Los socialistas limitarán el alcance de los fondos de pensiones para impedir nuevos refugios fiscales

La mayoría parlamentaria socialista corregirá el proyecto de ley de fondos de pensiones para impedir que esta esperanza del mercado de capitales se convierta en un nuevo refugio fiscal. Bajo amenaza de sanción, cada unidad familliar podrá meter como máximo en dichas entidades 750.000 pesetas al año, incluidas las aportaciones de las empresas. Las enmiendas del único grupo que tiene asegurado modificar el texto, dada su mayoría parlamentaría, van en contra de las peticiones de los sectores financieros que aspiran a gestionar los fondos. Se centran en reforzar las competencias de la comisión de control frente a los gestores, garantizar el acceso a toda la plantilla de la empresa y preservar el futuro de los montepíos y mutualidades, cuya existencia peligra.

Entre la veintena de enmiendas presentadas al proyecto de ley de fondos de pensiones por el Grupo Socialista del Congreso, que preside Eduardo Martín Toval, destaca la introducción del siguiente tope:"Las aportaciones anuales máximas de la unidad familiar a los planes de pensiones regulados en la presente ley, incluyendo en su caso las que los promotores de dichos planes imputen a los miembros de cada unidad familiar, no podrán rebasar en ningún caso la cantidad de 750.000 pesetas".

La motivación de esta enmienda consiste en "establecer un límite máximo a las aportaciones, a fin de garantizar la consecución de la finalidad de la ley".

Objetivos

En el preámbulo del proyecto de ley, el Gobierno cita como objetivos el institucionalizar una modalidad de ahorro de creciente demanda social y, sobre todo, "facilitar el bienestar futuro de la población retirada". También menciona los de fortalecer el mercado de capitales y el propio sistema financiero, hasta el punto de que altos cargos de la Administración han apuntado la necesidad de que existan los fondos de pensiones para poder potenciar la financiación a largo plazo y también para ayudar a moderar los tipos de interés.El proyecto de ley permite deducir de la renta neta declarada las primeras 500.000 pesetas anuales por cada unidad familiar o el 15% por cada partícipe de un plan de pensiones. Pero la banca, así como las compañías de seguros y otros intermediarios financieros que pretenden canalizar el futuro negocio han solicitado reiteradamente la ampliación de dichos límites.

Ya el proyecto admite que el dinero que exceda a las - citadas 500.000 pesetas deducibles en la base del declarante "gozará de una deducción en la cuota del impuestos sobre la renta de las personas físicas (IRPF) consistente en un 15%. de su importe".

Además, el propio Gobierno, al acordar remitir el último proyecto a las Cortes, se reservó la posibilidad de flexibilizar dichas cotas durante el debate parlamentario para favorecer a los trabajadores de mayor edad que no hayan tenido tiempo de capitalizar futuras pensiones privadas o complementarias a las de la Seguridad Social.

La posición ahora expresada por la mayoría socialista tiene tanta firmeza que otra de sus enmiendas señala que la inobservancia del tope de 750.000 pesetas "será sancionada con una cantidad equivalente al 75%. del exceso de tal límite", sin perjuicio de la inmediata retirada del exceso.

Tanta o mayor repercusión podría tener la enmienda dirigida a garantizar que "la totalidad del personal empleado por la empresa promotora que participe de un fondo pueda acogerse al plan".

La aparición en el proyecto de las palabras "al menos el 90% del personal empleado por el promotor con por lo menos dos años de antigüedad" ya había suscitado críticas de las entidades financieras y de medios emyresariales.

Éstos opinan que el excluir la posibilidad de promover planes de pensiones para una categoría laboral determinada desalentará a muchas empresas. Los empresarios temen que el previsible desahogo en los coste . s por cotizaciones a la Seguridad Social sea compensado con creces por las demandas de las centrales sindicales para que la empresa cotice al fondo de pensiones por todos y cada uno de sus trabajadores.

Controles

Del resto de las enmiendas presentadas por los socialistas, media docena de ellas pretende reforzar las competencias que tiene la comisión de control de cada fondo de pensiones frente a los gestores.La más extensa va dirigida a ampliar los controles del Ministerio de Economía y Hacienda. Éste podrá intervenir un fondo, además de pedir a las entidades gestoras y a las depositarias todos sus "datos contables y estadísticos, públicos o reservados".

La única enmienda de la mayoría socialista a las normas sobre las inversiones de los fondos de pensiones prohibirá expresamente la concesión de créditos a los que participen en ellos. Sin embargo, deja una puerta abierta al introducir el párrafo, "salvo en los casos excepcionales que se señalen reglamentariamente".