Los médicos acusados de abortos piden al juez Valle que se declare incompetente

Los médicos Guillermo Alfonso Sánchez Andrés, presidente del centro médico Dator, y los también directivos del mismo, Ramón José Hernández Lorenzo y Juan Manuel Sánchez Lorenzo, han recurrido contra el auto de prisión dictado contra ellos por el juez Carlos Valle y contra los también médicos Eduardo Cubillo y Paula Monmeneu, todos ellos acusados de prácticas abortivas. Los tres directivos y otros cinco empleados de Dator -también detenidos y posteriormente puestos en libertad- han pedido al juez Valle que decline conocer del caso, que debe pasar, por reparto, al juzgado competente. Asimismo recurren contra el secreto de las diligencias.

El recurso de los tres médicos directívos de Dator y sus cinco empleados -estos últimos, la auxiliar de laboratorio Begoña Jiménez; la psicóloga, María Luz Esteban Nuevo; la recepcionista y monitora, María Luisa Castro Fonseca; la monitora Esperanza Alonso López, y el administrativo Saturnino Sánchez Andrés plantea, como cuestión previa, una solicitud de declinatoria de jurisdicción.Bajo esta denominación, la abogada Cristina Almeida pide al juez Valle que deje de conocer "de unos supuestos hechos delictivos, de los que haya podido tener conocimiento ese juzgado, en el transcurso de la investigación que realizaba en averiguación de otros hechos en nada relacionados", dice, "con la actuación de mis patrocinados".

Esta solicitud se fundamenta en que la competencia del juez natural para entender de supuestos delitos, cuando existen varios juzgados de instrucción, es del que se encuentre de guardia respecto a los hechos ocurrido dentro de las 72 horas anteriores al comienzo de la guardia, y en los demás casos, del que corresponda por el reparto del decanato. Los recurrentes recuerdan que en el caso de que se trata la investigación que realizaba "desde hace varios meses" el juez Valle, se refería a la muerte de Consuelo Esteban Pedriza, para cuya averiguación se habían intervenido los teléfonos de Dator.

Según razona Almeida, una vez que, de resultas de la intervención telefónica, se pudo presumir la. comisión de otros delitos, el juez Valle "tendría que haber remitido esas diligencias al juzgado decano para su reparto, deduciendo el oportuno testimonio de las mismas. Al no hacerlo así", añade, "el Juzgado ( ... ) ha cometido un exceso de actuación".

En consecuencia, pide que el juzgado decline el conocimiento del caso y remita testimonio de las diligencias practicadas al juzgado decano de Madrid, para su reparto al juzgado que corresponda, ya que las actividades de Dator, que no existía cuando se produjo la muerte de la mencionada mujer, al parecer tras serle practicado un aborto, no pueden estimarse conexas.

En cuanto a la declaración de "totalmente secretas para las partes personadas", durante un mes, de: las diligencias practicadas, los recurrentes señalan que la resolución que adoptó este acuerdo no fue motivada, como exige la ley, ya que no lo es la fórmula rutinaria que se emplea: "para el mejor esclarecimiento de los hechos".

Libertad para los encarcelados

Otro de los recursos presentados es el de Sánchez Andrés, Hernández Lorenzo y Sánchez Lorenzo tres de los cinco médicos encarcelados- contra el auto por el que el juez Valle dictó el 22 de noviembre la prisión provisional, por supuestos delitos de aborto. Según la abogada, los recurrentes son médicos "perfectamente habilitados para la realización de cualquier servicio o prestación que demande la salud integral de las mujeres".Los tres directivos y los cinco empleados de Dator han recurrido también contra la resolución verbal del juez Valle por la que les denegó ser informados, en presencia de suabogada, sobre los motivos y causas de su detención. El recurso invoca el artículo 520.6 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, según la cual la asistencia del abogado, al detenido consiste en solicitar que se informe de los hechos que se le imputan y las razones motivadoras de su privación de libertad.

Los tres recursos son de reforma y subsidiario de apelación. Así pues, si el juez Valle los resolviera negativamente, se mantendrían ante la Audiencia Provincial. Por último, los directivos de Dator solicitante levantamiento del precinto de su centro médico, para proceder, de acuerdo con el decreto de 21 de noviembre, a su acreditación para la práctica de abortos legales.