Japón y la 'guerra de las galaxias'

EL GOBIERNO japonés ha decidido entablar negociaciones con la Administración norteamericana para concluir un acuerdo sobre la participación de empresas niponas en la iniciativa de defensa estratégica (SDI), que se ha hecho popular con el término de guerra de las galaxias. Es una decisión de indudable importancia, ya que con ella EE UU ha logrado, después de un período bastante largo de presiones sobre sus aliados y amigos, que cuatro países con un potencial científico y tecnológico de primera fila (Reino Unido, República Federal Alemana, Israel y ahora Japón) se incorporen, en un plano gubernamental, al ambicioso proyecto SDI, cuyo objetivo -proclamado por Reagan en 1983- es crear un escudo en el espacio capaz de destruir los misiles nucleares antes de que alcancen sus objetivos. Conviene, sin embargo, distinguir en esta cuestión el aspecto estratégico-político del científico-económico.En el primero, las dudas que surgieron desde el principio sobre la viabilidad de la guerra de las galaxias se refuerzan; en una reciente encuesta, el 67% de los físicos interrogados no cree que esa defensa espacial pueda garantizar la seguridad de EE UU. La oposición política es muy amplia, incluso en círculos de la Administración; uno de los puntos en que el Congreso ha recortado el presupuesto presentado por Reagan es en el de la SDI. Esta, por otra parte, se ha convertido en el principal obstáculo para un acuerdo con la URSS sobre control de armamentos. Dentro de la OTAN, varios Gobiernos consideran que la SDI, sin ofrecer una garantía seria de defensa para el futuro, se convierte ya hoy en un grave factor de desestabilización. Mitterrand ha argumentado esta tesis con particular insistencia; y al lado de Francia, Dinamarca, Grecia, Holanda y Noruega, no ha aceptado la propuesta de EE UU de firmar acuerdos de gobierno sobre la participación de empresas de sus países en la SDI. España no ha fijado aún su posición; pero la eventualidad de firinar ahora un acuerdo debería ser meditada con detertimiento. Aparte de que el interés de EE UU en nuestro caso es escaso, nos colocaría inútilmente, dentro de la OTAN, en el círculo de los países más vinculados a la estrategia de EE UU. Estrategia que en este caso, con la participación de Israel y Japón, tiene implicaciones en Asia y en Oriente Próximo que desbordan el marco de la OTAN y dañarían nuestras capacidades diplomáticas.

En el aspecto científico-económico, el proyecto SDI, con su presupuesto de 26.000 millones de dólares (casi 3 billones y medio de pesetas), representa un impulso a la investigación de unas proporciones gigantescas. Participar en tal operación puede tener un interés enorme para empresas y centros científicos. En la fase actual, EE UU está poniendo en primer plano, en sus relaciones con otros países, el valor de la vertiente investigadora; pero no se puede olvidar que el objetivo del proyecto es básicamente militar, que su director es un general, James A. Abrahamson, que todas las llaves de esa ingente empresa están en manos del Pentágono. Ello tiene unas consecuencias que limitan a todas luces las ventajas que, para las enipresas e institutos europeos, pueden derivarse de la participación en el proyecto SDI.

Esta participación puede hacerse de dos formas: la firma de acuerdos entre Gobiernos -como en los casos citados más arriba-, que definen las condiciones en que toman parte en el proyecto SDI empresas del país dado; o mediante contratos establecidos directamente por empresas con la Administración norteamericana, en cuyo caso, obviamente, los Gobiernos nada tienen que decir. Estados Unidos ha hecho los mayores esfuerzos por lograr acuerdos a nivel de Gobierno, por obvias razones políticas, y más aún tratándose de países con altos niveles de desarrollo tecnológico. En el caso del Reino Unido y de Israel, el texto de los acuerdos se mantiene secreto; pero en el de la RFA, algunas cláusulas esenciales han sido reveladas en la Prensa, causando sorpresa y decepción en el mundo empresarial. Estados Unidos se reserva el monopolio sobre la publicación y utilización comercial de los avances que se logren en campos secretos; pero como ellos determinan también lo que es secreto, su monopolio es total. A la luz de ese antecedente, al Gobierno japonés le será preciso establecer condiciones distintas para las empresas niponas. La negociación entre Japón y EE UU no será fácil; algunas de las empresas japonesas que disponen, en terrenos decisivos para la SDI, de tecnologías de vanguardia desconocidas en EE UU ya han dado a entender que no están dispuestas a facilitar informaciones que acabarían ayudando a empresas norteamericanas competidoras. Por otro lado, la Prensa de EE UU ha reflejado la escasa disposición del Pentágono a facilitar que empresas japonesas trabajen con datos secretos. La satisfacción de Washington por el éxito político que supone la decisión del Gobierno japonés de integrarse en la SDI se mezcla con bastante escepticismo sobre el alcance que pueda tener esa decisión en el plano tecnológico y económico.