativa de Hunosa hasta nuestros días. Lastre que el sector público se ve forzado a sostener para poder diseñar una política energética menos vulnerable a choques externos; lastre que el sector público debe sostener para evitar la desertización de Asturias y, con ella, el acercamiento de las posibilidades de desarrollo de la región.

Sin duda, una parte de las pérdidas de Hunosa es debida a la falta de rigor político de las sucesivas Administraciones, que no acometieron la tarea de ajustar, modernizar y diversificar la empresa. Pero a esta sangría de recursos públicos tampoco es ajena la ineficiencia de los dirigentes. En este sentido, los últimos responsables de la empresa, la Administración y el INI, no pueden hacer dejación de sus funciones para garantizar el futuro de Hunosa: al igual que en una empresa privada, el accionista ejerce control sobre la dirección, incentivando las prácticas que conducen a obtener beneficios y penalizando las ineficiencias, el INI debe establecer sistemas de funcionamientos y evaluación de la actividad de la empresa que permitan hacer depender la continuidad de sus directivos de los resultados que se obtengan.

Los mineros

En este contexto de dejación de sus funciones por parte de los propietarios y de los directivos, se ha creado un estado de opinión consistente en atribuir a los mineros la responsabilidad de la mala marcha de la empresa. La falsedad que encierra este planteamiento no logra ocultar la intencionalidad política de quienes lo difunden. Atacando a los mineros se ataca al sector más consciente y maduro de la clase obrera: por eso Hunosa se ha convertido en paradigma de la crítica a la empresa pública. Pero una Administración socialista que crea en la empresa pública debe comenzar a poner en práctica una política de objetivos concertados y financiación solvente, para permitir que la minería del carbón -con mercados seguros y obreros responsables- se convierta en un ejemplo a seguir.

En realidad, Hunosa es el punto de referencia esencial al hablar de empresa pública, sobre todo por el grado de organización y solidez del movimiento sindical. En Hunosa, la afiliación obrera alcanza al 90% de los trabajadores, uno de los mayores porcentajes de Europa; en Hunosa, las organizaciones sindicales, desde las que se articuló el movimiento obrero antifranquista, tienen una experiencia de concertación y responsabilidad que las convierte en impulsoras e interlocutoras esenciales de una política de exigencia y de defensa de la empresa pública.

En resumen, los mineros asturianos, que estuvieron en vanguardia luchando por las libertades democráticas para España, estarán también en la brecha para la defensa de la empresa pública y la democracia económica. Y es necesario que la Administración entienda que si se ponen los medios financieros y técnicos al servicio de esta causa pública, el Gobierno socialista habrá cubierto un objetivo histórico.

Germán Ojeda es profesor de Historia Económica de la universidad de Oviedo y director de la Fundación José Barreiro.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 8 de diciembre de 1986