El Consejo de Europa estudia la creación de un espacio judicial común para luchar contra el terrorismo
ENVIADO ESPECIAL El secretario general del Consejo de Europa, el español Marcelino Oreja, inauguró ayer en Estrasburgo la conferencia sobre la lucha contra el terrorismo con un llamamiento a favor de la creación de un espacio judicial europeo que permita combatir el fenómeno. Oreja se esforzó por disipar el escepticismo sobre la eficacia de estas reuniones, pero las reservas suscitadas por algunas de sus propuestas inducen a sospechar que los ministros del Interior o de Justicia de los 21 países miembros del Consejo de Europa no tendrán mucho más éxito en sus intentos por cooperar que los 12 de los Estados de la Comunidad Europea cuando se reúnen en el marco del Grupo de Trevi.
Para crear ese espacio jurídico europeo, preconizado inicialmente por el presidente del Gobierno español, Felipe González, Marcelino Oreja propuso en su discurso de apertura la puesta en pie de "un mecanismo flexible (...) de concertación a alto nivel" encargado de armonizar las sanciones penales impuestas a los terroristas, las medidas administrativas de expulsión y la cooperación policial.En sustancia, el ex jefe de la diplomacia española sugirió prácticamente ampliar a 21 el Grupo de Trevi, que agrupa a los ministros del Interior o Justicia de los doce, una proposición acogida de antemano con reservas por el representante alemán occidental, el titular de la cartera de Justicia, Hans-Engelhard, y que carecerá de eficacia si no se le dota, por ejemplo, de los avanzados medios de comunicación a disposición de las policías de la Comunidad Europea.
Impresión de incapacidad
Disipar la impresión de incapacidad que emana de las conferencias de este género fue justamente uno de los objetivos de la alocución de Oreja, que aseguró no compartir el "escepticismo general" porque "la eficacia de las reuniones restringidas depende de la solidaridad manifestada en estos libros" más amplios.
Oscar Luigi Scalfaro, ministro del Interior italiano, elegido ayer presidente de la conferencia, hizo también hincapié en el mismo tema, preguntándose en su discurso, después de haber elogiado a la delegación española por su relevante papel en la preparación de la reunión, si no ha habido un deslizamiento "del sueño de los grandes europeos al letargo que caracteriza a los pequeños".
La representación española estaba encabezada por el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, y el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera. Julio Feo, secretario general de la Presidencia del Gobierno, forma parte, asimismo, de la delegación.
Países recalcitrantes
Al margen de las consideraciones técnicas que entorpecen la ampliación a 21 del Grupo de Trevi, el número de los países recalcitrantes entre los del Consejo de Europa es elevado, y la obtención de un consenso, muy difícil.
A Grecia se añade, por ejemplo, Malta, que, junto con Francia e Irlanda, no han ratificado aún el único texto sobre esta materia elaborado por el organismo europeo, la Convención de Represión del Terrorismo de 1977.
El ministro francés de Seguridad, Robert Pandraud, anunció justamente ayer en Estrasburgo que el Gobierno al que pertenece solicitará rápidamente al Parlamento que la ratifique, aunque con una reserva sobre lo referente el derecho de asilo.
Solidaridad con Londres
La imposibilidad de alcanzar un consenso entre los 21 países es la que ha incitado al ministro del Interior del Reino Unido, Douglas Hurd, a renunciar a pedir también solidaridad con Londres, que hace 12 días rompió relaciones diplomáticas con Damasco, acusado de implicación en un atestado frustrado en Londres contra un avión israelí.
Antes de la cena, Douglas Hurd se limitó a exponer los hechos que demuestran, en su opinión, la culpabilidad del régimen sirio.
Incluso parece improbable que un Estado corno el español, que ha desempeñado un papel destacado en la convocatoria de esta conferencia, acepte por ahora modificar su legislación antiterrorista, la más dura del viejo continente, como lo exigiría la creación de un auténtico espacio judicial europeo en el que estuviesen armonizadas las penas.
Preguntado al respecto, Marcelino Oreja sostuvo que otros países, "como Francia, seguían la pauta jurídica marcada por España", como si el nuevo Código Penal francés previese, por ejemplo, las figuras delictivas recogidas en el español.
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