La justicia civil argentina agiliza el proceso contra el 'carnicero de Buenos Aires'

La Cámara Federal, el máximo tribunal civil de la justicia argentina, decidió no procesar al general Ramón Camps, ex jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1978, en 30 de las 250 causas que el fiscal incluyó en su acusación. La medida afecta además al general Ovidio Richeri, sucesor de Camps en el cargo, y a cuatro altos jefes de la represión. Con esta decisión, el tribunal elimina todas las acusaciones que pueden provocar demoras en el juicio público contra el carnicero de Buenos Aires, que se inicia el 22 de septiembre.

La Cámara Federal desea dictar sentencia antes de fin de año en las causas contra los generales Camps y Luciano Benjamin Menéndez, los dos máximos jefes en prisión preventiva que son reconocidos como líderes por los sectores ultras de las Fuerzas Armadas.El fiscal Julio Cesar Strassera eligió sólo 250 casos, entre miles de denuncias, para probar las graves violaciones a los derechos humanos de que se acusa a Camps, Richeri y otros jefes de la policía durante la dictadura. De cada uno de ellos va a presentar testimonios y documentación suficientes para demostrar la responsabilidad directa de los acusados en secuestros, desapariciones masivas, torturas y asesinatos durante la dictadura militar.

Por otra parte, se ha comprobado también el funcionamiento de numerosos campos de concentración que estaban a cargo de la policía de la provincia de Buenos Aires, que entonces actuaba bajo la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, con sede en la capital federal. Camps y Richeri serán acusados además de falsificación de identidad, al igual que el médico Jorge Antonio Berges, en los casos de niños nacidos en cautiverio que fueron entregados a familias de altos oficiales.

El general Camps, que continúa internado en el hospital militar central de Buenos Aires, donde se le trata de un cáncer, no ha designado abogado defensor y se negó a amplias la declaración que presentó ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas cuando el tribunal civil se presentó en el hospital para interrogarle. De forma pública, Camps desconoció siempre la autoridad de la Cámara Federal para juzgarle por hechos que él considera del "ámbito militar". En artículos periodísticos escritos desde su lecho de enfermo y publicados por el conservador diario La Prensa, el más antiguo del país, el carnicero de Buenos Aires asegura que "es inadmisible la intromisión de la justicia civil para juzgar acciones de la victoriosa guerra que las Fuerzas Armadas libraron contra la subversión".

El Gobierno pretende, por su parte, que el juicio sea lo más rápido posible porque, una vez solucionados los casos Camps y Menéndez, se podrá afrontar la cuestión de la amnistía para los responsables menores de la guerra sucia.

El Ejecutivo argentino pretende así quedar con las manos libres para concluir, durante el próximo año, el difícil debate sobre la ley de la Defensa, que pretende recortar el poder militar. Los sectores castrenses más conservadores no están de acuerdo con el actual texto de la ley, que se está analizando en el Senado. Así, el actual jefe de la Marina, el vicealmirante Ramón Arosa, ha planteado la revisión de 19 de los 37 artículos del proyecto de ley, con el fin de permitir una mayor participación militar en caso de "amenaza ideológica interna".