El Gobierno implanta nuevos contratos de venta de carbón para sanear la minería

El suministro de carbón de las empresas mineras a las eléctricas podrá contratarse, a partir del próximo año, directamente entre las partes. El nuevo sistema forma parte de un plan que intenta, en el horizonte de los próximos 20 años, poner en rentabilidad y asegurar el empleo en la minería subterránea del carbón. Estas producciones gozarán de un precio de referencia asegurado a largo plazo. Además, las empresas en pérdidas podrán beneficiarse de un sobreprecio que cubra su déficit de explotación y de ayudas estatales "suficientes" para convertirse en competitivas de acuerdo a los parámetros de la CE.

El nuevo sistema de contrataciones, basado en contratos entre minas y compañías eléctricas firmados a largo plazo, se hará sin intervención del Estado, aunque el Gobierno garantiza el marco para la racionalización del sector. El plan va dirigido a asegurar las producciones en explotación subterránea en unas condiciones que harán posible el mantenimiento del empleo en el sector, según anunciaron ayer el director general de Minas, Juan José Cerezuela, y el delegado del Gobierno en la explotación del sistema eléctrico, Jorge Fabra.Las ventas de carbón nacional con destino a las térmicas eléctricas ascienden a 37 millones de toneladas anuales, casi un 90% de la producción total. Algo más de 24 millones de toneladas (66%) corresponden a carbón a cielo abierto y a lignito pardo, mientras que las explotaciones subterráneas aportan los 12 millones de toneladas restantes. La minería del carbón emplea a más de 50.000 personas, de las que 30.000 trabajan en el interior.

Los contratos a largo plazo asegurarán la venta de la producción de la minería subterránea en condiciones favorables. En primer lugar, este carbón tendrá un precio de referencia que se revisará de acuerdo a la media de los precios de los cuatro países más importantes de la CE y teniendo en cuenta la subida del índice de precios al consumo en España. Para el próximo año, las previsiones son de una subida del 5%. La acomodación a los precios de la Comunidad Europea será progresiva.

El carbón extraído en explotaciones subterráneas podrá beneficiarse además de un sobreprecio para el caso de las empresas en crisis, "que no sólo compensará las pérdidas, sino que permitirá la percepción de cantidades adicionales en función del capital social y de la eficiencia empresarial de un año con respecto al anterior".

Las ayudas públicas, destinadas a impulsar la inversión, las prospecciones, la investigación y la seguridad minera, no han sido todavía cuantificadas, aunque el próximo año supondrán ya "miles de millones". Además el sector podrá beneficiarse de las ayudas de la Comunidad Europea para el Carbón y el Acero (CECA), que podrán suponer otro tanto de la aportación del Estado español.

Planes estratégicos

Las empresas de capital público, Hunosa y Minas de Figaredo, seguirán sometidas para su saneamiento al mecanismo del contrato-programa con el Estado. Este amparo público será ampliado a la histórica mina de La Camocha, propiedad de la empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada. Esta empresa ha conseguido el apoyo financiero de los bancos Santander, Central y Pastor para su plan de viabilidad, en el que no se contemplan excedentes laborales. Hunosa tiene de plazo para negociar con los sindicatos su programa a largo plazo hasta el 31 de diciembre.El sobreprecio para cubrir las pérdidas será pagado con el recargo que ya existe en la factura eléctrica. El sistema actual de cupos y precios fijados por la Administración permite entregas adicionales de carbón extraído a cielo abierto, más barato, que se paga al precio del subterráneo para compensar a las empresas.

En el futuro, la supresión de toda ayuda a las explotaciones de cielo abierto, que tendrán un precio libre, acorde a las condiciones del mercado, permitirá que ese montante que ya pagan os consumidores en los recibos de la luz sea transferido a las empresas con pérdidas. Para las eléctricas, un sector también en proceso de saneamiento, no supone costes añadidos.

A estos contratos de venta a largo plazo podrán acogerse todas las empresas con explotación subterránea, aunque para ello tendrán que presentar un plan estratégico con un horizonte análogo al de duración del contrato a largo plazo. Esta garantía para sus ventas supone un "amparo a la capacidad de endeudamiento". El nuevo marco de ventas va dirigido a favorecer las asociaciones de minas pequeñas. Todas aquellas que produzcan menos de 50.000 toneladas al año y que no quieran llegar a acuerdos de suministro con otras y elaborar planes estratégicos verán suprimidas, al igual que las explotaciones a cielo abierto, las protecciones de que disfrutan, a un ritmo del 5% anual. La libre competencia, para todos, dentro de 20 años.