El Gobiérno puede rectificar

LAS NUEVAS providencias dictadas por la juez Huertas, en relación al sumario por presuntas torturas y malos tratos en la persona de Tomás Linaza, mediante las que se solicita una relación de las personas que se relacionaron con el detenido en las dependencias policiales y otros datos complementarios, pueden ser interpretadas como un intento de devolver la investigación al punto inicial. En ese sentido, constituye una oportunidad para que el Gobierno rectifique el gravísimo error cometido al ordenar, o en todo caso amparar, la desobediencia por parte de los mandos de la Guardia Civil de la orden judicial de comparecencia de 90 agentes a una rueda de identificación.Tomás Linaza, detenido el 14 de mayo de 1981, denunció, tras su puesta en libertad sin cargos, producida ocho días después de su detención, haber sido sometido a torturas y malos tratos. La legislación distingue entre ambos supuestos en función de que el presunto delito haya sido cometido o no en el curso de interrogatorios destinados a obtener información del detenido. Linaza declaró haber sido torturado, pero también haber sido víctima de una paliza -cuyos efectos fueron certificados por el farense en informe oficial- propinada por tres guardias uniformados que acababan de regresar al cuartel tras asistir al funeral por un compañero asesinado por ETA.

Los mandos de la Guardia Civil no abrieron una investigación destinada a identificar a los presuntos autores de las torturas y malos tratos con el fin de presentarlos ante la autoridad judicial, por lo que ésta se vio obligada, a requerimiento de la acusación particular, a tomar diversas iniciativas destinadas a la identificación de los presuntos culpables. Encontrándose todavía el sumario en la jurisdicción militar -es decir, antes de la reforma del Código de Justicia Militar-, los mandos de la Guardia Civil, enviaron al juez, en 1982, una lista de nueve guardias que intervinieron en la detención, interrogatorio y traslado a Madrid de Linaza. Éste reconoció en la rueda de identificación correspondiente a dos de sus presuntos torturadores, pero insistió en que, por una parte, otros guardias no comparecientes habían participado en las torturas, y por otra, que entre los presentados no figuraba ninguno de los tres agentes que le habían dado la paliza.

La petición por parte de lajuez de comparecencia masiva de guardias civiles en ruedas de identificación es consecuencia de un largo proceso en el que, según se deduce de los datos conocidos -por filtraciones del contenido del sumario-, se puso de manifiesto la falta de colaboración de los mandos, que ni investigaron intemamente ni colaboraron con la investigación posteriormente iniciada por la juez por los procedimientos a su alcance. Por ello, el argumento del Gobierno, expresamente asumido por su presidente, de que una tan desmesurada ampliación de las citaciones de guardias civiles resulta "desproporcionada en relación a una denuncia de ese tipo" -haber recibido una paliza- supone, al margen de otras consideraciones que cabría hacer, olvidar que a ese resultado se llegó por efecto de la actitud de no colaboración, e incluso de posible obstrucionismo a la acción de la justicia, por parte de los mandos.

La actitud del Gobierno al respaldar públicamente la no comparecencia de los guardias civiles, renunciando a las posibilidades a su alcance de interponer recurso contra la resolución judicial, implica, en primer lugar, arrogarse atribuciones que no le corresponden; pero supone también responsabilizarse de un posible delito de incitación a la desobediencia policial frente a un mandato judicial. Ello es tan grave que sólo puede explicarse, benevolentemente, como efecto de la ignorancia tanto de los antecedentes que determinaron el desenlace de la citación de los 90 guardias como de las gravísimas consecuencias para el equilibrio entre poderes del Estado que podrían derivarse de su desgraciada iniciativa. La hipótesis alternativa sería la de la debilidad política del Gobierno para hacer frente a eventuales presiones provenientes de sectores del propio aparato estatal, por ejemplo, respecto a la conveniencia de otorgar un fuero especial a los cuerpos policiales encargados de combatir el terrorismo.

La seria advertencia del Consejo General del Poder Judicial, que se vio obligado a recordar al Gobierno "la obligación de todos y cada uno de los ciudadanos y de los poderes públicos de cumplir las resoluciones y mandatos judiciales, sin entrar a considerar su corrección jurídica", debiera haber bastado para que el Ejecutivo tomara conciencia de la gravedad de la situación creada, probablemente el más serio conflicto potencial entre instituciones del Estado planteado en España desde la restauración de la democracia. Sin embargo, un reflejo de autoritarismo, síntoma en realidad de debilidad política, aconsejó al ministro del Interior seguir, en su comparecencia ante la comisión parlamentaria de control del Ejecutivo, la vía del sostenerla y no enmendarla, reafirmando, con debilísima argumentación jurídica y preocupante referencia a la participación del presidente en la adopción de la decisión, el apoyo a ésta.

Los tribunales deberán resolver en su día el alcance de las eventuales responsabilidades jurídicas contraídas por el Gobierno con su actitud, a cuyo efecto la juez Huerta ha abierto ya diligencias. Pero desde ahora cabe afirmar que la responsabilidad política asumida por el Ejecutivo está llamada a pesar como una losa sobre su credibilidad futura, y que Onicamente una rectificación respecto al fondo del asunto podrá restituirle su crédito. La vuelta al punto cero de la investigación judicial que supone en la práctica la iniciativa ahora adoptada por la juez da oportunidad al Gobierno de Felipe González de mostrar su voluntad de enmendar el error cometido.