El Gobierno estudia iniciar acciones judiciales contra los empresarios que pagaban el 'impuesto'

El Gobierno estudia la posibilidad de que se inicien acciones judiciales contra los empresarios que, según la documentación intervenida a ETA en la empresa Sokoa de Hendaya, pagaban el impuesto revolucionario. El Ejecutivo podría solicitar a la Fiscalía General del Estado que inicie las acciones que comenzarían con la petición de una comisión rogatoria a Francia para disponer de los documentos originales sobre las finanzas de ETA. Asimismo, la organización terrorista tenía intención de crear una empresa de cobertura en Portugal que blanqueara el dinero procedente del impuesto revolucionario y de los secuestros y pudiera convertirse en base de comandos operativos ante el acoso sufrido en el sur de Francia.

Fuentes francesas han confirmado que el descubrimiento del arsenal de ETA Militar en la empresa Sokoa, así como su función de cobertura del aparato financiero de la organización terrorista fue facilitado a la policía española por empresarios de España que tenían conocimiento de las actividades desarrolladas por esta cooperativa en el sur de Francia y que habían sido extorsionados por ETA Militar. La policía española confirmó los datos obtenidos y trasladó la información a Francia, donde el departamento del Aire y de Fronteras, al frente del comisario Catalá, llevó a cabo la redada, considerada como el golpe más duro realizado contra el aparato financiero de la organización. La operación había sido acordada por los responsables políticos antiterroristas de los departamentos del Interior español y francés.Según la documentación intervenida, un número aproximado de 70 empresarios vascos pagaban el denominado impuesto revolucionario, algunos de ellos en diferentes plazos. El cobro del impuesto se llevaba a cabo tanto en España como en Francia y siempre en con dinero en metálico.

Comisión rogatoria

Los nombres de los empresarios no han sido revelados aunque fuentes españolas no descartan que los tribunales soliciten a Francia una comisión rogatoria para conseguir los documentos originales de contabilidad que prueban esos pagos con el fin de que los jueces estudien las supuestas responsabilidades de los citados industriales. Según fuentes gubernamentales españolas, se estudia la posibilidad de trasladar al Fiscal General del Estado, Javier Moscoso, el asunto para que inicie los trámites de solicitud de la mencionada comisión rogatoria. Según los datos en poder de la policía, ETA tenía previsto crear una nueva empresa de cobertura en Portugal que trabajaría oficialmente en actividades de importación y exportación.

Las fuentes consultadas consideran que la organización terrorista había decidido buscar nuevos refugios en Portugal que también se utilizarían como base para comandos operativos. Estos comandos podrían trasladarse fácilmente a España para llevar a cabo atentados.

Fuentes francesas han reconocido que José Arrieta Zubimendi, Azkoiti, uno de los supuestos etarras detenidos en Hendaya y que permanece en poder de Francia -otros seis fueron entregados a España-, era uno de los responsables del aparato financiero de la organización terrorista.

Fuentes españolas no descartan que el terrorista pueda ser entregado a España, aunque puede ser condenado en Francia por utilizar documentación falsa.

Por el estudio de la documentación, se cree que ETA manejaba menos de 600 millones al año y era "austera" en sus gastos. Los seis supuestos etarras entregados la semana pasada por Francia a la policía española, tras ser detenidos en la operación de la empresa Sokoa, ingresaron ayer en la prisión de Carabanchel, tras prestar declaración ante el juez Central número uno de la Audiencia Nacional.

Se trata de Ramón Sagarzazu, José Antonio Lizarríbar, José Miguel Urbistondo, Juan Luis Zabaleta Elosegui, José Antonio Gogorza Zugarramurdi y Jesús María Zarrabe. La policía española les considera burócratas del aparato financiero de ETA. Todos ellos declararon ante el juez asistidos por el abogado Íñigo Iruín.

Asimismo, el director general de la empresa Sokoa, de Hendaya, Patxi Noblia, detenido hace una semana, afirma en una carta enviada desde la cárcel al periódico Sudouest que, con excepción de uno o dos de los refugiados que trabajaban en la empresa, nadie conocía la existencia del escondite en el que la policía descubrió un arsenal de ETA Militar y la documentación contable de esta organización terrorista.

Noblia, acusado de poseer armas y explosivos y pertenecer a una asociación de malhechores, niega estar involucrado en las actividades de la organización terrorista ETA, y asegura que ha sido víctima "del abuso de confianza" por parte de algunos de los refugiados.

Tras señalar que la empresa Sokoa contrata a refugiados vascos desde 1971 y que él mismo les ha autorizado a pernoctar en la fábrica y a aparcar sus automóviles dentro del recinto de la empresa, Noblia se lamenta de que algunos refugiados "hayan aprovechado estas facilidades para realizar otros objetivos". En sus declaraciones al juez, el presunto responsable de finanzas de ETA, José Arrieta Zubimendi, detenido en la redada de Sokoa y actualmente encarcelado en Bayona, ha asumido toda la responsabilidad de la instalación del zulo (depósito) y ha exculpado a Noblia.

Los directivos de Sokoa -que cuenta con casi 100 trabajadores- suponen, por otra parte, que el zulo fue instalado el verano pasado, aprovechando el período de vacaciones de que disfrutan los empleados.