Aquino cree que el alto el fuego con la guerrilla comunista abre el camino a una paz definitiva

El Club Filipino de Manila, un local de actividades sociales y políticas de la clase alta de la ciudad, ha sido en menos de un año escenario de dos acontecimientos históricos. El primero, el pasado mes de febrero, la proclamación como presidenta de Corazón Aquino, mientras una ola de poder popular sacudía al país y derrocaba al dictador Ferdinand Marcos; el segundo, ayer, la firma de un alto el fuego con la poderosa guerrilla comunista. Aquino dijo que este acuerdo abre el camino a "una paz definitiva y honorable, para que una nación unida y libre pueda trabajar por su progreso".

A las 15.22 (8.22, hora peninsular española) representantes del Gobierno y de la guerrilla ponían su firma en dos documentos que pretenden un cese de hostilidades durante 60 días, a partir de la medianoche del próximo día 10, y se abrazaban sonrientes en presencia de más de 200 periodistas del mundo entero.Los principales negociadores del acuerdo, el ministro Ramón Mitra y el dirigente del Frente Democrático Nacional, Satur Ocampo, coincidieron en sus declaraciones en que lo conseguido hasta ahora es "sólo un cese de hostilidades" y aseguraron que lo más difÍcil, la definitiva paz, hay que negociarlo a partir de ahora. El acuerdo menciona que el principal objetivo del alto el fuego es "crear la atmósfera necesaria para próximas negociaciones" que comenzarán dentro de un mes.

Ambos negociadores dieron garantías de firmar en nombre de las fuerzas que representan y estimaron que no existe riesgo de que la tregua sea violada por ninguna de las dos partes. Mitra dijo que "el Gobierno habla en nombre de las Fuerzas Armadas y tiene un completo control de esa organización". Ocampo, por su parte, aseguró que su firma estaba "respaldada por todo el Nuevo Ejército del Pueblo (NPA, guerrilla comunista)".

Reconciliación cumplida

Ramón Mitra recordó que, con este alto el fuego, la presidenta Aquino cumple con todas las promesas de reconciliación que hizo al llegar al poder, y añadió que esto se ha conseguido "con un coste político no pequeño".El ministro añadió que "la sucesiva fase de negociaciones será incluso más difícil, aunque dijo que ya se ha conseguido, al menos, "el reconocimiento de que la desigualdad y la injusticia causada por la superconcentración de los poderes económicos, políticos y sociales no tiene lugar en una sociedad nacional".

Los negociadores firmaron -sin la presencia de la presidenta, que no había sido anunciada oficialmente, pero sí se esperaba- dos documentos: el Memorándum de acuerdo de un alto el fuego preliminar, y el Memorándum de acuerdo sobre garantías de seguridad e inmunidad y facilidades de movimiento. En el primero se establecen las acciones que se considerarán "actos hostiles" al acuerdo, entre las cuales no se encuentra el cobro del impuesto revolucionario, que ha sido una de las principales reclamaciones de la guerrilla. El Gobierno se reserva, sin embargo, el derecho de actuar legalmente contra esta actividad, así como contra "la obtención ilegal de armas", tampoco prohibida expresamente en el compromiso alcanzado.

Otro de los puntos delicados de] acuerdo ha sido la concesión, finalmente incluída en el segundo documento, de salvoconductos para los futuros "negociadores del NDF [que representa a la guerrilla en el diálogo con el Gobierno], personas de su equipo, asesores, personas de seguridad y todas las otras personas recomendadas por el NDF".

El pacto afirma que estas medidas sólo se aplicarán a "no más de 50" miembros del NDF, aunque añade que "el Gobierno puede conceder pases adicionales para períodos limitados de tiempo". Los portadores de salvoconductos podrán moverse por cualquier parte del país y tendrán derecho a portar armas "de acuerdo a las leyes vigentes".

Está prevista, además, la creación en Manila de una oficina para que desarrollen su actividad los negociadores, con lo que, por primera vez, podrán actuar de forma pública dirigentes relacionados con el proscrito Partido Comunista de Filipinas (PCP). La seguridad de esta oficina será responsabilidad del Gobierno.

Contra los anticomunistas

El acuerdo exige al Gobierno "arrestar, desarmar y perseguir" a los distintos grupos armados anticomunístas, así como a los "comandos perdidos y escuadrones de la muerte", que la guerrilla cree que están conectados con el Ejército. El Nuevo Ejército del Pueblo deberá, por su parte, controlar a las "unidades disidentes".Para controlar la aplicación del alto el fuego será creado un "comité nacional de alto el fuego" y varios regionales. El primero estará constituido por cinco personas, de ellas tres independientes, aceptadas por las dos partes, y el resto un representante de cada lado.