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Los países del sur de Europa bloquean el presupuesto de la CE

Los ministros de Hacienda de los doce iniciaron ayer por la mañana una maratoniana sesión negociadora, que se prolongó hasta la noche sin que lograran acercarse las posturas de los participantes, para intentar alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto comunitario para 1987, una tarea que la devaluación del dólar y la reciente adhesión de dos nuevos países del sur de Europa a la Comunidad Europea (CE) ha complicado aún más.El ingreso de la península Ibérica en la CE ha tenido cómo consecuencia que los Estados miembros del norte no puedan ya imponer su "ley presupuestaria", que favorece al gasto agrícola, frente a los países mediterráneos, deseosos en cambio de privilegiar los llamados fondos estructurales. Estos fondos se dirigen a atenuar las diferencias entre ricos y pobres de la Comunidad.

A este situación de mutuo bloqueo entre meridionales y septentrionales, se añade la caída de la cotización de numerosos productos agrícolas en los mercados internacionales. Esta caída se ha visto agravada por el retroceso del dólar, que obliga a incrementar las subvenciones para poder exportar cereales o carne y provoca el consiguiente aumento de la partida presupuestaria correspondiente.

Por estos motivos, el Consejo de Ministros de Hacienda concluyó sus reuniones a finales de julio sin lograr, por primera Vez en su historia, un compromiso sobre el próximo presupuesto, que debe someterse obligatoriamente al Parlamento Europeo antes del 5 de octubre. Peter Brooke, presidente del Consejo y secretario adjunto del Tesoro británico, señaló entonces que el acuerdo sería aún más difícil de conseguir a finales de verano, ya que, mientras tanto, el dólar habría retrocedido en relación a las monedas europeas.

Posturas inalterables

Durante el debate de ayer, en algunos momentos del cual los titulares de Hacienda discutieron a solas y sin sus consejeros, los países ricos del norte y los pobres del sur mantuvieron las mismas posiciones inalterables de hace mes y medio, a pesar de los esfuerzos de la presidencia británica por intentar disociar a algunos Estados mediterráneos del grupo meridional y romper así la minoría de bloqueo.La última propuesta mediadora que el británico Peter Brooke tenía la intención de elaborar estaba justamente dirigida a los dos nuevos miembros de la CE, a los que pretendía seducir con una declaración en la que el Consejo se comprometiese formalmente a respetar sus compromisos financieros para 1987 con Madrid y Lisboa, algo escépticas ante las promesas de la CE. La delegación española estaba encabezada por el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell.

Pero hasta primera hora de la madrugada se mantenía inquebrantable el bloque España-Italia-Grecia, a veces respaldado por Irlanda y Portugal, cuyas delegaciones celebraban reuniones tripartitas para coordinar su estrategia. negociadora y solicitaban a Brooke una reunión conjunta con él.

El punto de partida del debate es el proyecto de presupuesto presentado por la Comisión Europea., que supone un incremento del 4,5 % con relación a 1986 y asciende a 36.754 millones de unidades de cuenta europea (ECU), algo mas de cinco billones de pesetas. El proyecto, prevé limitar el aumento del gasto a un 3,8% -el 62% del presupuesto de la CE- e increinentar las otras partidas en un 13,6%, un porcentaje que rebasa en mas de cinco puntos el "techo autorizado" por los responsables de Hacienda. Los fondos estructurales (social y regional) resultaban, sin embargo, perjudicados porque sólo subían en un 2,2% y 5,1%, respectívamente.

Antes de empezar su interminable discusión sobre las necesidades financieras para 1987, los titulares de Hacienda tuvieron que examinar un primer problema sobre el año en curso: la aparición de un agujero en la recaudación. Los derechos de aduana percibidos han experimentado un bajón, provocado por la disminución del valor de las importaciones a causa de la devaluación del dólar.

En una carta rectificativa el órgano ejecutivo de la Comunidad estima el agujero en unos 776 millones de ECU (106.000 millones de pesetas). La mayoría de las delegaciones se pronunciaron por aplazar cualquier decisión sobre: como "colmar" este inesperado déficit hasta que a finales de año pueda ser evaluado con precisión.

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