La intimidad, violada

DESDE UNA niña de quince años con problemas de ovulación a una embarazada a punto de dar a luz declararon ayer ante el juez Carlos Valle, igual que otras decenas de mujeres por él citadas en la cruzada particular que este joven magistrado ha emprendido contra el aborto y sus circunstancias. Dicho sea con todos los respetos: lo de ayer no pudo ser más ridículo. Pero no resultó tanto que pudiera ocultar el sentimiento de humillación y ultraje de las pacientes de los centros de planificación llamadas a declarar, violadas en su intimidad, nos gustaría saber con qué fin, una vez que ya conocemos con qué métodos.El Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y los colegios de abogados podrían preguntarse por la diligencia de determinados jueces en la persecución del delito de aborto, cuando tanta es la pasividad judicial ante otro tipo de actividades delictivas -más del 50% de los presos en las cárceles no han sido juzgados todavía-. Parece como si la inseguridad ciudadana, los delitos económicos, el terrorismo y tantas otras cosas palidecieran de importancia ante la amenaza que constituyen para la sociedad unas mujeres con problemas de flujo menstrual que acuden a su médico, sin que el Estado sea ya capaz de garantizar que el secreto sobre su salud no va ser desvelado por los funcionarios a sueldo.

Toda actuación judicial que provoque alarma social injustificada o añada innecesariamente rigor y sufrimiento en la persecución del delito debe ser investigada. Las recientes redadas policiales en clínicas privadas o en centros de planificación que practican el aborto o asesoran sobre su práctica, la incautación indiscriminada de centenares de expedientes clínicos, amenazan con convertir en papel mojado el derecho a la intimidad, protegido por la Constitución. El poder judicial no es omnímodo: también está sometido a la ley, y la necesaria independencia de los jueces en su función jurisdiccional no es patente de corso para arremeter con resultados lesivos -contra los derechos de las personas. El Gobierno se espabiló con esta argumentación cuando ordenó a la Guardia Civil desobedecer los mandatos judiciales en el País Vasco. En este caso no se le ve con las mismas prisas. Y en absoluto creemos que el juez Valle deba ser desacatado: las mujeres citadas se han presentado a declarar. Eso sólo indica que hay decisiones jurídicamente correctas que atentan contra las leyes del más mínimo sentido común. Valga recordar entonces que el Consejo General del Poder Judicial tiene obligación de velar por que las actuaciones de los magistrados no incidan negativamente en el correcto funcionamiento de la Administración de justicia. Dudamos que lo que el juez Valle está haciendo incida positivamente en nada que no sea su popularidad entre los sectores sociales mas reaccionarios.

Pero los excesos judiciales en el tema del aborto resaltan todavía más la responsabilidad de un Gobierno incapaz de alumbrar una legislación adecuada que no dé ocasión a espectáculos tan dantescos como el que ayer nos deparó su señoría en los pasillos de los juzgados, Esa falta de legislación no puede ser suplida por el uso más o menos generalizado de los indultos, como responsables del Gobierno han manifestado públicamente. No es el perdón del Consejo de Ministros lo que las ciudadanas que abortan esperan, sino el reconocimiento de un derecho individual que no haga necesario viajar a Amsterdam, a París o a Londres cada vez que quiera ejercitarse. La indecisión a la hora de dar una solución global al problema no puede ser paliada con decisiones arbitrarias de carácter político, como el indulto, cuya concesión con pretensiones de generalidad está prohibida además por la Constitución.

En toda esta denigrante historia no puede olvidarse el curioso papel que están jugando los organismos corporativos de la clase médica, tan beligerantes cuando se trata de reivindicar el derecho a la cláusula de conciencia frente a la práctica profesional del aborto y tan insensibles cuando se trata de defender la confidencialidad de los datos clínicos confiados por sus clientes. La ley general de Sanidad de 25 de abril de 1986 ampara explícitamente la intimidad personal y la confidencialidad de los datos clínicos de todos cuantos utilicen las instituciones sanitarias. El observar que la confidencialidad es violada sin la más mínima protesta por parte de los médicos pone de relieve la politización y la ideologización unilateral del colectivo en el que reposa la salud de los españoles.

En resumen, el Gobierno, determinados jueces y amplios sectores de la clase médica están afianzando su propia política o su propia ideología sobre el drama humano de miles de mujeres y de aquellos que intentan ayudarlas. Una historia tan lamentable como tétrica en la que ya ni siquiera pueden enarbolar para justificarse la tan traída y llevada razón de Estado.