Los 'flecos' de las autonomías

EL ACUERDO rubricado el pasado viernes por el ministro de Hacienda y los responsables económicos de las comunidades autónomas servirá para clarificar las complejas relaciones entre la Administración central y las autonomías. Pero además, dicho pacto, realizado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, establece de una forma mucho más concreta que todas las definiciones existentes hasta ahora los perfiles del Estado autonómico español.La última propuesta presentada por Carlos Solchaga supone el esfuerzo más serio de cuantos se han hecho desde el Gobierno central para racionalizar el reparto de recursos entre la Administración y las comunidades autónomas. El sistema anterior, provisional, buscaba una mera transferencia de un dinero equivalente al coste efectivo de las competencias traspasadas a las comunidades autónomas. Ese planteamiento incumplía varias previsiones legales de la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y de los estatutos, pero además suponía la existencia de niveles de financiación distintos y discriminatorios: no sólo entre las comunidades de régimen foral -el País Vasco y Navarra- y las de régimen general, sino también entre estas 15 últimas.

La propuesta de Solchaga trata de subsanar los desniveles en ingresos per cápita entre unas comunidades y otras, ponderando elementos correctores en atención a factores socioeconómicos como la densidad de población, el nivel de los servicios y los problemas específicos de coyuntura cada comunidad. Así, Cataluña, cuyo peso económico en el conjunto de España es del orden del 20%-22% y su porcentaje de población un 15%-16%, se verá beneficiada con la nueva fórmula y ve atendida su reclamación de dejar de ser la autonomía menos financiada de cualquiera de las que se han desarrollado a través del artículo 151 de la Constitución, y la última de todas las de régimen general. Este respeto genérico a los principios de la LOFCA y a los estatutos de autonomía (en detrimento de otros argumentos, como la extensión territorial) se ha impuesto finalmente en las conversaciones y ha despejado muchas de las sombras que se habían suscitado en el largo proceso de negociaciones bilaterales y multilaterales que el Gobierno emprendió con las partes afectadas.

Otra de las mejoras es el incremento de la autonomía del gasto, la capacidad de decisión que tendrán a partir de ahora los Gobiernos autónomos. El modelo de la España de las autonomías se despega con ello de una escueta descentralización administrativa. Las comunidades tendrán capacidad para impulsar políticas propias en las materias reconocidas estatutariamente, y no sólo limitarse a ejecutar decisiones adoptadas desde la Administración central o a materializar la continuidad de lo establecido anteriormente. De todas maneras, el volumen de financiación de los servicios transferidos continúa sin incluir explícitamente un capítulo para las nuevas inversiones que se tengan que realizar.

Todas las partes han acabado efectuando concesiones para lograr el acuerdo, generalmente elogiado. Por lo mismo, resulta absurdo que se haya dejado abierto un aspecto sustancial del problema: la dotación para sufragar los costes de servicios ligados a realidades históricas, como es la normalización lingüística de algunas comunidades y problemas de ese género. Esto, que ha sido bautizado como los flecos de la financiación, significa partidas de gran importancia que merecían haber quedado también resueltas. Parece impensable que el dinero necesario para sufragar la extensión de las lenguas vernáculas en Cataluña y Galicia se tenga que ahorrar de partidas como la sanidad o las obras públicas, y sin embargo esa cuestión ha quedado sin una dotación específica y sin una aclaración pertinente. Mantener abiertos capítulos de negociación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas equivale a tener siempre sobre la mesa materia para agravios, victimismos y cosas de ese estilo. En definitiva, a no completar el proceso político de la transición y el horizonte racional de la construcción del Estado.