Ledesma explica que la incomparecencia de guardias civiles evitó la vulneración de sus derechos fundamentales

El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, explicó ayer, ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados, el respaldo gubernamental a la incomparecencia de 90 guardias civiles ante una juez de Bilbao que investiga presuntas torturas. Ledesma aseguró que el Gobierno no apoyó una desobediencia, sino que trató de suscitar en la autoridad judicial "consideraciones sobre la ilegalidad de su resolución" para evitar la vulneración de derechos fundamentales esenciales de los guardias civiles. Ledesma vinculó la dimisión del fiscal general del Estado, Luis Burón, con el término de la legislatura.

El apoyo gubernamental a la incomparecencia de los guardias civiles fue planteado por varios portavoces de la oposición, tras la extensa intervención inicial del ministro de Justicia. Ledesma expuso el programa de su departamento para la actual legislatura, ampliando a toda ella el plazo legal de un año previsto para el desarrollo de la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ), así como otros compromisos que ya figuraban en el programa electoral socialista de 1982.El "calendario razonable" diseñado por Ledesma incluye para 1987 una ley de bases y las leyes de planta y demarcación [de juzgados], y para 1988 y 1989 la implantación de estas leyes y del nuevo sistema procesal, todo ello previo a la ley del Jurado, que "va a ser introducido en esta legislatura", señaló el ministro.

En la contestación a los grupos parlamentarios, algunos de cuyos portavoces -como Juan María Bandrés, de Euskadiko Ezkerra, y Joseba Zubia, del PNV- dudaban todavía que Ledesma hubiera respaldado la orden de incomparecencia de los guardias civiles, el ministro de Justicia midió, las palabras: "Cuando el ministro del Interior afirmaba ayer [por anteayer] que había consultado al ministro de Justicia, decía rigurosamente la verdad". [Observadores cualificados han hecho notar que Ledesma fue cuidadoso en no confirmar que la consulta se realizara "antes" de que la decisión fuera adoptada y añaden que los argumentos jurídicos aportados ayer por el ministro de Justicia. no figuran en el escrito dirigido a la juez de Bilbao el 28 de agosto].

En todo caso, Ledesma aseguró que el Gobierno no pretendió "la resistencia definitiva, a una decisión judicial, que no era firme, sino suscitar la consideración sobre las razones de ilegalidad de la resolución de la juez Huertas". El ministro de Justicia hizo una exposición jurídica muy elaborada, que apoyó en su "ética democrática" y en jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Constitucional.

En resumen, señaló que no existe delito de desobediencia cuando el mandato que se incumple se opone manifiestamente a un precepto legal; que el denunciante de torturas no había ofrecido las mínimas características sobre los presuntos torturadores, a excepción del uniforme, y que el sometimiento a una prueba, judicial no reviste carácter absoluto, si se violentan derechos fundamentales esenciales, como los de los guardias civiles a la vida, la integridad física y la defensa.

Ledesma informó que, con fecha 15 de septiembre de 1986, el fiscal de Bilbao -que no pudo recurrir la providencia de citación por no haberle sido notificada-, ha pedido formalmente a la juez Huertas que reconsidere la conveniencia del reconocimiento en rueda de los guardias civiles, dada su posible ilegalidad.

El ministro de Justicia expresó su esperanza en que se produzca "un final ajustado a derecho", que tenga en cuenta el reconocimiento por jueces y magistrados del imperio de la ley, así como la necesaria colaboración con jueces y tribunales en el curso del proceso. Y agregó que esta actitud la adoptaba "tanto desde la legalidad" como desde sus "responsabilidades políticas".

Dimisión de Burón

Menos explícito fue Ledesma en lo que se refiere a la dimisión del fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón, sobre la que también pidieron explicaciones vanos grupos parlamentarios, si bien ninguno de ellos vinculó este hecho con las discrepancias con el Gobierno sobre la petición de procesamiento de Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, en el caso Banca Catalana. El ministro de Justicia aseguró que, tras las elecciones y constituido él nuevo Gobierno, Burón "puso el cargo a disposición del Gobierno, como ocurre en numerosos países democráticos", si bien pidió que se demorase su dimisión hasta el acto de apertura de los tribunales.

Precisamente en ese acto solemne ante el Rey, Burón presentó la Memoria del año judicial 1985, en cuya introducción se afirmaba, entre otras cuestiones, que "el Gobierno no puede ni debe sentirse atado al mantenimiento en un cargo de alguien que debe contribuir a la ejecución de una parte de las directrices de política interior en cuanto advierta divergencias insalvables en el modo de desarrollar esas direcxtrices". Ledesma realtó ayer que en el mismo lugar de la Memoria se señala lo siguiente: "El Ministerio Fiscal continuó desarrollando su misión constitucional sin cortapisas ni intromisiones de ninguna clase":

El propio Burón -que ayer no pudo ser localizado-, al confirmar a la Prensa su dirrúsión el pasado 12 de septiembre, la relacionó con el término de la legislatura. Ni Burán ni Ledesma citaron el precepto legal que prevé esta dimisión. Fuentes jurídicas señalaron que en caso de que este precepto existiera "hablaría de cese, pero nunca de dimisión, que es una decisión no ajustada a plazos y que suele tomarse voluntariamente".