Autonomías y autodeterminación

Hace unos meses tuve la ocasión de participar en un simposio celebrado en Nicaragua sobre la autonomía de la costa atlántica, la zona donde habitan las minorías miskita, sumu, rama y garifona. En él se habló mucho del derecho de autodeterminación. Y hubo un acuerdo general sobre la necesidad de defenderlo a ultranza para que Nicaragua pudiese aspirar a mantener su independencia como nación. En un mundo sujeto a la dominación de las grandes potencias, el derecho de autodeterminación es un principio fundamental para la supervivencia de los países sometidos a esta dominación o amenazados por ella.En un momento determinado del simposio, uno de los participantes expuso la opinión de que la autonomía era insuficiente para resolver la situación de la costa atlántica y que había que reconocer a las minorías el derecho de autodeterminación, incluyendo desde luego la posibilidad de la independencia respecto a Nicaragua. La protesta fue general. Y creo que los que protestaban llevaban razón. La autonomía no sólo es una forma de reconocer diferencias y peculiaridades. Es también una forma de consolidar la unidad nacional de Nicaragua, integrando en esta unidad a minorías históricamente ignoradas y marginadas, una forma de fortalecer la independencia de Nicaragua como nación frente a la agresión de la gran potencia del Norte. Romper esta unidad, romper esta nación en nombre del derecho de autodeterminación sería condenar a unos y otros nicaragüenses, los de la costa del Pacífico y los de la costa atlántica, a la impotencia y a la subordinación, sería hacer el juego a los contras y a los gobernantes norteamericanos, que quieren destruir la independencia de Nicaragua.

Creo que éste es un buen ejemplo de los problemas que plantea la invocación de un concepto político tan complejo de manera abstracta e intemporal. En definitiva, el problema no está en proclamar y aceptar el derecho de autodeterminación, sino en definir el marco en que se aplica para que surta efectos como tal derecho democrático. Como lo demuestra el ejemplo que acabo de citar, el derecho de autodeterminación puede producir efectos liberadores y democráticos o puede tener consecuencias completamente reaccionarias.

Todo esto viene a cuento de lo que está ocurriendo en nuestro país. Estamos asistiendo últimamente a una verdadera escalada de reivindicaciones del derecho de autodeterminación por parte de sectores nacionalistas de Euskadi y Cataluña. A medida que se acercan las elecciones en Euskadi, los diversos partidos nacionalistas vascos multiplican sus exigencias al respecto y hablan de objetivos independentistas, más o menos matizados por la propuesta de formar luego una confederación con lo que quede del Estado español. En Cataluña, las juventudes de Convergéncia Democrática y de Unió Democrática -el partido democristiano han reivindicado con fuerza el derecho de autodeterminación en sus recientes congresos y lo mismo ha hecho el propio partido de Unió Democrática.

El caso de este partido es especialmente significativo. Tras el fracaso de la operación reformista encabezada por Miquel Roca se intenta ahora otra operación parecida para construir una nueva derecha española, pero por otra vía. Una vez demostrada la inviabilidad del liderazgo directo de Convergéncia Democrática de Catalunya en la reconstrucción de la derecha española, se intenta ahora incorporarla al mismo proyecto por vía indirecta, a través de la democracia cristiana, como eje de la operación. Éste y no otro es el sentido de las últimas evoluciones del PDP, el partido liderado por Óscar Alzaga. En el marco de esta operación, los democristianos de Cataluña -vertebrados en Unió Democrática, el segundo partido de la Coalición que forman Convergencia i Unió- se proponen, a su vez, ser el eje de la conexión entre el PDP y Convergéncia. Y justo en el momento en que se lanzan a su propia aventura "española", los democristianos catalanes reafirman la vigencia para Cataluña del derecho de autodeterminación y cuestionan el actual modelo constitucional.

Se me dirá que todo esto son cuestiones tácticas. Que los nacionalistas vascos radicalizan sus posiciones para no ser desbordados por los competidores y que, en definitiva, los dos partidos resultantes de la división del anterior PNV se proponen quitarle votos a Herri Batasuna. Y en el caso catalán se dirá que Unió Democrática también radicaliza su nacionalismo para que no la puedan acusar de renunciar a él en el momento de lanzarse a la política española en gran escala. Es posible que sea así, pero éste es precisamente el problema, porque por razones tácticas se está jugando con conceptos y con propuestas que atañen a cuestiones de fondo y tienen implicaciones muy serias. De hecho, con estos planteamientos se está diciendo que el actual marco constitucional no sirve, y ésto no es un problema coyuntural.

