Los mensajes de los precios

EN LOS 12 últimos meses, el índice de precios al consumo (IPC) ha subido el 9,4%. Para cumplir el objetivo gubernamental de terminar este año en el 8%, la tasa oficial de inflación tendrá que ser reducida a un ritmo de 0,3 puntos por mes en lo que queda de 1986, porque la tasa acumulada durante los siete primeros meses del año ha sido del 6,2%.Los partidos, a la derecha y a la izquierda del PSOE, han lanzado el mensaje de que no será posible ese 8%, y deducen de ello que ha fracasado la política económica del Ejecutivo socialista. Los sindicatos han apuntado más lejos al coincidir en que la subida de los precios dificulta la concertación para 1987. La UGT ha dicho que el 4% de inflación prevista para el próximo año es un objetivo "poco realista". CC OO lo ha tachado de imposible. Pero el Gobierno ha reafirmado, impasible, sus objetivos; por si quedaran dudas, ha dicho que no ha podido hacer nada para evitar la fuerte subida de los precios en julio y que tampoco tomará medida alguna para paliarla.

La polémica que la subida del 1% en el IPC de julio ha abierto no podía ser más oportuna. La cifra mensual de inflación ha coincidido con el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones, una reunión dedicada, precisamente, a perfilar el principal instrumento de la política económica para el próximo año: los Presupuestos Generales del Estado. Los aumentos de salarios y pensiones que aparezcan definitivamente en estos presupuestos, siempre indicativos para la negociación colectiva privada, así como otros objetivos macroeconómicos en que se enmarquen revelarán si el Gobierno mantiene la política anunciada o se verá obligado a modificarla.

En este sentido, hay una referencia obligada que puede hacer reflexionar al Ejecutivo un mes antes de que los Presupuestos lleguen al Parlamento. La actual tasa de inflación española es casi siete puntos mayor que la de los principales países occidentales, algunos de los cuales han tenido deflación en el segundo trimestre de 1986 como consecuencia de diversos impactos positivos: baja del petróleo, caída del dólar, persistente abaratamiento de las materias primas importadas, y en algunos de ellos (Francia y República Federal de Alemania), reducción de impuestos sobre la renta.

Algo falla en la política económica para que España siga el camino inverso y tenga diferenciales de inflación del calibre de los existentes en 1982. Ese diferencial era sólo de 3,1 puntos en diciembre pasado con los países de la CE, y del 3,5, con los de la OCDE. Si el impacto del IVA ha sido de 2 puntos, como reiteradamente ha dicho el Gobierno, queda por explicar el origen de otros 2 puntos. Al fin y al cabo, el objetivo del 8% de inflación para este año fue trazado para encajar esos 2 puntos de IVA, antes de que bajara el dólar y el petróleo. Por ello, lo mismo da que ese exceso haya venido del IVA o de la decisión gubernamental de paliar el déficit público compartiendo con los consumidores sólo una pequeña parte -entre un tercio y un cuarto- de los beneficios de la baja del petróleo y del dólar. Los Gobiernos europeos redujeron el déficit público el pasado año, mientras que el español lo aumentó, y todo parece indicar que la reciente contención tiene mucho de aparente.

Sin embargo, los portavoces del Ejecutivo han preferido echar balones fuera. En su tajante defensa de la política económica oficial han dicho que nada tiene que ver con ésta la subida del 0,9% del IPC en junio, ni la del 1% en julio. Argumentan que no se ha disparado la inflación, sino los precios de la alimentación, y en concreto los de frutas, verduras y patatas. Efectivamente, la tasa anual de aumento de los productos no alimenticios está en el 7,8%, contra un 12% de la alcanzada por aquéllos. Dicen que no ha fallado la política monetaria, ni la salarial, ni la macroeconómica, porque una vez que se desacelere después del verano la carestía de los alimentos -como ha ocurrido otros años- estaremos en la senda del 8%. Pero deberían aclarar si ese 8% de objetivo marcado hace un año no podría estar ya en el 7%, o incluso en el 6%, como consecuencia de la bajada del dólar y del petróleo, si el déficit público, la masa monetaria y los salarios hubieran evolucionado como en el resto de los países del entorno. Es un hecho que la cantidad de dinero en circulación estuvo desbordada hasta el mes de junio, debido en gran parte a las necesidades financieras del sector público. También lo es que el crecimiento nominal de los salarios -los públicos por las derivas y los privados por los deslizamientos y por una batalla sindical espoleada por el creciente descrédito en los objetivos de inflación prevista- andan por encima de lo que deseaba el Gobierno al diseñar el cuadro macroeconómico para 1986.

Si España pretende integrarse con éxito en la Comunidad Europea, a la que ya dirige el 61% de las exportaciones y de la que recibe casi la mitad de las importaciones, tendrá que seguir los pasos de los principales países de la zona o prepararse para el fracaso. Cierto que el 6,2% de aumento de precios en los siete primeros meses, cifra que contrasta con el 1,4% o 1,5% estimado para el mismo período en los diez -sin España y Portugal-, no afecta directamente, al menos por el momento, a la competitividad de los productos españoles; la inflación subyacente -la marcada por los productos no alimenticios y la que influye en los precios de las exportaciones- es varios puntos menor. Pero resulta alarmante que el castigo impuesto a los bolsillos de los consumidores dificulte la concertación social del próximo ejercicio, como vaticinan los sindicatos. Nuevas alzas de salarios nominales sí encarecerían los productos españoles, y, además, con un nuevo castigo para el nivel de empleo y, probablemente, sin que ello se tradujera en una ventaja de los salarios reales, siempre mermados por la inflación.

En este sentido, resulta tan patética como inadmisible la afirmación de que el Gobierno no podía hacer nada contra el alza de los precios de las frutas, verduras y patatas, ni tomará medida alguna para corregirla. Sólo el Ejecutivo tiene los instrumentos y la responsabilidad de evitar que por un incidente así los salarios pierdan poder adquisitivo y el consumo privado no se recupere lo necesario para garantizar que la economía crezca este año un 3%, pues es sabido que en 1986 -con la entrada en la CE- las exportaciones crecerán menos que las importaciones y no contribuirán al aumento del producto interior bruto (PIB).