El Parlament aprueba un informe que el Gobierno catalán trató de eludir

El Parlament de Cataluña aprobó ayer el informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas sobre la Cuenta General de la Generalitat de 1984, que equivale a la liquidación de presupuesto. El Gobierno catalán presionó a la Sindicatura el pasado mes de julio para que remitiese al Parlament sólo el resumen de conclusiones, de unas 45 páginas, en lugar del informe completo, texto de 816 páginas. El resumen fue el texto que se envió inicialmente al Parlament. El informe completo no se remitió hasta que el vicepresidente de la cámara, el socialista Isidre Molas, lo solicitó a los síndicos el pasado septiembre.La resolución fue aprobada por unanimidad, pero se suscitó una gran confusión sobre el significado de la votación, pues cada grupo daba una interpretación distinta a su voto.

La confusión suscitada fue tan intensa que hace imposible determinar el alcance y significado de la votación. Para los socialistas -autores de la propuesta- y los comunistas, lo que se votaba era el Informe sobre la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio de 1984, elaborado y aprobado por la Sindicatura de Cuentas y, por tanto, el texto de 816 páginas.

Sin embargo, para Convèrgencia i Unió (CiU) lo que era objeto de votación era únicamente el resumen de conclusiones, de 45 páginas, que se envió inicialmente al Parlament.

La interpretación que hizo CiU de lo que entendía como el informe de la Sindicatura causó estupor, sorpresa y la protesta de la oposición, que culminó en un estallido de hilaridad cuando el presidente del Parlament, Miquel Coll Alentorn, condicionó la concesión del uso de la palabra al diputado comunista Antoni Lucchetti a "si valía la pena o no" lo que iba a decir.

Domènech Sesmilo, portavoz de CiU en este debate, manifestó que su grupo no compartía el principio de meritación y acreditación, que era precisamente una de las recomendaciones hechas por la Sindicatura en su informe. Por su parte, el diputado socialista Antoni Santiburcio calificó esta posición como un intento de desautorización política de la Sindicatura.