Sospechas

EL PASADO día 18, EL PAÍS publicó una información sobre la investigación a que fue sometido por parte de la policía, a finales de 1984, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, encargado de la instrucción del sumario abierto en relación con la desaparición, cuando se encontraba detenido, del delincuente Santiago Corella, el Nani. El ministro del Interior, José Barrionuevo, declaró el lunes, tras la toma de posesión de los nuevos altos cargos de su departamento, que el documento en que se apoyaba la mencionada información, que aparece firmado por el jefe de la Comisaría General de Información, Jesús Martínez Torres, es falso. Barrionuevo añadió que estaba convencido de que EL PAÍS "también tiene la sospecha de que pueda ser falso".EL PAIS no publica informaciones sobre cuya veracidad albergue dudas. Es cierto, como se informaba el día 18, que fuentes policiales oficiales manifestaron, a la vista del documento en poder de este periódico, que el mismo "podría haber sido falsificado"; pero EL PAÍS no considera que esa afirmación ni las posteriormente realizadas en igual sentido por el entonces subsecretario del Interior, Rafael Vera, así como por el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, constituyan por sí mismas una prueba. Tales afirmaciones, por lo demás, no iban avaladas por ninguna evidencia o demostración. Por el contrario, la desconfianza en las declaraciones policiales relacionadas con la desaparición de El Nani se apoya en la confesión del propio ministro del Interior, que admitió ante la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados que funcionarios a sus órdenes pudieron haberle colado un gol. A la vista del informe acumulado en el caso El Nani, sobre el que todavía se carece de otra versión oficial que la ya insostenible de hace tres años, hay motivos para pensar que fue una goleada completa la endosada al ministro. De ahí que sería bueno recomendar a Barrionuevo la oportunidad de ser más cauto a la hora de expresar sus propios convencimientos, especialmente si guardan alguna relación con el asunto mencionado.

En cualquier caso, la información publicada en este periódico incluía la noticia de que el propio juez Martínez Arrieta había enviado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una copia del documento que hacía referencia a la supuesta investigación sobre él. Por su parte, el CGPJ remitió dicho documento a la Fiscalía General del Estado, a fin de que esta institución decidiera las eventuales acciones jurídicas a emprender. Paralelamente, la Junta de Jueces de Instrucción de Madrid intervino en esa supuesta investigación policial a un juez para llamar la atención del CGPJ sobre lo que consideraba una tendencia a la autonomización del aparato policial. Podrá discutirse sobre si la citada Junta de Jueces desbordó o no el campo de sus atribuciones específicas, pero difícilmente podrá negarse pertinencia a las reflexiones contenidas en las conclusiones de dicho órgano y transmitidas al CGPJ.

Tales reflexiones no sólo son respetuosas con el marco constitucional, sino que están expresamente dedicadas a prevenir contra eventuales rupturas de hecho de dicho marco. De ahí que resulte escasamente convincente la pretensión de equiparar la iniciativa de esos jueces madrileños con las presiones extraconstitucionales de sectores reacios precisamente a los principios del Estado de derecho. Por otra parte, es evidente que las advertencias de la Junta de Jueces sobre el peligro de que el Gobierno no controle suficientemente el aparato policial, o sobre el clima de "indeseable corrupción" que podría germinar al calor de la autonomización creciente de ese aparato, no derivan exclusivamente, como se ha pretendido, de un reflejo corporativista ante la noticia de que un magistrado haya podido ser investigado. Por eso resulta insustancial que altos cargos del Interior, con el apoyo del ministro de Justicia, crean zanjar la cuestión mediante la afirmación de que el documento sobre la investigación del juez Arrieta era "una burda falsificación".

El propio CGPJ, forzado a intervenir en el asunto, acaba de reconocer, por unanimidad, que, incluso si se demostrase la falsificación del documento en que se apoya la denuncia del juez presuntamente investigado, se habría producido "una evidente perturbación de la independencia judicial". Y ello porque, en efecto, habría que explicar las causas de que a alguien, presumiblemente adscrito al Ministerio del Interior, se le haya ocurrido falsíficar un documento público, con membrete oficial y firmado por el comisario Martínez Torres, de esa naturaleza.

Contrariamente a lo que parece creer Barrionuevo, ni los medios de comunicación comprometidos en la defensa del Estado de derecho ni la opinión pública asisten con complacencia al espectáculo de confrontación que se ha creado entre el Gobierno legítimo y los jueces. Es cierto que a veces esa confrontación se manifiesta por cauces poco adecuados, pero no lo es menos que si ello ocurre es en buena medida porque quienes, por mandato constitucional, deberían haber tomado iniciativas en defensa de la independencia judicial se han mostrado torpes o condescendientes. En este sentido, no conviene olvidar que en el fondo del asunto se encuentra el amparo explícitamente aportado por el Gobierno a la desobediencia de la orden judicial de comparecencia de 90 guardias civiles ante la titular del Juzgado número 3 de Bilbao. Quienes en aquella ocasión no supieron apreciar la gravedad de la situación que tal actitud estaba planteando han demostrado a partes iguales incompetencia y falta de sensibilidad ante los fundamentos de la democracia. Sería por ello deseable que la anunciada entrevista entre el presidente del Gobierno y el del CGPJ, iniciativa que parece no sólo oportuna, sino imprescindible, sirviera para iniciar una vía de rectificaciones. Va en ello la necesaria armonía entre los poderes del Estado, pero también el respeto al Estado de derecho.