La Constitución de 1978 intentó resolver el gran contencioso sobre el concepto de nación española que tan dramáticamente ha pesado sobre nuestra historia reciente. El artículo 2 legitima las dos concepciones históricamente enfrentadas, los artículos 3 y 4 lo complementan con el reconocimiento del pluralismo lingüístico y el pluralismo de los símbolos y, finalmente, el Título VIII crea el sistema de las autonomías, que significa la ruptura del viejo y anquilosado centralismo para ofrecer un marco en el que se puedan mover cómoda y libremente las nacionalidades y regiones que forman España. Pero la misma Constitución, refrendada por la inmensa mayoría de los electores, establece que el marco en que todo esto se organizará y desarrollará es el actual marco territorial de España.

Éste es el modelo constitucional vigente. La propuesta de aplicar a Cataluña y al País Vasco -y por consiguiente también a cualquier otra nacionalidad o región- el derecho de autodeterminación, con la posibilidad de que el resultado sea la independencia de alguna o algunas o muchas o todas las actuales nacionalidades y regiones, es una propuesta radicalmente distinta, opuesta al actual marco constitucional e incompatible con él. En realidad equivale a decir que la forma de organización de las nacionalidades y regiones que forman España puede ser o bien el sistema de autonomías en el actual marco territorial, o bien la ruptura de este mismo marco territorial y la creación de una serie de mini-Estados separados en el territorio de lo que es ahora España. Los objetivos son radicalmente distintos y las consecuencias también. Por consiguiente, o una cosa u otra, pero no las dos a la vez.

Éste es un problema muy serio, con el que no se puede jugar, ni siquiera por razones tácticas. El Estado de las autonomías es una propuesta dificil y problemática, porque no es ni ,será fácil descentralizar un Estado tan centralista como el nuestro ni hacer más ágil, operativo y participativo un Estado históricamente tan cerrado, tan excluyente, tan burocrático y tan autoritario. Por otro lado, la propia Constitución resuelve de manera deficiente algunas cuestiones importantes y es posible que haya que perfeccionar algu-

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nas cosas o revisar algunas de las medidas tomadas para la puesta en marcha de las autonomías. Organizar y hacer funcionar el Estado de las autonomías es un proyecto que hoy está dando todavía sus primeros pasos. Encontramos resistencias activas y pasivas a cada momento, subsisten incontables inercias e incomprensiones. Incluso es posible que vayamos hacia atrás y que aparezca un nuevo centralismo de corte tecnocrático, especialmente en relación con las nuevas exigencias de la integración europea.

Por eso puede decirse que la construcción del Estado de las autonomías es una tarea que nos concierne a todos, porque si fracasa habrá fracasado un aspecto esencial del nuevo sistema democrático y, se habrá frustrado la única iniciativa seria que se ha tomado para terminar con un contencioso que ha marcado decisivamente la historia de este país.

Si en vez de esto, si en vez de intentar la vía de los grandes acuerdos se sigue la del conflicto sistemático, si ante cada problema coyuntural, grande o pequeño, se amenaza con romper la baraja, si por razones electorales o por querellas de partido se pone sistemáticamente en cuestión el marco constitucional y se propugna que todos nos precipitemos en la vía muerta de unos independentismos inviables y catastróficos, el resultado será efectivamente la marcha atrás y la desautorización de todas las fuerzas auténticamente autonomistas y democráticas, porque la alternativa al modelo del Estado de las autonomías no es el independentismo, sino la vuelta al centralismo.

Y con ello vuelvo a lo que decía al principio. El derecho de autodeterminación es un gran principio democrático, pero lo importante es definir el marco en que se va a ejercer, pues, de otro modo, sus efectos pueden ser totalmente antidemocráticos y reaccionarios. Y entiendo que en nuestro país lo que sirve a la causa de la democracia es consolidar y hacer funcionar de verdad el Estado de las autonomías y que lo reaccionario es intentar romperlo.