La Generalitat presionó al tribunal de cuentas catalán para que ocultara un informe
Las presiones del Gobierno catalán sobre la Sindicatura de Cuentas de Cataluña -equivalente al tribunal de cuentas en la comunidad autónoma- han conseguido que fuera hurtado durante un mes y medio al Parlament el conocimiento del informe de la cuenta general de la Generalitat del año 1984. Esta maniobra ha provocado un enfrentamiento entre Convergencia i Unió y los demás grupos representados en la Cámara legislativa catalana. El pasado viernes, la Sindicatura entregó el informe en el Parlament, a petición de los socialistas, tras un cruce de acusaciones entre CiU y el Grupo Socialista.
La Sindicatura aprobó a finales de julio, por unanimidad, un voluminoso informe sobre la contabilidad de la Generalitat, en el que se vertían críticas al sistema contable y financiero utilizado por el Gobierno catalán; pero, sorprendentemente, acordó al mismo tiempo que al Parlament sólo se enviaría un resumen con las conclusiones, de menos de 45 páginas. Este resumen es lo suficientemente crítico con la gestión del Gobierno catalán como para que la oposición sospeche que en el informe completo (800 folios) hay otros datos de interés.Fuentes socialistas aseguran que la Sindicatura, y en particular su presidente, Joan Josep Perulles, recibieron fuertes presiones del Gobierno autónomo y de su presidente en persona, Jordi Pujol, para atemperar e incluso ocultar las críticas a la gestión financiera de la Generalitat. Pujol, en un reciente debate parlamentario, aseguró que estaba tranquilo porque el propio Perulles le había dicho que del informe no se deducía que hubiera que presentar denuncia o expedientar a nadie, lo cual, según el presidente de la Generalitat, era lo importante.
En el Departamento de Hacienda de la Generalitat se afirma que los síndicos, incluso los designados a propuesta de CiU, habían sido más papistas que el papa, criticando incluso aspectos insignificantes de la gestión financiera del departamento.
Lo más grave fue la utilización por CiU de su mayoría absoluta en el Parlamento para bloquear las exigencias de la oposición, que reclamaba el informe completo. La Mesa de la Cámara (cuatro miembros de CiU y tres de la oposición) tramitó el resumen como si del informe se tratara, y se negó, por mayoría, a exigir a la Sindicatura el documento completo. Éste sólo se ha obtenido porque el vicepresidente segundo del Parlament, el socialista Isidre Molas, se dirigió directamente a la Sindicatura para reclamarlo, acogiéndose al reglamento de la Cámara.
