Tribuna:EL DEBATE DEL ABORTOTribuna
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¡Basta ya de parches!

Tal vez le haya pasado a usted, señora. O quizá le haya tocado vivirlo de cerca a usted, caballero. Son cosas que ocurren, y que ocurren con la suficiente frecuencia como para que, a lo largo de su vida, casi cualquiera acabe topándose con ello. El embarazo no deseado. La decisión de no llevarlo a término. El aborto.Ocurre que esa especie de comunión general en la desgracia llega, como tal comunión, tan sólo hasta ahí, y como mucho. Porque, a partir del momento en que la decisiones tomada, nuestra sociedad se encarga de que las mujeres en cuestión afronten situaciones muy diversas.

Perdonen si recurrimos por enésima vez a la demagogia de los hechos: si usted tiene los medios económicos' necesarios, podrá salir del trance digna y fácilmente; si usted, por el contrario, marcha en las apretadas filas de quienes malviven como pueden, entonces... Ay, entonces.

Dos caminos y un dibujo

Por estos pagos, el aborto ha venido teniendo dos caminos y un dibujo. El primer camino era el que, se ofrecía a las. mujeres que podían arreglárselas para acudir a clínicas extranjeras, británicas y holandesas casi siempre. El segundo camino -éste a veces sin retorno- era el de aquellas otras que, carentes de otras posibilidades, recurrían a patéticas manipulaciones caseras, o se ponían en manos de aborteros y aborteras de ocasión. El dibujo quedaba para quienes lo podían estampar, como firma de cheque bancario con seis cifras por delante, con destino a médicos desaprensivos de aquí mismo, clínica de lujo incluida.

Todo ello sigue existiendo los viajes al extranjero. las chapuzas domésticas e, incluso, las intervenciones clandestinas de lujo. Pero, además de todo esto, en los dos últimos años se ha ido abriendo una nueva puerta a la interrupción voluntaria del embarazo. Los medios de comunicación lo han recogido; es un secreto a voces: se trata de las clínicas privadas, de las que fueron pioneras el Centro de Planificación Los Naranjos, de Sevilla, o las del Colectivo Acuario, con el doctor Enguix a la cabeza, a las que actualmente pueden acudir las mujeres que tienen las 30.000 o 40.000 pesetas requeridas y la información necesaria. Las hay en Madrid, en Salamanca, en Barcelona, en Málaga, en Bil bao... La existencia de estas clínicas privadas, que han venido practicando abortos bajo un régimen de práctica tolerancia oficial, presenta dos aspectos que deben ser tenidos en cuenta. En primer lugar -cómo negarlo-, suponen un importante alivio para las cerca de 70.000 mujeres que, efectuando el pago corres pondiente, abortan cada año en ellas.

Treinta mil o 40.000 pesetas son, sin duda, bastantes pesetas, pero más caro resulta viajar al extranjero, y a veces también más traumático, cuando no im posible. Las clínicas locales pre sentan, por lo demás, similares garantías sanitarias a las ofrecidas por los establecimientos de Londres y Anisterdam.

Cierto que la carade la mone da lleva también su cruz a cuestas: solucionado el problema de esas decenas de miles de mujeres, nuestros gobernantes han podido disimular un tanto la vergúenza de la legislación por ellos fabricada:. 200 abortos realizados en un año, frente a una demanda de muchas decenas de miles. La Administración socialista se ha aprovechado de la existencia de estas clínicas, en efecto, para tratar de ocultar las aparatosas carencias del marco legal y su propia incapacidad para normalizar la situación a través de la red sanitaria del Estado.

La realidad se ha encargado de devolver trágicamente las cosas a su punto y de obligar al palo gubernamental a sujetar su triste vela: una mujer muerta en Rota tras abortar en deplorables condiciones; feministas gallegas y vascas requeridas por los jueces para queden cuenta de los abortos realizados en junio, precisamente para evidenciar la hipocresía oficial; el procesamiento de una mujer en Pamplona; la condena a dos años de cárcel recaída sobre Jaime Carballo, del Equipo Acuario, en Valencia; la autoinculpación de Adela Salce, del mismo colectivo médico valenciano, que se responsabilizó de la práctica de más de 500 abortos; la denuncia de una de las clínicas de Málaga; la denun cia contra una mujer, María A. F., en Alicante, hecha por ciertos responsables del Insalud, acusándola de haberse provoca do un aborto introduciéndose pe rejil en la vagina; el encarcelamiento de dos miembros del Centro Canalejas de Salamanca... Para ser éste un Estado que aseguró haber resuelto hace un año "el problema social del aborto", no está nada mal.

Ahora, el ministro del ramo reconoce que las cosas no son tan maravillosas como ellos las prometieron, y que "tal vez" haya que introducir tales o cuales retoques al tinglado. ¿Qué reto ques? Según todas las trazas, el Gobierno está estudiando la posibilidad de sacar provecho de la existencia de las clínicas privadas que actualmente realizan abortos ilegales y de otras simila res que pudieran crearse para, tras legalizar su situación, deri var la práctica de abortos hacia el campo de la medicina privada, de modo que equipos médicos no objetores se encarguen de aplicar con liberalidad la ley existente y, en particular, el primero de los supuestos en ella previstos: aquel que hace referencia a la salud psíquica de la gestante.

Si esto no fuera stificiente, la. mayoría parlamentaria podría plantearse -es el ministro ef que lo afirma- la aprobación de un cuarto supuesto para la acepta ción legal del aborto: uno que aludiera a la precariedad socio económica de la embarazada.

Una chapuza más

Y no, señor ministro. Ese es un nuevo pasteleo; otra chapuza mas. Tal vez con ella lograrán ustedes no molestar a la todopoderosa casta médica reaccionaria, prepotente en los hospitales y clínicas de la seguridad Social.

Tal vez así se pudieran practicar muchos más abortos legales. Pero las mujeres seguirán sujetas a la decisión de otros en algo que sólo a cada una de ellas compete: decidir si quieren o no ser ma dres. Esa vía convertiría un pro blema de salud pública en algo sújeto,`en buena medida, a las le yes del mercado; a pagar cantidades que muchas mujeres, señor ministro, no tienen.

En fin, el problema social del aborto sería llevado a un nuevo gueto, quizá menos truculento, pero gueto a fin de cuentas, impidiendo que sea el conjunto de la sociedad el que afronte las realidades de cara y las asuma.

Si de veras se pretende resolver los problemas, la solución sólo puede ser una. Hace tiempo que el movimiento feminista la enunció, de modo sencillo y contunden al aborto libre y gratuito, las mujeres decidimos. Sin trucos legulbyos. Sin hipocresías. Sin miedo a poderes fácticos de ningún tipo. Sin nuevos guetos. Sin comercios a su cuenta.

Empar Pineda Imaculada Hernández y Justa Montero son miembros de la Comisión Pro Derecho al Aborto del Movimiento Feminista de Madrid.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 27 de octubre de 1986.

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