Los escombros del terrorismo

El Ministerio del Interior no tiene previsto ningún tipo de indemnización por los daños materiales ocasionados por atentados terroristas manifestaciones multitudinarias o cualquier otro tipo de actos de carácter político y social, que durante el año pasado ocasionaron en España daños por valor de 879 millones de pesetas. Es un organismo autónomo vinculado al Ministerio de Economía y Hacienda, el Consorcio de Compensación de Seguros, el que se encarga de pagar este tipo de desastres, pero circunscribe sus indemnizaciones a los bienes asegurados por daños. El último gran atentado, en la madrileña plaza de la República Dominicana, costará al consorcio unos 51 millones de pesetas. Mientras se realizan las gestiones administrativas, 50 familias afectadas arreglan los tabiques y ventanas de sus casas reventados por los 50 kilos de Goma 2 y 100 kilos de metralla que mataron a 12 guardias civiles.

El Ministerio del Interior sólo prevé indemnizaciones en caso de muerte, amputación o inutilidad provocada por atentados terroristas. A pesar de la creencia extendida de que es este ministerio el que paga los daños materiales que provoca el terrorismo, es el Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, el que se encarga de pagar los bienes asegurados que hayan sufrido algún tipo de desperfecto.Casi 900 millones de pesetas se gastó este consorcio de seguros, que obtiene sus fondos de primas que le abonan todas la compañías aseguradoras españolas, en restituir coches incendiados, reponer lunas de escaparates, y arreglar destrozos en viviendas e inmuebles. El consorcio ha cubierto destrozos provocados en Cataluña por Terra Lliure, los derivados de acciones de los GRAPO o ETA y los daños producidos, por incendios provocados con algún motivo político.

El riesgo que cubre esta superaseguradora, que funciona desde 1954, incluye también a los camiones españoles que esporádicamente son incendiados por agricultores franceses y los escaparates destrozados por manifestaciones violentas.

El consorcio, según indican los responsables del mismo, utiliza los cauces que considera convenientes para averiguar si los móviles del siniestro han sido auténticamente políticos. Para ello contrata investigaciones privadas, pide informes a cualquier dependencia estatal e incluso estudia los artículos periodísticos que se refieran al asunto.

Los fondos del consorcio proceden del dinero que los asegurados pagan como prima fija en sus respectivos contratos con las diversas compañías privadas de seguros.

La exigencia de que el bien destrozado disponga de seguro es tajante. Si un coche está asegurado a terceros, la compañía no tiene obligación de indemnizar al propietario por los destrozos causados. Sin embargo, cualquier bien asegurado por daños está cubierto de estos riesgos con cargo al consorcio.

Los últimos afectados por un atentado son los vecinos de la madrileña plaza de la República Dominicana. Los afectados tendrán que esperar normalmente de dos a tres meses para que les paguen los gastos de los destrozos materiales provocados por los 50 kilos de Goma 2 que acabaron con la vida de 12 guardias civiles. Los primeros días tras el atentado en la plaza de la República Dominicana, flores, estampas y coronas rendía homenaje a los muertos entre grupos de gente que gritaban pidiendo justicia. Ahora, varias semanas después, lo único inusual en el aspecto de la plaza madrileña son los llamativos destrozos de la fachada de un edificio, apenas cubiertos por un sinfín de pancartas en las que se exige al Estado que cubra los daños derivados de la explosión.

Denuncias

Los vecinos ya han presentado varias denuncias en el Ministerio del Interior ("porque nos dijeron que era lo que teníamos que hacer", explica un vecino), aunque en este departaniento no existe presupuesto alguno para daños materiales y sólo concede indemnizaciones por muerte, amputación o inutilidad.

La evaluación de los daños provocados por el atentado se realizó además con mucho retraso. Los miembros de Protección Civil tardaron una semana en personarse en la plaza de la República: Dominicana. Esta falta de diligencia ha provocado protestas de los vecinos, que se sienten molestos porque "nadie, a excepción de los bomberos, se preocupó por nosotros". A los tres días del bombazo todo el vecindario se reunió en el patio interior de los edificios. Allí, entre todos, decidieron colocar varias pancartas para llamar la atención sobre sus problemas. "Dentro está peor", explica una vecina a quienes observan la fachada, desde el umbral de una ventana deshecha. Un local comercial del bajo ole este edificio protesta con una frase elocuente escrita sobre una sábana: "No podremos volver a abrir, ¿es éste el buen camino?". La Administración no prevé ningún tipo de ayuda para aquellos bienes materiales que no estén asegurados.

Enendina Carrera, la viuda del quinto, vive de alquiler y sólo cobra 19.000 pesetas de pensión, además del sueldo de uno de sus dos hijos, que "se arregla con trabajos temporales". El otro está en el paro. Enendina, de 62 años, y sus hijos han vivido 15 días en un domicilio sin ventanas y sin puerta. La explosión reventó el marco de la entrada de la casa y volcó la puerta. Los cristales rotos ya se han repuesto, pero los tabiques destrozados por la explosión no se los arregla nadie. Todas las superficies de la casa de la viuda están plagadas de objetos amontonados (libros, figuras, muebles) cubiertos con plásticos y telás. En el pasillo, una cisterna rota está arrinconada. "Es para demostrar que efectivamente está rota", dice sonriendo.

Cristina Peciña, esposa de un practicante, ha adelantado el dinero del cambio de su puerta blindada y de todos los cristales de la casa. Su hija, que se casaba el día del atentado, soluciona mientras tanto el papeleo para intentar que le paguen algo por su viejo automóvil -un Seat 133-, que estaba aparcado en las cercanías del coche bomba y resultó destrozado. El dinero para arreglar los desperfectos del domicilio, unas 250.000 pesetas, lo han sacado de los ahorros y esperan que se lo repongan. Ninguna de las personas que viven en este edificio en régimen de alquiler tenía la vivienda asegurada, aunque los propietarios tenían un seguro de comunidad que les permitirá restaurar los desperfectos.

Retrasos

"Yo soy la más perjudicada", asegura Carmen, de 72 años, que ha pedido prestado a un familiar medio millón de pesetas para arreglar su casa. Carmen se pone a llorar cuando recoge las trizas de un jarrón "de 300 años" que heredó de su bisabuela.

La permanente imagen del atentado, que vio a través de su ventana y no puede olvidar, mezclado con todos sus recuerdos de familia hechos trizas por la explosión, hace que esta mujer se pase el día llorando mientras recorre su casa entre albañiles que intentan recomponer los destrozos, muebles agolpados y escombros. La señora explica que está enferma desde que vio "a todos aquellos chicos destrozados".

Nada queda del antiguo quiosco de la plaza; en su lugar, el dueño y sus hijos han instalado uno nuevo que les ha costado dos millones de pesetas.

Un atentado anterior, en pleno barrio de Salamanca, afectó seriamente a la clínica Nuestra Señora del Rosario. Las pérdidas han sido evaluadas en 40 millones de pesetas por fuentes del citado hospital. La comunidad de monjas de este centro todavía no ha cobrado; los trámites burocráticos retrasan las indemnizaciones hasta unos tres meses después del siniestro.