Carlucci, nuevo consejero de Seguridad Nacional
Ronald Reagan, enfrentado a una pérdida de popularidad de 21 puntos en un mes y a la evidencia de que la mayoría de los norteamericanos cree que su Administración está encubriendo el escándalo iraní, hizo caso a sus amigos políticos y a sus críticos y tomó la iniciativa. El presidente estadounidense, en una inesperada alocución televisada al país, a mediodía de ayer, anunció que solicita un fiscal especial -hay indicios de criminalidad- para que llegue hasta el fondo del caso; nombró a Frank Carlucci, que fue número dos de la CIA y del Pentágono, nuevo consejero de Seguridad Nacional, en sustitución de John Poindexter, y dijo que desearía que un comité especial único del Congreso consolidara la investigación.
El contraataque de Reagan, que se enfrenta la peor crisis de su presidencia y que la mayoría de los norte americano s considera tan seria como el Watergate (según un sondeo publicado ayer por The New York Times y la cadena de televisión CBS), fue elogiado por los líderes republicanos del Congreso y, en menor medida, por la oposición demócrata. Es la primera vez desde que se desató la crisis hace una semanas que el presidente abandona el búnker y da pasos positivos por los que estaban clamando la opinión pública, los medios de comunicación y la clase política.Prácticamente, a lo único que no ha accedido aún el presidente es a destituir a su jefe de Gabinete, Donald Reagan ("si me voy", ha afirmado, "el presidente se quedará sin pararrayos"), y al director de la CIA, William Casey, como le piden algunas voces desde su propio partido. Nuevas revelaciones aseguran que Casey autorizó el apoyo logístico de la CIA a la conexión iraní en noviembre de 1985, en contra de lo que ha declarado hasta ahora ante el Congreso. Tampoco ha reconocido Reagan que cometió un error al autorizar la operación secreta. "El pueblo norteamericano será el último árbitro de la situación cuando conozca los detalles", afirmó en su alocución, de cinco minutos de duración, desde el (despacho Oval, en la Casa Blanca. Ahora, el próximo movimiento le toca hacerlo al Congreso.
Dirigentes de ambos partidos elogiaron ayer la designación de Frank Carlucci al frente del Consejo Nacional de Seguridad (NSC), y le calificaron de hombre "capaz e íntegro".
El nombramiento (le un fiscal especial, como en el Watergate, que ahora legalmente recibe el nombre de independet counsel (consejero independiente), significa que de las investigaciones preliminares del Ministerio de Justicia existen indicios de criminalidad en el caso del suministro de armas a Irán y el desvío hacia la contra de fondos procedentes de su venta. El ministro de Justicia, Edwin Meese, explicó ayer que el fiscal independiente investigará la eventual criminalidad dentro y fuera de la Administración.
Meese, que solicitó ayer a un tribunal de tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones el nombramiento del fiscal especial (es el Poder Judicial quien lo designará y quien. establecerá su mandato y los límites de sus poderes), no quiso revelar qué leyes han podido ser violadas ni las personas que han podido cometer los supuestos delitos. Hasta ahora, el Ministerio de Justicia ha identificado a siete personas, cuyas acciones y movimientos, así como los documentos relacionados con las mismas, ha pedido que sean investigadas y embargados en los diferentes ministerios. Se trata de John Poindexter, su predecesor en el NSC, Rober McFarlane; Don Fortier, un ayudante de Poindexter que falleció de cáncer el pasado verano; el teniente coronel Oliver North, y el comandante Paul Thoinson, el líder de la contra Adolfo Calero y el general retirado Richard Secord.
El ministro de Justicia se quita de enmedio. La investigación preliminar que está llevando a cabo había suscitado críticas de conflicto de intereses, dada la íntima amistad de Meese con el presidente y su pertenencia al NSC, principal foco de la investigación. Meese y el presidente prometieron ayer una colaboración "total" con el fiscal especial y con el Congreso. El nombramiento del fiscal especial trata de asegurar, explicó Meese, "que se garantizará la confianza del pueblo de que todos los hechos serán investigados". El presidente prometió "ir al fondo" y contarlo todo cuando conozca los resultados de la investigación.
Los principales dirigentes republicanos afirmaron ayer, tras una entrevista con Reagan, que están convencidos de que el presidente dice la verdad y que no ha violado ninguna ley. "El presidente no se está tambaleando", como han afirmado los demócratas", declaró el senador Robert Dole. Es la primera vez desde que se desató el escándalo que los dirigentes del partido en el poder aparecen públicamente en televisión apoyando abiertamente a Reagan. El presidente aclaró ayer su frase de que no estaba "completamente informado", que daba pie a pensar que sabía algo, al ordenar a su jefe de Prensa, Larry Speakes, que dijera tajantemente a los periodistas que no tuvo "conocimiento alguno" de lo ocurrido hasta que Edwin Meese se lo dijo (el pasado lunes).
La pieza principal del escándalo, Oliver North, testificó el lunes, a puerta cerrada, ante el Comité de Inteligencia del Senado e invocó la enmienda quinta de la Constitución para no responder a las preguntas, alegando que las respuestas podrían incriminarle. Robert McFarlane fue interrogado a su vez durante seis horas y abandonó la sala cabizbajo y con el rostro enrojecido.
