Con las cartas marcadas
EL ASUNTO Boesky, un escándalo que sacude actualmente la bolsa norteamericana, plantea una serie de cuestiones que van bastante más lejos de lo que allí sucede y que atañen al funcionamiento de los mercados de valores en las sociedades posindustriales. Ivan Boesky, un agente de bolsa, ha sido acusado por la Comisión del Mercado de Valores de utilizar en su beneficio personal información confidencial sobre compañías cotizadas en la bolsa: algo que en la jerga del mercado se denomina insider trading.
Las pruebas contra Boesky las obtuvo la comisión gracias a la colaboración de otro agente acusado del mismo delito, al que se le propuso librarse de la cárcel a cambio de su colaboración, procedimiento éste frecuentemente empleado en Estados Unidos. Según el testigo, Boesky consiguió información sobre ofertas públicas de compra de algunas compañías en situación difícil, tras lo cual, antes de anunciarse las operaciones, adquirió grandes cantidades de títulos de dichas empresas en dificultades, títulos que se vieron sustancialmente revalorizados de forma inmediata. Como consecuencia de todo ello, Boesky ha sido expulsado de la bolsa, obligado a devolver unos beneficios de 50 millones de dólares (6.650 millones de pesetas) y multado con otros 50 millones. En total, pues, ha tenido que pagar unos 13.300 millones de pesetas.
Se trata del caso más importante hasta el presente de utilización abusiva de información, pero no el único. Hace unos días, sin ir más lejos, se producía un caso semejante, aunque de menor envergadura, en Londres. La sucesión de estos fenómenos en las bolsas anglosajonas no debe interpretarse como prueba de la inmoralidad de las mismas, sino más bien al contrario: si en otras bolsas no se han producido escándalos semejantes se debe a que la ley protege menos a los inversores y más a los agentes, porque no contempla la figura de la utilización abusiva de información.
En España no existe ni tan siquiera un órgano independiente de los operadores que vigile la transparencia del mercado, de modo que incluso miembros de las juntas sindicales de las bolsas, que son las que teóricamente deben velar por el buen funcionamiento del mercado, son al mismo tiempo partícipes activos en sociedades de intermediación que operan en las bolsas de su jurisdicción. Cualquier modernización de las bolsas españolas ha de pasar por un cambio sustantivo de la forma de operar en ellas. Entre las muchas cosas que se han quedado en el tintero a raíz del fracaso socialista en la reforma de la Administración está una reconsideración del papel de los agentes de bolsa, su sistema de selección, sus obligaciones y sus corretajes en determinadas operaciones. La dinamización y ampliación del mercado de capitales pasa porque éste deje de ser un arcano para iniciados y gane transparencia y comprensibilidad. La separación nítida entre los intermediarios de ese mercado y el mercado mismo no es fácil de conseguir, pero resulta una condición indispensable de esa transparencia. No sabemos cuántos Boesky ha habido en España en los últimos tiempos, pero lo que es evidente es que ninguno de ellos hubiera sido perseguido por la ley.
