La división regional, en la sombra del enredo nacionalista

La semana transcurrida entre el 30 de diciembre de 1983 y el 7 de enero de 1984 dio la señal de partida de la crisis del PNV. La Asamblea Nacional del PNV, máximo órgano decisorio del partido, compuesto por algo más de 60 representantes agrupados por un sistema confederal, se reúne el penúltimo día de 1983 para nombrar sus candidatos a las elecciones autonómicas de febrero.El entonces lendakari, Carlos Garaikoetxea, anuncia allí su renuncia a la reelección porque el partido le exige el sometimiento a la disciplina interna en el ejercicio de su cargo. El resultado de la votación fue de 26 contra 23. Un breve debate en aquella misma asamblea fija unos cuantos criterios para la aplicación de la ley de Territorios Históricos (LTH), destinada a regular la distribución de competencias entre el Gobierno vasco y las diputaciones forales (Gobiernos provinciales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya).

Ocho días después de la primera asamblea, el mismo órgano decide por unanimidad revocar su decisión anterior. El PNV obtiene 450.000 votos en las elecciones, el mayor respaldo electoral en la historia del nacionalismo vasco.

El 19 de mayo de 1984, la crisis nacionalista se reabre de un modo drástico. La asamblea nacional decide expulsar a la dirección y a los parlamentarios forales de Navarra y disuelve su organización en la región. Sólo 18 representantes de la asamblea, entre los que están incluidos 14 navarros expulsados, se oponen a la medida. La razón de la sanción es el incumplimiento por parte de los afiliados de Navarra de un pacto entre el dirigente nacionalista Mitxel Unzueta y el aliancista Miguel Herrero de Miñón para la elección de un representante popular como presidente de la comunidad navarra.

Carlos Garaikoetxea, nacido en Navarra y afiliado al PNV en Guipúzcoa, recibe en septiembre de 1984 una nueva mala noticia: la reapertura del enfrentamiento entre las diputaciones y el Gobierno vasco. La interpretación de la LTH -que debía haber sido aprobada en el último trimestre de 1980 y fue finalmente dictada en los últimos meses de 1983, después de fuertes tensiones entre el partido y el Gobierno- se convierte en el campo de batalla.

El Gobierno vasco pretende primar el papel de las instituciones comunes, reservándose competencias exclusivas en materias fundamentales para el desarrollo del País Vasco. Por su parte, las diputaciones defienden el poder regional. La dirección nacional del PNV interviene en el debate exigiendo un cumplimiento de la ley que agrada a las diputaciones. Será un diputado general, el guipuzcoano José Antonio Ardanza, el nominado por el partido como lendakari tras la dimisión de Garaikoetxea en diciembre de 1984.

Ya en esa fase del debate se abre la división regional en el seno del PNV. Los afiliados guipuzcoanos y sectores de Álava respaldan las tesis del Gobierno de Garaikoetxea, mientras en Vizcaya existe un consenso mayor en cuanto a las directrices de los órganos del partido. La fase final del debate, que se ha prolongado dos años, difumina los aspectos ideológicos y políticos para centrarse en los avatares internos de la organización.