Solchaga anuncia para febrero la leX T de financiación de las haciendas locales

El ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, anunció ayer ante el Pleno del Congreso de los Diputados que el proyecto de ley de financiación de las haciendas locales será sometido al consenso de los ayuntamientos en diciembre y enero, con el fin de que pueda entrar en las Cortes a partir de febrero. En su tercer día de debate-de las enmiendas presentadas por la oposición a los presupuestos del Estado para 1987, la Cámara terminó de aprobar el articulado del proyecto.

Tras la aprobación del articulado el Congreso inició la discusión del dinero de los ministerios durante una sesión nocturna que iba a prolongarse hasta las tres de la madrugada.La financiación de ayuntamientos y diputaciones para 1987, en cuyas subvenciones el Gobierno ha aplicado la misma subida que los gastos de personal e inversión del Estado (un 9,1 %), fue calificada de insuficiente por Minoría Catalana, Grupo Popular, PDP e Izquierda Unida. Todos reprocharon el incumplimiento de la promesa electoral socialista de 1982 de elevar la participación de las corporaciones locales en los ingresos del Estado desde el 7 al 12%. Ésta alcanzó un máximo del 8% en 1983 y después ha bajado hasta el 5,6% previsto en este año.

Minoría Catalana, el grupo que presentaba las enmiendas con mayor repercusión económica -unas para garantizar realmente la partición en ingresos, actualmente vinculada a los gastos, otras para primar menos en el reparto a los grandes ayuntamientos", dijo que la política socialista "ha obligado a los municipios a multiplicar por tres o cuatro sus tasas, sus impuestós, sus servicios, con repercusión también en los impuestos del Estado", entre ellos el de la Renta, por la vía de las revisiones de catastros urbanos.

Por primera vez en este debate subió a la tribuna el ministro de Economía y Hacienda, quien dijo que iba a explicar el "histórico acuerdo" alcanzado hace dos semanas sobre el sistema "defirutivo" de financiación autonómico. Además de anunciar la ley de financiación de las corporaciones locales, Solchaga atribuyó el incumplimiento de las promesas electorales a que el primer Gobierno socialista se encontró con un déficit público del 6%, no del 3,7% contabilizado por la UCD, y a que dio prioridad al saneamiento de las deudas acumuladas por los ayuntamientos hasta finales de 1982.