Alegre Marcet ratifica su intención de terminar su mandato al frente de Unesa

Juan Alegre Marcet, presidente de Unesa, ratificó ayer su intención de terminar su mandato de cuatro años al frente de la asociación de empresas eléctricas, para el que fue reelegido hace un año. Alegre reveló que las empresas elaboran en estas semanas el estudio anual de costes sobre el que basarán su petición de aumento de tarifas al Ministerio de Industria y Energía. La petición se presentará a finales del mes en curso.

En un breve encuentro con la Prensa, en el acto de clausura del coloquio sobre gestión financiera que ha celebrado en Madrid la Unión Internacional de Productores y Distribuidores de Energía Eléctrica (Unipede), Alegre Marcet quiso cerrar la polémica que en las últimas semanas había surgido en torno a su continuación como presidente de la asociación empresarial y manifestó que la cuestión quedó decidida mediante "su ratificado por unanimidad hace un mes en el puesto"."Con motivo del cambio ocurrido a principios de verano en el Ministerio de Industria y Energía, quise plantear a los presidentes la hipótesis de realizar un cambio similar en la presidencia que he ejercido en los últimos ocho años. Por unanimidad, los presidentes ratificaron la decisión que ya tomaron hace un año, es decir, mi continuidad", declaró Alegre.

Fuentes sectoriales señalaron que, en el curso del debate abierto el pasado verano, Alegre Marcet había sido cuestionado por los accionistas bancarios de algunas de las empresas privadas del sector. En concreto, el ex presidente de Sevillana, Manuel Gortázar, realizó gestiones telefónicas para buscar soluciones que implicaban una propuesta de presidencia rotatoria, con el nombramiento simultáneo de un vicepresidente que luego ocuparía la presidencia al cabo de dos años. Estas gestiones fueron vinculadas a un grupo bancario accionista en las empresas, concretamente al Vizcaya.

Consultas telefónicas

En una reunión celebrada a finales de septiembre, sin embargo, ninguno de los presidentes de las ocho empresas más representativas del sector se alineó con esta hipótesis, que finalmente quedó saldada tras la sustitución de Gortázar en Sevillana por Fernando Ibarra y la ratificación, con el apoyo unánime, del presidente, que también lo es de Fuerzas Eléctricas de Cataluña, SA (FECSA).En otras cuestiones, Alegre reveló que los presidentes de las ocho principales empresas del sector mantienen conversaciones semanales para elaborar, a petición del Ministerio de Industria, un plan global sobre la continuación del proceso de saneamiento del sector, conocido en la jerga eléctrica como "cuestiones pendientes". Las conversaciones y consultas mantenidas entre las empresas y con el Ministerio de Industria y Energía continúan, y el plan, que contiene en fase previa varias novedades sobre el curso del proceso seguido en la pasada legislatura, no estará listo, presumiblemente, hasta mediados de diciembre.

Al parecer, el nuevo esquema global propone la ampliación del proceso de intercambio de activos en determinados casos y, según algunas fuentes sindicales, sugerencias para la ampliación de la base y capital social de alguna de las sociedades que, en el curso de financiación de las inversiones nucleares, han diferido costes. No obstante, añaden las mismas fuentes, el sector público parece oponerse a la realización de cualquier intercambio adicional de activos, al menos hasta que hayan culminado los realizados hace un año.

En el estudio de tarifas, por otro lado, se recoge la idea de los nuevos responsables energéticos de la Administración para que los futuros aumentos de tarifas se consideren en base a los costes incurridos y no del aumento del índice de precios al consumo (IPC). Este estudio está desarrollado sobre el esquema de las auditorías realizada por Arthur Andersen sobre el conjunto y cada una de las empresas del sector.

Por otro lado, en el coloquio sobre gestión financiera de las empresas eléctricas que ayer se clausuró en Madrid intervino el secretario general de Unipede, el belga Robert Grosman, que abundó en la teoría de que los aumentos de tarifas deben ir relacionados a los costes incurridos y cubrir su totalidad.