La redada

Las recientes redadas masivas instigadas por algunos miembros del poder judicial contra centros de planificación familiar por presuntas prácticas abortivas, en momentos en que el Gobierno se disponía a introducir medidas que, aunque insuficientes, tenían carácter liberalizador, exigen algo más que una reflexión jurídica para comprender el significado y la trascendencia que, con vistas al futuro, pueden tener las mismas.A pesar del carácter sacrosanto que muchos conceden a las decisiones Judiciales, como si éstas fuesen emanaciones puras de la justicia por encima del bien y del mal, la sociedad, los ciudadanos, tenemos derecho a ejercer la crítica sobre ellas, pues, quiérase o no, muchas tienen importantes efectos sociales y políticos, e incluso muchas veces están mediatizadas por concepciones ideológicas alejadas plenamente del consenso social existente en un momento histórico concreto.

En un caso como el del aborto, la legislación, y más la actual, siempre dejará lagunas que podrán dar pie a interpretaciones diversas por los jueces. Igual que en el Reino Unido fueron éstos en gran medida los que, con su jurisprudencia, sentaron las bases para entender la cuestión del Aborto como algo que concernía, en la práctica, única y exclusivamente a la voluntad de la mujer embarazada, las recientes actuaciones de los jueces españoles, de generalizarse, pueden llegar a constreñir aún más los pacatos límites de la legislación actual. Por ello es importante que la sociedad civil -el problema no atañe solamente a las mujeres- reaccione vigorosamente con la crítica y la oposición a aquellas decisiones judiciales que, levantando obstáculos a las leyes que amplían la libertad del individuo, se alejan del mandato establecido en el Código Civil de interpretar las normas "de acuerdo con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas".

Como testigos privilegiados que hemos sido de las últimas decisiones judiciales, queremos referirnos críticamente a ellas, especialmente a las del titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, cumpliendo con ello ya no sólo con nuestro deber como defensores, sino también como ciudadanos. Llama poderosamente la atención en la actuación del juez Del Valle que de las personas que habían acudido a las consultas allanadas sólo fueron detenidas y llevadas a presencia judicial las mujeres, siendo puestos en libertad inmediatamente los hombres tras tomarles la filiación.

El juez actuante sabe, o debería saber, que los delitos que tipifican el aborto no excluyen a los hombres como posibles autores, cómplices o encubridores, sin necesidad de que sean médicos. Es más, incluso en algún caso podían llegar a tener mayor responsabilidad penal que la propia mujer que aborta. ¿Cómo explicar la puesta en libertad de los hombres sin intentar determinar cuál era su grado de participación en las supuestas prácticas abortivas que el juzgado estaba investigando? Si no había motivos para detener a los hombres, ¿cómo es que sí lo había para detener a las mujeres? Una actuación judicial coherente obligaba a la detención de todos o de ninguno. La discriminación que se realizó, que todavía no ha sido explicada, sólo tendría una de estas explicaciones: o fue una negligencia, o se produjo una detención ilegal (la de las mujeres), o se produjo una decisión manifiestamente injusta (la no detención de los hombres). De cuál de las posibilidades se trata es un tema que deberán dilucidar los órganos disciplinarios del Consejo General del Poder Judicial y los tribunales. Esperemos que el ministerio fiscal tome nota de ello.

No obstante, sea cual sea la explicación de esa decisión, ésta ya ha tenido efectos. Las mujeres pueden sacar una conclusión: aunque se liberalice el aborto, siempre podrá existir un juez que ordene su detención, sin preocuparse siquiera de que sea realizada por mujeres, aunque sólo sea para que cuando tengan que ir a orinar no las tenga que acompañar un guardia civil, y despreciando su posible salud quebrantada, ya que si están en trance de abortar, legal o delictivamente, nos da lo mismo, su señoría no va a considerar conveniente llevar ambulancias y medios para atenderlas. Aunque estén detenidas, tampoco les va a dejar de importar que se las someta a preguntas como "¿qué es eso del flujo?", que raya la humillación.

Miedo

Y el efecto de estas conclusiones va a ser el miedo. Las mujeres van a sentir que se les está infundiendo miedo. De tal forma que si tienen que abortar, si pueden, seguirán yendo a Londres, o lo harán en España clandestinamente, pensándose dos veces el ir al hospital si se complica la operación, aun a riesgo de su vida.

Miedo que será compartido por aquellos médicos que están dispuestos a ejercer la profesión en este ámbito y sobre los que gravitan presiones desde diversos sectores, profesionales, colegiales y judiciales, a pesar de que la mayoría de la profesión está a favor del aborto, como demostró una encuesta realizada por el anterior presidente de la Organización Médica Colegial, doctor Rivera. Pero aquí los que presionan saben lo que hacen, porque, legalmente, sin médicos no puede haber abortos, y disuadirlos se convierte en un punto estratégico de los que mantienen posiciones antiabortistas. De seguir la cadena de encarcelamientos, no dudamos que se logrará ese objetivo.

De esta forma se cerraría el círculo. El temor, la inseguridad jurídica que determinadas prácticas judiciales infundirían en las mujeres y los médicos, actores necesarios de cualquier aborto, nos reconduciría a una situación similar a la que había antes de la reforma. Por ello es necesario hacer comprender a los jueces, mayoritariamente conservadores, que, hoy por hoy, la mayoría de los ciudadanos está a favor de que las mujeres puedan abortar cuando así lo decidan, aplicando la ley de forma tolerante y no inquisitorial, como hemos visto estos días.

Pero junto a ello es necesario también que el Gobierno legisle de acuerdo con la mayoría que le ha votado y deje de poner la vista en los poderes fácticos que se oponen a ella. Una legislación clara, que amplíe los supuestos que hoy contempla la ley, que limita al máximo las posibilidades interpretativas de los jueces, es una labor urgente del Gobierno que debe acabar de una vez por todas con el exasperante goteo legislativo que parece propiciar en esta materia.