La Administración ha localizado ya a 400 médicos que no hicieron declaración de incompatibilidades

Cuatrocientos médicos de la sanidad pública de 10 provincias no presentaron ningún tipo de declaración de incompatibilidad, a pesar de que estaban obligados a ello. La Administración ha comunicado ya a 2.150 médicos que no hicieron la declaración su destitución del puesto o los puestos que ocupaban violando la ley, les ha asignado un puesto y exigido que devuelvan el dinero percibido desde el pasado mes de enero por esos puestos. Los otros 150 recibirán próximamente la carta de la Administración. La aplicación de la ley de incompatibilidades al sector sanitario se ha retrasado más tiempo del previsto en principio, debido a la "actitud de oposición a la misma que mantienen algunos facultativos", según fuentes de la Administración.

Los responsables del ministerio de las Administraciones Públicas consideran prioritaria la localización de los médicos que no hicieron declaración de incompatibilidades. Una vez se apliquen las sanciones y se despoje a los no declarantes de los puestos que ocupan ilegalmente, la Administración quiere poner en funcionamiento la ley que afecta a 20.000 médicos que han declarado tener algún puesto incompatible. De estos, 13.000 mantienen una actividad pública y otra privada, y 7.000 tienen dos o más actividades públicas, con o sin actividad privada.Fuentes oficiales han afirmado que el retraso en la aplicación de las incompatibilidades médicas tiene su origen en la actitud de algunos médicos de no declarar, siguiendo consejos de anteriores responsables de las corporaciones médicas.

"Dada la declaración inicial de boicoteo a las incompatibilidades", afirman las mismas fuentes, "hemos tenido que hacer una operación previa de control de los que no han declarado mediante el cruce informático de las nóminas de todos los médicos en el sector sanitario público (Instituto Nacional de la Salud, comunidades autónomas y ayuntamientos). Esta operación nos ha llevado tres meses.

Fuentes médicas del sector de la sanidad pública han señalado también como causas del retraso en la aplicación de esta ley la estructura "prácticamente incontrolada de la sanidad pública, que durante muchos años ha servido de plataforma para hacer pasar enfermos del sector público al sector privado". "Dado que la mayor parte de los médicos españoles tiene por lo menos un puesto de trabajo en la medicina pública", añaden las mismas fuentes, "las sustituciones deberán hacerse de tal manera que las vacantes no causen perjuicios graves a los usuarios de los servicios de la sanidad pública".

El pasado mes de mayo, la Administración comenzó a dictar resoluciones a los médicos que no habían declarado en 10 provincias que no tienen todavía terminadas las transferencias en materia de sanidad o que mantienen centros dependientes del Insalud. El 90% de éstos era de Madrid.

Dado que los médicos no habían optado por ninguno de sus puestos de trabajo, la Administración ejerció la opción que le confiere la ley y los declaró excedentes en los puestos incompatibles. Es decir, estos médicos ocuparán un solo puesto de trabajo (o dos, en algunos casos de docencia) en la sanidad pública.

Varios puestos

Algunos de estos casos resueltos por la Administración se referían a médicos que ocupaban hasta cinco puestos de trabajo en la sanidad pública y cobraban por ello hasta casi un millón de pesetas al mes.Según fuentes de la Administración, otro de los casos significat¡vos que entran en el apartado de no declarantes es el de un médico, Jorge Sanjurjo, que ha recibido muestras de solidaridad por parte de presos del hospital penitenciario de Carabanchel, donde prestaba servicios además de en el hospital de la Cruz Roja, el Ayuntamiento de Madrid y un ambulatorio del Insalud.

Dicho facultativo no declaró incompatibilidad, a pesar de que tenía cuatro puestos en la sanidad pública, en los que teóricamente trabajaba durante 90 horas semanales y por los que percibía 600.000 pesetas al mes.

Algunos de los médicos sancionados por la Administración por no haber declarado, y las propias corporaciones médicas, han recurrido ante los tribunales contra estas medidas, pero los jueces han dado la razón hasta ahora a la Administración y han dado por válida la aplicación a los médicos de la ley de incompatibilidades.

La segunda fase de la aplicación de la ley, a los médicos se ¡niciará con la resolución de los casos de los 20.000 médicos que han declarado, comenzando por los médicos que más puestos públicos tienen o que tengan incompatibilidades horarias, para terminar con los que tienen dos puestos públicos con o sin actividad privada.