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Un control sólo burocrático

En abril del año pasado el Ejecutivo socialista tenía elaborado un real decreto, que nunca vio la luz, para aumentar el control gubernamental sobre las exportaciones de material bélico español. Actualmente, las solicitudes de exportación de armamento son aprobadas por la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Armas y Explosivos, creada por el decreto 3150/78 de 15 de diciembre y en la que participan los Ministerios de Economía y Hacienda, Asuntos Exteriores, Defensa e Industria. No obstante, fuentes gubernamentales reconocían que la Junta sólo controlaba los trámites burocráticos o legales y que era necesario supervisar los diferentes pasos de cada operación exportadora.Cuando la Junta lo estima oportuno, y en todo caso para las armas de guerra, puede solicitar del exportador un certificado de último destino de la mercancía, expedido por la autoridad gubernativa del país importador y legalizado por la representación diplomática española en dicho país. Muchos exportadores, mediante el pago de cantidades que pueden ascender hasta el 30% del valor del contrato, consiguen esos certificados en Libia, Jordania, Arabia Saudí o países dictatoriales latinoamericanos. Con el certificado en mano, la Administración española autoriza la exportación, pero deja de controlar cómo y por dónde sale el armamento de nuestro país y mucho menos en qué país acaba siendo utilizado. Ya en las aduanas, la policía española comprueba que los permisos y certificados están en regla y dan vía libre a las mercancías.

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Defensa y Exteriores discrepan sobre la conveniencia

En relación con este tema, el pasado día 19 tres formaciones políticas denunciaron en el Congreso la venta de armas a países conflictivos. Izquierda Unida presentó una proposición de ley para que el Gobierno elabore un proyecto de ley que regule el comercio de armas y explosivos. El PDP preguntó sobre la venta de aviones de transporte a Chile que, presuntamente, se utilizan para combate. El CDS, por su parte, presentó otra pregunta sobre la utilización del territorio español para suministros de armamento de otro origen con destino a Irán

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